El informe de Cepaz refleja el caso de los 46 despidos injustificados corresponde a personal del Hospital Universitario de Caracas por manifestar en reiteradas ocasiones las críticas condiciones del recinto.
Caracas. Venezuela registró al menos 186 casos de persecución y criminalización contra activistas, trabajadores de la salud y periodistas entre el 1° y el 31 de julio, según reveló el informe más reciente del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). Del total de denuncias recogidas, 115 corresponden a intentos de allanamientos, imposibilidad de documentar un hecho noticioso, actos de violencia, estigmatizaciones en el ejercicio de la profesión y señalamientos de cometer actos contra la República.
Asimismo, Cepaz detalló que se registraron 16 detenciones arbitrarias, 46 despidos injustificados contra trabajadores por protestar, 12 ataques contra periodistas y seis contra organizaciones de la sociedad civil. La ONG explicó que la población “continúa siendo víctima de la violación de sus derechos por motivos políticos para intimidar y silenciar las exigencias de derechos y garantías”.
En la mayoría de los casos son familiares de personeros políticos o activistas de derechos humanos, a quienes hemos identificado como población por no estar ellos involucrados en la política o en el activismo ciudadano”, expresa el pliego.
En el documento citan el caso del activista Javier Tarazona, quien fue detenido con su primo por denunciar el conflicto entre las FARC y la Fuerza Armada venezolana. Posteriormente, fueron detenidos su madre, Teresa Sánchez, junto con su hijo menor —un adolescente de 14 años— en un allanamiento a su vivienda que también funge como sede la organización FundaRedes.
A pesar de no ejercer ningún tipo de activismo, la familia es perseguida y criminalizada como una forma de intimidar, amenazar y disuadir a quienes ejercen el liderazgo político opositor o a quienes exigen y defienden los derechos de la ciudadanía”, se lee en el documento.
Por otro lado, el caso de los 46 despidos injustificados corresponde a personal del Hospital Universitario de Caracas por manifestar en reiteradas ocasiones las críticas condiciones del recinto.
El informe refleja la reciente detención del exdiputado Freddy Guevara con base en una supuesta conexión con los grupos armados de la Cota 905 en el oeste de Caracas y el allanamiento por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a la vivienda de Juan Guaidó.
También destaca el intento de allanamiento de la vivienda de la periodista Mildred Manrique y la detención del periodista Joan Camargo, cuando se encontraba cubriendo los enfrentamientos en el oeste de Caracas.
Esta forma de criminalización a la protesta y de generar miedo a la población se extiende día a día en el país, no solo los médicos y activistas, sino también toda la población en general, quienes no han dejado de manifestarse por las precarias condiciones de vida en la que se encuentra (…) y como consecuencia de ello son víctimas sistemáticas del ejercicio de esta política de criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro”.
Cepaz aclara en su informe que la documentación de los casos constituye un subregistro y, por tanto, no necesariamente representa la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de julio. No obstante, destaca que la cantidad de registros sí constituyen una muestra significativa de la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte del Estado.
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