Desde su entrada en vigencia en enero de 2017 el instrumento ha servido para que el gobierno de Nicolás Maduro aumente su control sobre la población que, en medio de la crisis económica, se ha vuelto en gran parte dependiente de bonos y “mecanismos de protección”.
Caracas. Fue anunciado por primera vez el 29 de diciembre del 2016 por parte de Nicolás Maduro, quien lo describió como un instrumento para monitorear el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, el carnet de la Patria se ha ido transformando en un instrumento casi obligatorio para cualquier tipo de interacción que se requiera por parte de los ciudadanos.
“Cada venezolano deberá inscribirse y con este carnet obtendrá un código único que lo identificará para comprar de forma electrónica, sin dinero en efectivo”, dijo el Jefe de Estado en aquel momento mientras presentaba el carnet y así vendió dos ideas fundamentales: que sería de uso exclusivo para los Clap y que eliminaría la necesidad de pagar con efectivo las cajas de comida subsidiadas ya que con este se podría hacer de forma electrónica. El tiempo pasó y su uso se volvió lentamente una obligación.
La primera gran variable que experimentó el carnet fue la vinculación con el registro de la Misión Hogares de la Patria, la cual requería que las personas se registraran y sacaran el documento gubernamental para recibir un “bono de protección” el cual estaba destinado, según Maduro, a proteger a las familias que eran víctimas de la “guerra económica”. En principio, el programa incorporó a 20.000 hogares, pero para julio del 2018, el propio Presidente informó que eran 6 millones los “beneficiados”. Sin carnet de la Patria no se puede aspirar a ese bono.
Somos Venezuela, el partido político que recogió datos de los carnetizados
Durante los primeros días del carnet de la Patria, Maduro insistía en que era un proyecto del Estado para la protección de las personas en medio de una crisis económica. Sin embargo, junio del 2017 vio el primer paso para la politización abierta del mecanismo.
Con más de 13 millones de carnetizados para mayo, en junio Maduro creó el Movimiento Somos Venezuela (MSV) el cual con unos 150.000 miembros —cifra del propio mandatario— recorrió el territorio venezolano para verificar uno a uno los datos de los carnetizados y “sus necesidades”. No tenía nada que ver con la política y era un proyecto incluyente, se señaló en ese momento por parte de los voceros. Sin embargo, 8 meses después, el MSV se formalizó como un partido político oficialista.
Poco a poco, y por meses, infinidad de programas sociales ya establecidos fueron migrando a la plataforma del carnet de la Patria y otros que empezaban a nacer pedían como requisito tener un número del documento de identificación para que las solicitudes fueran procesadas.
Uno de los programas sociales que nació fue el 0800-SaludYa, una línea telefónica a la que las personas pueden llamar y recibir medicamentos según sus necesidades de salud. Uno de los requisitos para poder aspirar a este sistema, y que de hecho es preguntado por los operadores telefónicos que atienden las llamadas, es el carnet. Para junio de 2018 ya se habían entregado medicamentos a 1,7 millones de personas.
Otro proyecto naciente fue el Plan Quirúrgico Nacional, el cual se inició luego de que el Gobierno “detectara” —a través del censo efectuado por el MVS— las necesidades quirúrgicas de la población. Los carnetizados empezaron a ser atendidos y para el 2017, aproximadamente 415.000 personas fueron intervenidas.
Luis López, ministro de la Salud, puso para abril del 2018 la cifra de atendidos en 440.000. Aquellos que no tenían el carnet y que no fueron censados por el MSV no fueron incluidos en la lista para ser atendidos.
El censo de Somos Venezuela sirvió también para “detectar” miembros de la población flotante universitaria y en edad de pensionados que no estaban dentro del sistema de pensiones. Solo en 2017, 202.000 personas de la tercera edad fueron pensionados, y casi 180,000 cupos universitarios fueron dispuestos para el 2018.
El Clap, los conjuntos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la atención de Barrio Adentro, fueron todas, paulatinamente, vinculadas al carnet de la Patria. Las cifras de carnetizados comenzaron a crecer de a cuentagotas, no porque la gente quisiera sacarlo, sino porque para muchas personas era una obligación para acceder a las ayudas del Estado.
