Del cese de la usurpación al cese del gobierno encargado, el nuevo debate de la oposición

La oposición venezolana discute el futuro de la AN-2015 y del gobierno encargado. Prorrogar su mandato más allá de enero de 2023 con o sin Guaidó, suprimirlo completamente o traspasar ciertas responsabilidades a la AN-2015 son algunas propuestas en mesa. La politóloga Ana Milagros Parra considera que a estas alturas el gobierno encargado daña más a la oposición que a Maduro.

Caracas. Del cese de la usurpación que centró el debate político en Venezuela en 2019, la oposición ha pasado hoy a discutir cómo acordar el cese del gobierno encargado (GE).

Casi cuatro años después de haber jurado aplicar el artículo 233 constitucional, que establece una sucesión presidencial de poco más de 30 días en caso de vacío de poder, los dirigentes y partidos políticos, otrora principales aliados de Juan Guaidó, hoy analizan las fórmulas para el cese del gobierno encargado.

De las propuestas que están sobre la mesa de discusión dentro de la Plataforma Unitaria, y principalmente, dentro de los partidos que integran la Asamblea Nacional electa en 2015, destacan tres:

1. La que plantea continuar con la AN-2015, el gobierno encargado y Juan Guaidó al frente hasta que se realicen las elecciones presidenciales y parlamentarias competitivas y confiables.

Esta tesis, defendida casi exclusivamente por Voluntad Popular, requeriría de al menos la mitad más uno de los votos en la Comisión Delegada (10 votos de 18 posibles) donde en las últimas votaciones nominales Guaidó apenas ha alcanzado entre 5 y 7 votos.

La otra opción es llevar la discusión a la Plenaria de la AN-2015, donde la suma es más complicada todavía, si se toma en cuenta que ese órgano se reunió dos veces este año y en una de las reuniones no alcanzó ni siquiera su quorum mínimo de funcionamiento. Además, en la Plenaria VP y los partidos minoritarios que apoyan su tesis arañarían con dificultad 30 votos de un mínimo requerido de 42.

2. La que plantea la permanencia de la AN-2015 y el gobierno encargado, pero renovando las caras, con una nueva directiva, incluyendo un nuevo presidente en sustitución de Guaidó. “El gobierno interino y la AN como instituciones, no hablo de nombres, deben tener continuidad conforme al 233 constitucional, sino entregaríamos todo a Maduro”, señaló a este portal uno de los propulsores.

3. La que prevé eliminar el Gobierno Encargado y que la AN-2015 subsista casi exclusivamente para supervisar la actuación del denominado Consejo para la Defensa de los Activos en el Extranjero. Esa instancia se creó en el papel en junio pasado, pero no se ha dado ningún paso para su conformación. Esta tesis tiene como principal promotor a Primero Justicia.

No hay consenso para volver a prorrogar al GE

Hasta el momento, ninguna de las propuestas ha reunido la mayoría de los respaldos políticos, una mayoría que Guaidó perdió oficialmente en noviembre de 2021 cuando durante un debate en la Delegada sobre la situación de Monómeros, logró obtener apenas cinco votos, contando el suyo, de los 18 posibles.

Esa pérdida de piso político se ratificó nuevamente en agosto de este año, cuando Guaidó no logró la aprobación por la Delegada, del informe de la Comisión de Contraloría que pedía la responsabilidad política de la gerencia de Monómeros.

Sin embargo, quienes defienden el cese del gobierno encargado sostienen que ya no hay cabida para nuevas votaciones sobre la materia y que el Estatuto tiene la fecha:

“El Estatuto aprobado por todas las fracciones incluyendo a VP, establece que todo esto (el gobierno encargado) cesaba el 4 de enero de 2023. En ocasión de eso lo que hay que hacer es el cierre administrativo de todas las cosas que implican el gobierno interino. A partir de allí se está dando la discusión de las distintas opciones que se pueden implementar”, dijo un dirigente involucrado en las conversaciones.

¿Para qué sirvió el gobierno encargado?

Visto en perspectiva, además de darle oxígeno a los partidos del G4 y sus satélites con acceso a recursos congelados en Estados Unidos y autorizados por la OFAC, el gobierno encargado sirvió a la oposición venezolana para consolidar una vocería legítima dentro y fuera del país.

