La experta Andrea Rondón García, del comité académico de Cedice Libertad, señala que una intervención en el sistema de precios “traerá inevitablemente consigo las distorsiones ya conocidas por los venezolanos”. El diputado Jesús Faría asegura que el Gobierno ya tomó decisiones en torno a la fijación de precios de 40 productos básicos.
Caracas. Escasez de productos regulados, largas filas para adquirirlos y la aparición de un mercado negro para su comercialización son algunas de las distorsiones que, a juicio del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), podría generar la reimposición del control de precios en el país.
El 1° de diciembre, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publicó en su cuenta oficial de Twitter una lista de “precios máximos” en dólares de más de 30 alimentos de la cesta básica, pero a las pocas horas la borró.
Pese a que en el anuncio hacían alusión a que la lista era resultado de conversaciones con el sector privado, fuentes de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), así como la presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, aseguraron que no hubo tales reuniones ni convocatorias.
La Sundde no se pronunció más sobre ello, y tampoco ningún otro ente o vocero oficial, hasta que este miércoles, 7 de diciembre, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jesús Faría, declaró a los medios en el hemiciclo.
El Gobierno ha adoptado un conjunto de decisiones para establecer precios máximos de venta al público en más de 40 productos de consumo masivo de la población”, dijo el parlamentario oficialista, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.
Al respecto, la doctora en Derecho e integrante del comité académico de Cedice Libertad, Andrea García Rondón, señaló que la lista de precios de 42 rubros “genera preocupación entre los actores económicos” por ser una intervención que “traerá inevitablemente consigo las distorsiones ya conocidas por los venezolanos”.
El resultado puede ser aún más dantesco que en años anteriores. La lista de precios máximos está expresada en dólares, lo que supone un claro reconocimiento del Estado de la destrucción del bolívar como dinero y de la inflación en dólares”, dice la experta.
Un error que afecta a toda la cadena
El diputado Jesús Faría aseguró que la medida fue “discutida y acordada con productores” dada la reciente “alteración en la dinámica de precios” que alertó al gobierno de Nicolás Maduro.
Según registros privados como los del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), en octubre y noviembre los precios al consumidor han aumentado a mayor ritmo y la inflación llegó a niveles que no se veían desde mediados de 2021. Expertos aseguran que políticas como la reducción del gasto o la contención del dólar para estabilizar los precios ya se agotaron.
El presidente de la Confederación de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Celso Fantinel, sostiene que un eventual control de precios “va a afectar a toda la cadena” de producción y distribución de alimentos en el país, porque cada estructura puede tener costos distintos en función del rubro y región donde se comercialice.
Fantinel advierte sobre las distorsiones y la competencia desigual que puede crear u régimen de precios regulados, con alimentos de mayor calidad compitiendo con los de menor calidad por el mismo precio de venta al público.
El líder gremial destaca que, por ejemplo, hay diferencias en cuanto a los empaques que utiliza una u otra empresa o el alcance de distribución que tiene (nacional, regional o local). La informalidad también pesa en esa competencia, pues las empresas formales deben cumplir con tributos y pasivos que se trasladan, necesariamente, al precio final, y en ocasiones la compra de materia prima se hace más costosa por la falta de flujo de caja.
Para Andrea Rondón García, de Cedice Libertad, “la política de destrucción de la propiedad, y en general, del país continúa” y recuerda que la flexibilización de controles, que se vive desde 2019, no implica que hayan desaparecido, “porque el andamiaje legal existía y sigue existiendo”.
Actualmente, a pesar de que la Sundde no fiscaliza ni vigila por completo si se cumple una lista de precios regulados, se mantiene vigente la Ley de Precios Justos. Este año, se esperaba que la AN debatiera el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos como sustituta de la de Precios Justos, pero la propuesta fue retirada del orden del día del 25 de agosto.
Participa en la conversación