Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, indica que en el diálogo social, asistido por una misión técnica de la OIT, afloró el compromiso de que el contacto entre Estado, trabajadores y empleadores sea permanente. A pesar de que en los últimos dos años la relación del Gobierno con los privados es más estrecha, aún tienen desafíos como alcanzar la seguridad jurídica o la recuperación del crédito financiero, de esto último dependerá el crecimiento del sector este año.
Caracas. En los últimos dos años es más visible el puente que ha trazado el sector privado y el gobierno de Nicolás Maduro para atender algunos de los problemas que dejó la crisis económica, que en siete años contrajo el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación en 80 %. Pero el camino para llegar allí aún se construye, pues en el pasado estuvo marcado por la hostilidad.
Una muestra de ese acercamiento fue la asistencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la instalación de la 77° Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) el 20 de julio de 2021.
Para creer en el diálogo, los actores de la sociedad civil reclaman acciones y un primer paso fue la instalación del foro de diálogo social del 25 al 28 de abril en Caracas, donde se sentaron trabajadores, empleadores y el Estado, asistidos por una misión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para llegar al diálogo social hubo antes un largo proceso, que arrancó con una queja de Fedecámaras en junio de 2015 ante el incumplimiento de Venezuela con varios de los convenios que ratificó al ser miembro de la OIT. Los tres convenios que elevó el gremio empresarial fueron: el 26 sobre la fijación de los salarios mínimos, el 87 relacionado a la libertad sindical y protección del derecho de asociación y el 144 sobre la consulta tripartita en Venezuela.
Carlos Fernández, quien es presidente de Fedecámaras desde el 22 de julio de 2021 y culminará su periodo en 2023, conversó con Crónica.Uno desde su oficina en Caracas sobre temas como el diálogo social, los altos índices de burocracia en el país, la seguridad jurídica o las perspectivas de crecimiento del sector para este año.
¿Cómo funcionarán las mesas de trabajo luego de la instalación del foro de diálogo social asistido por la OIT?
—Son muchas mesas por diferentes temas. En el diálogo social se tocaron fundamentalmente tres convenios en donde Fedecámaras había presentado quejas ante la OIT, este foro se circunscribe a esos convenios. Según la naturaleza del tema tiene espacios distintos. Un convenio, que es el del salario mínimo, ahí se estableció un mecanismo de consulta permanente recordando siempre que el salario mínimo lo fija el Ejecutivo y consulta a las fuerzas de las producciones: a los trabajadores y las empresas y se estableció un mecanismo de consulta, digamos, mucho más frecuente y bien integrado para reanudar de esa manera la consulta tripartita.
Las mesas de trabajo dependen del convenio concernido, hay algunas que van a ser bimestrales, otras mensuales, otras trimestrales y otras en función de la dinámica que surja. El espíritu que se respiró, el compromiso que se quedó es que el contacto, la conversación, el diálogo es permanente.
Hay otros convenios de libertad sindical que tendrán algunas reuniones periódicas. Se estableció una determinada periodicidad de reuniones para hacer seguimiento de esos temas y se asignaron algunos responsables para atenderlos. El foro de diálogo social tiene otro tipo de reuniones, otra frecuencia y otros responsables. Básicamente, las reuniones serán entre los actores venezolanos y aunque queda permanentemente fijada con el concurso, la guiatura de la OIT, solo se llamará cuando pensemos que sea necesario, por ejemplo, que no se avance en los consensos. También quedó el acuerdo de levantar minutas sobre cada una de las reuniones para poder darle seguimiento.
¿Qué tareas tiene el sector privado que cumplir hasta el próximo encuentro con la OIT en septiembre?
—Tenemos muchas tareas, este fue un compromiso de todos. Durante el diálogo sucedieron discusiones muy duras, todo el mundo tenía posiciones muy firmes, pero básicamente las discusiones fueron con respeto y con el objeto de llegar a puntos de encuentro. Nosotros tenemos, por supuesto, muchísimas cosas que presentar, las centrales sindicales también tienen otras cosas que presentar, nosotros tenemos que actualizar algunos temas y concretar muchas de las propuestas que se tienen para meterlas dentro de la metodología y de los espacios que se fijaron.
Es bueno recordar que eran 23 años sin este tipo de encuentros. Básicamente, este encuentro lo que hizo fue fijar los temas que se van a discutir y las formas en que se van a abordar para evitar diatribas estériles cuando se vaya al Consejo de Administración o cuando se vaya a la OIT y no empezar que si usted dijo blanco, yo dije negro, usted dijo azul, sino presentar lo que se dio, aquí hay unas minutas, unos procesos, unos temas que se avanzaron.
¿Por qué cree que el Ejecutivo no aumentó el salario el 1° de mayo? ¿Se debió a algún acuerdo en las reuniones con la OIT?
—Yo creo que esa es una especulación además sin bases y no debería hacerse eco de esa especulación, porque el Gobierno tuvo un aumento del salario mínimo muy importante dos semanas antes de la instalación del foro. Ya se había adelantado al 1° de mayo. No sentí expectativas muy fundadas de que para el 1° de mayo hubiera otro anuncio y no tiene nada que ver con las reuniones con nosotros, sino que ya lo había hecho y creo que fue un aumento bien importante.