Dentro, convirtiéndose en el interlocutor de los partidos políticos con movimientos sindicales, empresarios, ONG, estudiantes.

Fuera, siendo reconocido como el interlocutor legítimo de la oposición ante más de 50 gobiernos democráticos del mundo, con representantes diplomáticos en más de 20 países y la Organización de los Estados Americanos.

Ese reconocimiento le dio también a la oposición venezolana una voz legítima para denunciar la crisis humanitaria compleja, que trajo consigo la mayor crisis migratoria de la región en años.

En el plano de la protección de los activos de Venezuela en el exterior, el saldo es más bien agrio y dulce. Agrio porque la gestión de Monómeros Colombo Venezolanos, que se planteó como la oportunidad de rescatar una empresa arruinada por el PSUV y mostrar una nueva forma de gerencia pública se fue al caño con el desenlace ya conocido.

Dulce, por los buenos resultados financieros de Citgo este año y la exitosa protección del oro venezolano en Inglaterra.

En ese sentido, la Procuraduría Especial advirtió en un comunicado a fines de octubre que la eliminación total del gobierno encargado tendría los siguientes efectos:

• Implicaría la renuncia a invocar los artículos constitucionales 233 y 333 y perderían vigencia las normas y acuerdos aprobados por la AN-2015 con base en esos artículos.
• Pérdida de vigencia de todos los entes creados por el gobierno encargado desde 2019, incluyendo las juntas ad hoc de Pdvsa y PDV Holding (que designan a la directiva de Citgo).
• Acabaría el reconocimiento de la representación del gobierno encargado ante cortes y tribunales extranjeros donde se disputa la protección de activos.
• Cesaría la titularidad reconocida al gobierno encargado sobre activos específicos como el oro en Londres, abriendo la puerta para que Maduro los controle de nuevo.
• Se suspendería definitivamente el pago a funcionarios del gobierno encargado.

No todo es blanco y negro

A juicio de la politóloga Ana Milagros Parra, cuando se habla del gobierno encargado no todo es blanco y negro. Considera que si bien actualmente el gobierno encargado sigue causando cierta incomodidad a Maduro, está lejos de representar una amenaza directa para el madurismo en el poder.

“Lo puede incomodar porque hay activos que están bajo control del gobierno interino, porque hay embajadas donde está la representación de Guaidó. Son cosas que pueden incomodar, pero no son una amenaza directa a Maduro”, señala.

Pero enfatiza que a estas alturas, ese aparataje que tuvo un fin y cosechó algunas victorias, luce más dañino para la oposición que para Miraflores.

“El gobierno interino es hoy más dañino para la oposición en el sentido de que la oposición nunca ha estado unida y hay partidos a los que ya no les conviene que el gobierno interino exista. En cierta forma los partidos cuestionan ‘cómo creas una estrategia nueva cuando todavía quieres aferrarte al poder con la estrategia anterior, qué estás haciendo con la estructura del gobierno interino que esté ayudando a la democracia, cómo creas algo nuevo cuando arrastras algo obsoleto”, afirma Parra.

En tal sentido, la politóloga sostiene que la supresión del gobierno encargado sería equivalente a “quitar del camino una estructura que se ha quedado estática, que no ha cumplido objetivos domésticos y que no logró cohesionar a la oposición, sino todo lo contrario”.

Aunque aclara que, a su juicio, la división de la oposición es anterior a la existencia del gobierno encargado y que su eliminación no generaría la reunificación automática de los adversarios políticos de Maduro, la supresión de ese ente podría “dejar un paso fresco y nuevo para la creación de una nueva estrategia”.

Cómo perder la confianza de tus aliados en ocho lecciones

Múltiples han sido los escollos internos y externos que ha atravesado la oposición en estos años para alcanzar los objetivos enarbolados por Guaidó en 2019.

La ruta para lograr el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres ha tenido que competir a lo interno con la estrategia madurista y con la propia oposición.

Mientras Maduro se dedicó a socavar la existencia de la Asamblea Nacional 2015 que le daba sustento jurídico y constitucional al gobierno encargado y a perseguir a los principales líderes opositores; la oposición mostró incapacidad para concertar un nuevo y eficiente mecanismo de coordinación interna, aderezada con la guerra de micrófono entre los propios dirigentes.

