En los sitios de aislamiento como Villa Panamericana en Barquisimeto, donde hay más de 700 personas, separan a los menores de 15 años de sus madres.
Caracas. “Me dejaron en una sala del hospital donde no había ni agua para bañarnos. Luego me llevaron a un hotel, después de dos semanas me trasladaron al hospital de campaña en Vargas donde había pozo séptico en vez de poceta. Posteriormente, me regresaron al hotel y estando ahí me dijeron que me regresarían al hospital, y no entendía por qué si ya tenía dos pruebas cuyo resultado era negativo, es como una detención arbitraria”.
Todo un ruleteo pasó Sebastián Torres —se usa seudónimo para proteger a la persona— desde que resultó positivo a la COVID-19. Más de mes y medio estuvo de cama en cama, sorteando todo tipo de calamidades. El único sitio en el que no lo pasó “tan mal” fue el hotel en el que estuvo las dos primeras semanas, porque tenía agua y comida todos los días. Solo por eso.
El resto de la hospitalización se convirtió en angustia. Casi todos los días hablaba por teléfono con sus familiares radicados en oriente, pero tenía miedo, se imaginaba que lo espiaban. “Esta gente es peligrosa”, contó.
Sebastián se sentía vigilado, no podía recibir visitas de ningún tipo, tampoco podía salir al pasillo. Pero lo más desesperante, dijo, fue no tener información precisa de lo que estaba pasando.
Estando en el hotel, cuando le hicieron la segunda prueba el resultado se perdió. “Eso era lo que me decían”. Luego, cuando ya dio negativo para el virus y se preparaba para salir, el alta médica no llegó. Otras dos semanas se retrasó su salida.
Violencia gubernamental
La estigmatización y criminalización son dos ingredientes del plato fuerte en el discurso gubernamental. Desde que llegó la COVID-19, en marzo pasado, la administración de Nicolás Maduro señaló a las personas que vivían en el este de Caracas, a los que llegaron en vuelos desde Europa y así siguió la línea discursiva. La detención arbitraria de médicos y periodistas no ha faltado en esta pandemia.
Y ahora que aumentan los casos a razón de más de 100 diarios, hay un grupo de venezolanos sospechosos y positivos al virus de quienes lo que se sabe es que pasan las de Caín en los confinamientos habilitados por el Estado.
Para el 2 de junio, 977 pacientes se encontraban en hospitales centinelas; 475 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI); 15 en clínicas privadas. Otros, que pasan de miles, están en los Puntos de Atención Integral (PASI) y en los hoteles.
Algunos son de Valencia y los tienen en aislamiento en Barquisimeto, otros son de Caracas y están en Táchira.
Javier Tarazona, de FundaRedes, organización que hace monitoreo diario de la situación en los estados Mérida, Zulia, Lara, Táchira y Apure, incluso dijo que tiene casos de venezolanos que no han logrado pasar la frontera y tienen estatus de desaparecidos.
Tarazona habló de un fallecido que antes de morir había estado caminando desde Bogotá hacia el Táchira. Y apuntó que conocen casos de personas que cumplieron el tiempo de cuarentena en el PASI y los trasladaron a distintas ciudades como Caracas y la familia desconoce su paradero. “Eso es una detención arbitraria”.
La tragedia del confinamiento
El jueves 4 de junio, denuncia que publicó Provea, más de 300 personas que retornaron a Venezuela y que están en el estadio de béisbol de Pueblo Nuevo en San Cristóbal iniciaron una huelga de hambre por las condiciones de hacinamiento.
Muchos llegaron por el puente internacional Simón Bolívar. En San Antonio les hicieron las pruebas rápidas y a todos, según aparece en la denuncia de Provea, les dieron una especie de comprobante o del resultado negativo.
Posteriormente, los trasladaron en buses hasta el estadio y les dijeron que estarían ahí 14 o 15 días, tiempo que ya pasó pero a las personas no se les permite salir, por eso se declararon en protesta.
De las más de 300 personas en detención arbitraria, hay alrededor de 56 niños, el más pequeño tiene tres meses. También hay cinco mujeres embarazadas y personas con algún tipo de discapacidad.
Urgente!! así responde la dictadura a familias que retornaron y se encuentran en confinamiento forzado en el estadio de béisbol de Pueblo Nuevo San Cristóbal #Táchira además usaron una tanqueta de la #GNB para reprimir un lugar donde hay 56 niños y niñas https://t.co/AyQGhvbKfJ pic.twitter.com/xE2pXxSfAG
— PROVEA (@_Provea) June 6, 2020
Otro sitio, la Villa Bolivariana —un edificio construido con fines deportivos, ubicado en la avenida Libertador de Barquisimeto— alberga en este momento alrededor de 700 personas cada semana, trasladadas desde el Táchira.
Son de los que cruzan por las trochas y los captan en el terminal terrestre en el momento en el que buscan transporte para dirigirse al interior del país.
Cuando los aborda el Gobierno les toman la temperatura de forma muy rápida, los suben a unos buses, los trasladan a Sarare, donde les hacen una revisión corporal y, luego, a Barquisimeto hasta la Villa Bolivariana.