Todos estas fueron acciones posibles gracias a la información, en muchos casos sensible y personal, que Somos Venezuela recogió, datos de ciudadanos venezolanos obtenidos por un partido político que se escondía bajo la fachada de un programa de gobierno y que quedaron a plena disposición para el chavismo que justamente a finales de 2017 lanzaría una política para controlar aún más a la población, esto a costa de un gasto público de una nación que estaba entrando de manera oficial en un período hiperinflacionario: los bonos.
Bonos mensuales para controlar a la población
Para agosto de 2018, cuando Maduro anunció su plan de rescate económico, los bonos eran una noción tan tangible en el subconsciente venezolano que muchos ciudadanos ya los incluyen en su presupuesto mensual, como si estos “regalos” del Gobierno fuesen parte de un salario, pero la realidad es otra: es dinero público que Maduro emplea con fines políticos y propagandísticos, muchas veces diciendo que él “decidió regalar” para “proteger” al pueblo de la “guerra económica”. No siempre fue así, para octubre de 2017 estos eran algo que jamás se había visto en el país.
Los primeros dos bonos fueron sectorizados, exclusivos para adultos mayores a través de la misión En Amor Mayor y fueron entregados en octubre y noviembre. Diciembre, en cambio, fue el primer mes en que los bonos se aplicaron a la población general.
El Bono Niño Jesús, como lo bautizó Maduro, fue el primer gran “beneficio” económico que se repartió de forma masiva y tenía un valor de Bs. F. 500.000, los cuales fueron recibidos por 4 millones de personas en todo el territorio nacional, una escalada comparada con los 200.000 ancianos que recibieron el bono de Amor Mayor en noviembre.
2018 ha sido en cambio el gran año de los bonos, un total de 24 bonos han sido entregados entre enero y agosto a diferentes sectores de la población, y con regularidad mensual. Se vieron beneficiados una vez más los ancianos de En Amor Mayor y a estos se les sumaron personas en Hogares de la Patria y mujeres embarazadas a través de Parto Humanizado. Los policías también fueron “premiados” con un bono en su día. Sin embargo, los bonos más “cargados” fueron los temáticos: aquellos eran entregados con un nombre especial según mes en el que se repartían, tal y como lo fue el bono Niño Jesús de diciembre de 2017.
En enero llegó el bono de Reyes, en febrero el de Carnaval, para marzo el de Semana Santa y para abril el de la Independencia. Le siguieron a su vez el bono del Día del Trabajador y Día de las Madres en mayo y los de la Victoria de Carabobo, Día del Padre y Niño Simón en junio y julio, respectivamente. El gasto mensual en bonos superaba los 10 billones de bolívares fuertes (100 millones de bolívares soberanos).
La línea de comunicación del gobierno de Maduro era constante: que los bonos se entregaban para proteger a la población pero, si se le toma la palabra, entonces el Gobierno de facto abandonó al grueso de la población venezolana, aquella que optó por no carnetizarse. Ese fue un señalamiento constante que no tuvo respuesta y, a medida que la situación económica del país se deterioraba, más y más personas se carnetizaban por la falta de políticas de atención por parte del Ejecutivo para “proteger” a quienes no tenían el documento.
Para finales de 2017 había poco menos de 15 millones carnetizados, mientras que para mediados de 2018 eran más de 18 millones.
El carnet de la patria y su rol nefasto en las elecciones
Quizá la mayor prueba de que el carnet de la Patria es un instrumento político y no el medio de una política de Estado para atender a la población, fue el rol que se le dio documento durante las elecciones de 2017 y la del 2018.
La primera elección en la que el carnet estuvo presente fue en la polémica y poco reconocida elección para la Asamblea Nacional Constituyente, la cual se llevó a cabo en julio de 2017.
Muchos fueron los rumores con respecto al papel que iba a jugar el carnet en los comicios, pero finalmente fue el propio Maduro quien señaló que, luego de ejercer el derecho al voto, los carnetizados debían chequearse en puntos rojos en las afueras de los centros electorales para dar constancia de que sí habían ejercido su derecho al sufragio.
“Seguramente en la puerta de los centros de votación [de la elección Constituyente] va haber un equipo para chequear el carnet de la Patria, porque yo quiero que me chequeen con mi código QR que sí voté ¿Qué les parece la idea? ¡Aprobada!”, dijo el mandatario el 8 de junio. Así ocurrió. Tras votar en las elecciones, Maduro chequeó su carnet, el cual en aquel momento le jugó una mala pasada al no ser reconocido en el sistema.