Diversos sucesos rompieron la confianza a lo interno de la oposición, con mayor o menor participación de Miraflores en estos años:

1. El intento de rebelión cívico-militar del 30 de abril de 2019, promovido por Leopoldo López en llave con el exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera y otras figuras del chavismo.
2. La Operación Alacrán, desarrollada desde mediados de 2019, que implicó el presunto pago de sobornos por parte de Miraflores a diputados de los partidos de la oposición para que le quitaran el apoyo a Guaidó con miras a su reelección como presidente de la AN en enero de 2020.
3. La llamada Operación Gedeón, de mayo de 2020, producto de supuestos acuerdos del asesor estratégico de Guaidó, J.J. Rendón con presuntos mercenarios para realizar una incursión armada en el país.
4. La concreción de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2020 por parte del oficialismo. A pesar de haberse hecho sin respaldo internacional y sin condiciones electorales mínimas para su validez, el proceso conllevó a la instalación de un nuevo Parlamento con reconocimiento interno y de otros países aliados a Maduro.
5. La aprobación de la primera prórroga a la vigencia de la AN-2015 basados en una consulta popular realizada en diciembre de 2020, con dudosos resultados y sin mecanismos de verificación.
6. La aprobación de la segunda prórroga a la vigencia de la AN-2015, por la vía de la negociación interpartidista. Este acuerdo se alcanzó en enero de 2021, a horas del vencimiento de la anterior prórroga, y con estrictas condiciones de funcionamiento y transparencia al gobierno encargado, muchas de las cuales no se cumplieron.
7. El manejo poco transparente de los recursos autorizados por la OFAC y de la administración de la empresa Monómeros, no solo de cara a la opinión pública sino frente a sus propios aliados internos.  En tres años como presidente encargado, Guaidó solo presentó un balance de gestión —a medias— en septiembre pasado.
8. La suspensión de la negociación en México durante un año entero a instancias de Miraflores, y sin tener  la oposición de mecanismos de presión real. Pero si el proceso se retoma en los próximos días, como han señalado diversos voceros en las últimas horas, podría ser el escenario y momento idóneos para que el oficialismo pida el cese del gobierno encargado a cambio de algunas condiciones electorales.

Poca capacidad para ajustar la narrativa y estrategias a los cambios globales

En el plano internacional, la cohesión opositora se ha visto afectada por una serie de eventos, normales en la dinámica política de la humanidad, pero para los cuales la oposición pareció no tener una respuesta audaz, oportuna y efectiva:

• La declaratoria de una pandemia por la COVID-19 en marzo de 2020, que puso fin a las movilizaciones de calle (en todo el mundo) y dio a los gobiernos autoritarios (de todo el mundo) excusas para controlar el acceso a la información.
• La sustitución de Donald Trump por Joe Biden en la Casa Blanca, sumado al fin del reconocimiento de la Unión Europea a Juan Guaidó como presidente encargado en enero de 2021, pasando a considerarlo como el interlocutor principal de la oposición.
• El cambio de tendencia de los gobiernos de América Latina entre 2020 y 2022 que han dejado al gobierno encargado sin los importantes apoyos de Argentina, Perú, Colombia (incluida la devolución de Monómeros a Maduro) y ahora Brasil.
• El estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022, que elevó los precios del petróleo y la gasolina y obligó a Estados Unidos a explorar posibles nuevos proveedores, entre ellos Nicolás Maduro.
• El establecimiento de una comunicación directa entre la Casa Blanca y Miraflores, sin participación del gobierno encargado, a partir de marzo de este año, que hasta ahora ha servido para intercambiar presos políticos estadounidenses por familiares de Maduro condenados por narcotráfico.

El golpe más reciente a la estabilidad y legitimidad internacional del GE se lo dio paradójicamente su principal aliado, Estados Unidos. On the record los voceros de Joe Biden sostienen que el reconocimiento al GE y a Guaidó se mantiene y no ponen fecha de término. Off the record la prensa internacional ha recogido impresiones de diplomáticos e incluso dirigentes venezolanos que hablan de un reconocimiento hasta enero de 2023.

Hace dos semanas, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo al Nuevo Herald que ese gobierno se mantendrá al margen de los acuerdos de la oposición venezolana sobre el destino del GE, mientras Juan Guaidó se mantiene en la narrativa de que esa instancia debe continuar y que su desaparición es equivalente a reconocer a Maduro.