Desde finales de marzo Provea ha denunciado la situación de desatención de los llamados retornados: sin comida y sin artículos de higiene personal. Y de nuevo, lo mismo que sostuvo FundaRedes, ven esto como una detención arbitraria.
La Villa Panamericana son apartamentos para deportistas, de una sola habitación y un espacio que no es mayor a los 60 metros, donde tienen confinadas a siete o 10 personas.
Lo que ha recopilado Edwin Gil, abogado de Provea es que separan a los hombres de las mujeres, los niños menores de 15 años son los que se quedan con sus madres y no permiten el contacto entre ellos o con otras personas aisladas en las habitaciones.
El que tiene teléfono inteligente se comunica por WhatsApp con su familia. “Pero lo que hemos podido conocer es que están en condiciones deplorables, no les dan artículos de limpieza, la comida se las entregan tres veces al día, pero piche. Muchas personas quedan hambrientas, les falla el agua, al igual que la luz. En Lara se va la energía de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. y es casi que a diario. Muchos hablan desde las ventanas y los guardias se quejan, dicen que los amonestan”.
Gil comentó que ha tratado de averiguar con las víctimas en manos de quién está ese centro de aislamiento, y lo que ha podido saber es que está administrado por la Guardia Nacional. Hay un personal de salud civil, pero la fuerza militar es quien controla los espacios.
Hay un caso muy particular, el de Daniela Pérez, quien gritó la situación de hacinamiento desde la ventana. Dijo su número de cédula y de celular y grabó un video.
Luego la misma Daniela le contó a Gil que uno de los uniformados subió a su habitación y la amenazó con dejarla en ese sitio durante todo el tiempo que durara la cuarentena. También una enfermera le dijo que la iba a dejar sin comida.
También Provea ha recibido quejas de que las pruebas para detectar el virus se hacen de manera aleatoria, situación delicada cuando tienen a siete personas en un cuarto sin saber si tienen el virus.
Otro caso más delicado aún es el de Pastor Ortíz, quien llegó a la Villa proveniente de Táchira.
A él se le murió su sobrino de un año. Cuando llegaron les dieron arepa con mortaleda. “Ellos sintieron que el relleno olía mal, pero como tenían hambre se las comieron. El pequeño comenzó a vomitar y a presentar diarrea. Ortiz junto con los padres del niño pidieron ayuda que no llegó, por lo que derribaron la puerta de la habitación. El guardia le dijo que debía esperar hasta el día siguiente”, narró Gil.
Desde las 3:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. pidieron auxilio. La gente les gritaba que lo sacaran por la ventana y que así lo bajaban ayudando entre todos. Un familiar de los Ortiz llegó y pudo trasladar al bebé. En la avenida alguien les dio la cola y cuando llegaron al hospital presentó un paro cardíaco.
Pastor llegó el 8 de mayo a la Villa. La denuncia fue hecha el 21 de ese mismo mes. La madre del infante se encuentra en Caracas con su otro hijo de cinco años. El padre todavía está recluido.
Provea lleva seguimiento de los casos. Pero en otras zonas levantar la información es engorroso. Las víctimas tienen miedo, los separan de sus familiares, los cambian de regiones violando los mismos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.
Lo que está escrito
La Gaceta del 1° de junio de 2020, número 450.447 —que sale tardía con el protocolo, pues se publica el mismo día que inicia el plan 5X10 de flexibilización— establece lo siguiente:
Y antes de ello, el ministerio rector había emanado para el 6 de abril circulantes donde establecía los mecanismos de traslados y tratamientos, en los cuales, dependiendo de la categoría de la afectación de una persona, esta podía pasar la enfermedad aislada en su casa.
Y mucho antes, en febrero 2020, cuando COVID-19 era epidemia, el ministerio tenía listo un protocolo sujeto a modificación.
Avanzado el tiempo, el 8 de abril —cuando había 166 casos positivos— Nicolás Maduro ordenó la hospitalización de todos los pacientes. Por eso a Sebastián Torres —el testimonio inicial— lo llevaron del hotel al hospital. Maduro había dicho entonces que disponía de 20.000 camas.
Para el 20 de abril el gobernante daba la cifra de más de 20.000 venezolanos retornados y aseguraba que todos estaban ingresando con beneficios sociales a los PASI.
A la fecha más de 50.000 ciudadanos han retornado al país, pero aquí no se les ha hecho fácil el camino. Los 14 días de cuarentena se transforman en un mes, en una detención arbitraria, en hambre y más calamidades, como las denunciadas hechas a FundaRedes por un grupo de migrantes que tiene casi un mes confinado en la escuela Arismendi de Guasdualito, en Apure, que después de haber protestado para exigir la realización de las pruebas de descarte y solicitar el traslado a sus ciudades de origen, fueron amenazados por el grupo guerrillero identificado como el Frente Bolivariano de Liberación.
La COVID-19 en esta pandemia no es la única amenaza, a través de esa enfermedad en Venezuela se abrió espacio para posibles casos de discriminación y de violación a los derechos humanos con la aplicación de la detención arbitraria.
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