La polémica se mantuvo e inclusive se extendió para las elecciones a gobernadores que se realizaron en octubre del mismo año, siguiendo lo que había sido un simulacro en el que las personas pudieron participar usando el carnet de la Patria, se corrió el rumor de que este se podría usar para votar en las regionales, algo que eventualmente fue desmentido por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
No obstante, los puntos para verificar que los carnetizados habían votado repitieron e incluso muchas personas denunciaron que al no participar en las elecciones, no habían seguido recibiendo beneficios que en algún momento llegaron a disfrutar.
Si la posibilidad de perder los beneficios por no participar no era suficiente, para las municipales de 2017 —elecciones boicoteadas por la oposición— Maduro implementó otra técnica: premiar la participación. Jorge Rodríguez fue el encargado de anunciarlo el 10 de diciembre, el propio día de las elecciones.
“El presidente Nicolás Maduro está evaluando los mecanismos para premiar a aquellas personas que junto al carnet de la Patria hayan ejercido su derecho al sufragio“, señaló el hoy en día ministro de Comunicación.
Pero quizá la mayor prueba de que tener el documento es un sistema de control político llegó el 28 de abril de 2018, fecha en la que el Jefe de Estado, ya en campaña para las presidenciales del 20 de mayo, “invitó” a los carnetizados a votar diciéndoles que “esto es dando y dando”.
“Todo el que tenga carnet de la Patria tiene que votar, eso es dando y dando. Estoy pensando en darle un premio al pueblo de Venezuela que salga a votar ese día, con el carnet de la Patria”, afirmó.
Se mencionó la posibilidad de entregar un bono, pero ante la protesta de Henri Falcón y Javier Bertucci, el CNE pidió al mandatario abstenerse de darle un bono a los carnetizados que votaran.
Agosto de reconversión, bono y censo de transporte
El pasado 17 de agosto, el Presidente Maduro realizó una cadena nacional en la que anunció un aumento de salario mínimo de más del 6000 %, algo sin precedentes en la historia económica contemporánea y, como ha venido ocurriendo, una vez más el carnet de la Patria jugó un rol particular.
El aumento del salario llegó como parte de las medidas del Presidente para intentar rescatar la maltrecha economía venezolana, y vino acompañado con el anuncio de un nuevo bono: el Bono de Reconversión, el cual entregaría Bs. S. 600 (Bs. F. 60 millones) a todos los carnetizados que tuvieran más de 18 años de edad, una medida que dijo era para, una vez más, “proteger al pueblo”, pero que ignoró de lleno a todos los ciudadanos que no tienen el carnet.
No solo fue ese anuncio, también llegó otro, el de que a todos los pensionados del IVSS se les pagaría el mismo bono, pero no directamente a las cuentas bancarias en las que ya se les deposita, sino a través del sistema Patria.org.ve, el mismo sistema y base de datos con el que trabaja el carnet de la Patria.
Ahora bien, aunque esa fue quizá la medida más directa que se llevó a cabo en agosto, no fue la única vinculada al documento gubernamental, otra tuvo aún mayor nivel de chantaje: el censo vehicular.
Como parte de un plan para acabar con el subsidio a la gasolina y aplicarlo a los consumidores venezolanos directamente, Maduro anunció que llevaría a cabo un censo de transporte en todas sus modalidades para que aquellos que tuvieran carnet de la Patria pudieran acceder al nuevo mecanismo de subsidio del combustible, algo que deja a todos aquellos que no lo tienen en una situación de pagar, en hiperinflación, la gasolina a precios internacionales. Diosdado Cabello, presidente de la ANC, ha dicho en reiteradas ocasiones cual es la postura del Gobierno ante aquellos que califican esto de chantaje.
“El que no vaya al censo, no quiere subsidio de la gasolina”, dijo el número dos del chavismo el pasado 8 de agosto.
Nóminas y la humillación de tener que sacarse el carnet
Con el monstruoso aumento de salario muchas empresas se preguntaron cómo lograrían pagar a sus empleados sin poder reajustar los precios de sus productos y servicios, algo a lo que el propio Maduro le salió al trote al avisar que él asumiría dicha nómina, eso sí, las empresas y los trabajadores debían registrarse y uno de los mecanismos era, obviamente, el sistema Patria, algo que a muchos opositores, por razones obvias, no les agrada.