Los ingresos petroleros se han venido recuperando, estimaciones del economista Luis Oliveros dicen que este año podrían cerrar en $15.000 millones ¿De cuánto son los ingresos por PIB de la economía privada?
—La economía cayó siete años consecutivos y cayó de manera muy importante en 2019 y 2020, no hay cifras oficiales pero todo el mundo estima que cayó más del 20 % en cada uno de esos años. Nosotros en el año 2021 (la economía privada se recuperó 4 %) teníamos estimaciones de que este año se pudiera recuperar hasta un 8 %, pero va a depender de en cuanto se pueda profundizar o recuperar el crédito financiero, si la cartera de crédito sigue tan limitada y no hay posibilidades de préstamo en otras monedas, va a ser difícil llegar a esa expectativa de 8 %. Sin embargo, eso también tiene mucho que ver con cuánto se pueda recuperar el sector petrolero, si las cifras de $15.000 se mantienen y el precio de los barriles, quizá pudiéramos ver una recuperación de 8 % o bastante cercana por el efecto que eso tiene en el gasto público y en la economía privada.
Pero en todo caso, nosotros podemos afirmar con bastante certeza que la economía venezolana se va a recuperar moderadamente en el año 2022, no es una recuperación profunda, no es una recuperación vigorosa, es una recuperación vista por supuesto desde una caída muy fuerte y segundo de que hay algunos elementos dinamizadores o flexibilizaciones que han generado la intención del sector privado de mejorar sus niveles de actividad, y también una pequeña recuperación al fin y al cabo del consumo.
El sector privado ha asumido tareas del Estado, como por ejemplo, la compra de plantas para la generación eléctrica ¿Qué más estarían dispuestos a asumir?
—Creo que no está dispuesto a asumir es que ya las ha venido asumiendo. Todo el sistema de seguridad de las empresas hoy en día reposa en manos privadas, no en la seguridad pública como en otras partes. Muchísimas empresas han tenido que asumir el tema del transporte de su personal por la carencia del servicio. Otras han tenido que asumir todo el tema de salud de su personal porque no hay confiabilidad en servicios de salud de entes públicos. Creo que lo que el sector privado debería asumir y está dispuesto a asumir es su participación en todos los espacios económicos.
Somos los que creemos que en la economía se debe abrir más la participación privada, hay muchos monopolios que se ha reservado el Estado que deberían ser compartidos con la iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana debería entenderse mucho más allá que la participación de empresas, puede ser de personas naturales, organizadas en cooperativas, en asociación civil y muchísimas otras maneras de organización que tiene la ciudadanía para poder asumir actividades económicas y ahí es donde yo creo que debería centrarse más la discusión, más que tener que sustituir lo que son competencias públicas.
¿Cómo valora en este momento la seguridad jurídica? ¿Ya no hay temor de expropiaciones en el sector privado?
Habría que aclarar muy bien el término expropiaciones, porque lo que menos ha habido son expropiaciones. La expropiación implica un proceso legal determinado, implica pago justo y oportuno y aquí lo que más ha faltado es el pago justo y oportuno y que se cumplan procesos de expropiación como lo establece la ley. Aquí ha habido una serie de tomas de activos que no cumplieron los extremos legales, inclusive de índole sublegal y casi todos sin pago, sin reconocimiento de los derechos vulnerados de sus legítimos propietarios, tenedores, ocupantes o la categoría que tenga y ahí nosotros queremos hacer bastante énfasis en la diferenciación.
Nosotros no estamos contrarios a que haya un proceso de expropiación, si es por causa de utilidad pública que se cumplan todos los procesos legales y se pague a la gente sus derechos en el monto que se establezca y oportunamente como dice la ley. Ahora, nosotros no hemos visto, no podemos decir que eso se mantiene y en ese punto de vista hay muchísima más estabilidad ahora. Pero concluir que porque no haya expoliaciones o toma hay seguridad jurídica, creo que hay una diferencia muy importante. La seguridad jurídica va muchísimo más allá al solo hecho de que se tomen o no se tomen activos en el sector privado. Hay una mejora en el aspecto de la toma de activos, pero está de lejos que digamos que hay seguridad jurídica.
La burocracia es altísima en el país. El Índice de Burocracia en América Latina señala que solo en el Seniat una empresa destina al año 500 horas ¿Cómo les afecta esto y qué se puede hacer para mejorarlo?
—Más allá del tema de las horas que se dedican, es la demora en que salgan las decisiones. Haces una solicitud y te quita tres horas, pero luego tienes que esperar siete días y en esos siete días no haces nada. Además, en Venezuela priva el silencio administrativo negativo, es decir, que si la administración no responde, la gente entiende que es no. En muchos otros países priva el silencio administrativo positivo, si la administración no te responde a tiempo, significa que es sí a lo que tú le solicitaste. En ese tema Venezuela necesita una revisión profunda y una recuperación de la profesionalización del servicio público, de la administración pública en la burocracia para poder realmente coadyuvar el Estado y lograr la competitividad que necesita el sector privado.
¿Cuántas empresas han sido devueltas (reprivatizaciones) a manos de privados?
—Nosotros solo conocemos del caso efectivo del Sambil Candelaria. No tenemos conocimiento de que haya habido otra operación de ese tipo.
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