“Es una humillación tener que sacarse el carnet de la patria, esto es un tema laboral”, aseguró Alexander Olvera, periodista del diario La Noticia de Cojedes, un medio de comunicación que se encuentra al borde de la quiebra y que ahora simplemente no tiene cómo asumir los aumentos salariales.
Olvera explica que el diario obtenía sus principales ingresos de su edición impresa, la cual tuvo que dejar de circular el pasado 31 de mayo por los altos costos de tinta y por la negativa de la Corporación Maneiro de importar y darles el papel necesario para los ejemplares. Con su principal fuente de ingresos acabada, no era sorpresa que el medio simplemente no pudiera asumir los salarios descomunales que decretó Maduro.
“Nos reunieron a los 35 trabajadores y nos dijeron que estábamos despedidos y que nos iban a mandar por correo la oferta con las utilidades”, narró el periodista quien dijo que tras ese anuncio acudieron a la Inspectoría del Trabajo para plantear la situación y que esta acudió a la sede del diario.
Acá llegó la gente de la Inspectoría con un señor que era de la Central Bolivariana de Trabajadores, ese señor nos dijo que nos teníamos que sacar el carnet de la Patria para cobrar el aumento”, agregó.
Olvera dijo que sintió la propuesta como una “humillación” y tanto él como sus compañeros la rechazaron de lleno, tanto fue así que las posturas cambiaron: primero la empresa se retractó de los despidos que había anunciado y desde la Inspectoría se informó que lo que se debía hacer era inscribir a los trabajadores a través del sistema Tiuna para que cobraran.
Como Olvera y sus compañeros, muchos rechazaron la necesidad de carnetizarse para poder recibir el nuevo salario por parte del Estado, sin embargo, ante la imposibilidad de que las empresas privadas puedan asumir el golpe en la nómina, muchas tendrán que acudir a este sistema o al sistema Tiuna para poder palear los impactos del aumento.
17 artículos vulnerados
La implementación del carnet de la Patria viola por lo menos 17 artículos constitucionales. Una revisión de la Carta Magna en contraste con los diferentes usos que le ha dado el Gobierno a este mecanismo de control social, realizada por Crónica.Uno, arrojó lo siguiente:
La creación de un instrumento que permite al Gobierno discriminar a la población a la hora de entregar beneficios o que incluso puede ser utilizado para incentivar el voto por una opción aún en contra de la voluntad, usando como medio la necesidad y las carencias económicas viola los artículos 3, 19 y 21.
El artículo 3 señala que “el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa”. El artículo 19 indica que “el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”. Y el 21 puntualiza que: “Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
El hecho de que militantes del PSUV y funcionarios de distintos entes públicos tengan acceso a la información privada de las personas que se registran en el carnet de la Patria vulnera el derecho a la protección y confidencialidad de los datos personales. Esto viola los artículos 28 y 60 constitucionales.
El 28 dice: “Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad”. Mientras el 60 señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”.
Exigir a las personas que vayan a votar con el carnet viola el artículo 63: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.
Que los jóvenes puedan acceder a un trabajo solo si tienen el carnet viola el artículo 79: “Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular la capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley”.
Que soliciten el carnet para poder cobrar la pensión viola el artículo 80: “El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantiza atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello”.
Que las personas con discapacidad sean priorizadas en su atención en función de si tiene o no el carnet viola el artículo 81: “Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promueve su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas”.
Que se otorguen viviendas de interés social (Misión Vivienda) únicamente a quienes tienen carnet viola el artículo 82: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos”.
Que para acceder al 0800SaludYa, ser atendido en un hospital público o para ser incluido en el Plan Quirúrgico Nacional se necesite el carnet viola el artículo 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”
Que el Gobierno entregue bonificaciones monetarias sectorizadas (mujeres, madres, lactantes, discapacitados, abuelos, trabajadores independientes, etc.,) únicamente a quienes tengan el carnet viola el artículo 86: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas”.
Que el Gobierno entregue becas solo o prioritariamente a quienes tengan el carnet o que imponga su uso para ingresar a las universidades viola los artículos 102, 103 y 109. El 102 señala que “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria”. El 103 agrega que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Y el 109 consagra la autonomía universitaria “para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.
La propuesta de crear un carnet para los empresarios viola el artículo 112: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población”.
Que se dé preferencia para la compra de alimentos subsidiados a personas con el carnet por encima de quienes no lo tienen viola el artículo 305: “El Estado (…) garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”.
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