Entre los hechos más recientes, destaca la intervención del Partido Comunista de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Para la consultora internacional y profesora universitaria, Eglée González-Lobato, la judicialización de los partidos políticos es la perversión de la justicia electoral.
Caracas. La transparencia de los próximos comicios previstos para 2024 está en la cuerda floja ante la negación del chavismo a la presencia de observadores internacionales, la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en partidos políticos.
El politólogo Fernando Spiritto asegura que estas medidas son maniobras políticas que se derivan de características muy enraizadas en el chavismo desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999.
“El chavismo tiene un fin único: conservar el poder, no importa cuál sea el costo. Este puede ser terrible para el país, pero a ellos no les importa, porque lo fundamental es que la élite que se mantenga en el poder. Ya lo han demostrado desde el mismo momento en que sacrificaron a Pdvsa, hasta las acciones que generaron hiperinflación”.
Spiritto parte de la premisa de que el chavismo, especialmente su versión madurista, se apoya en el uso de instituciones. “Su poder se basa en el control absoluto de los principales poderes junto con la represión. Es decir, no se apoyan en el pueblo, como tal vez en algún momento pudo darse”, explica.
“Lo que vamos a ver si se profundiza esta política de inhabilitación y de judicialización, es simplemente que los electores venezolanos no van a tener capacidad de elegir como se supone que se debe hacer en una democracia plena”.
Engrosa la lista
Entre los hechos más recientes, destaca la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV) por parte del TSJ el 11 de agosto.
El Tribunal entregó los principales cargos del partido a una nueva directiva más afín al gobierno de Nicolás Maduro. La decisión pone de manifiesto, una vez más, la fragilidad del derecho a la asociación en el país, añadió Spiritto.
Sin embargo, la historia es de larga data. Tanto opositores como partidarios del oficialismo han visto cómo los magistrados destituyen a sus autoridades y les imponen unas nuevas, bajo el pretexto de “fomentar la democracia interna”.
Desde 2012, la Sala Constitucional ha designado juntas directivas a partidos políticos de oposición. Entre ellos Acción Democrática (AD), Movimiento de Integridad Nacional (MIN), Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Primero Justicia (PJ), Nueva Visión para Mi País (Nuvipa), Voluntad Popular (VP) y Bandera Roja (BR).
Asimismo, algunos partidos de izquierda también han sido objeto de intervención. En este grupo están el movimiento Por la Democracia Social (Podemos), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), el partido Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro.
En todos los casos, las nuevas juntas impuestas deben encargarse de que los “procesos democráticos internos del partido garanticen los derechos a la participación política de los asociados”.
Una democracia en crisis
Para Eglée González-Lobato, consultora internacional y profesora universitaria, el sistema político en Venezuela es prácticamente una democracia segmentada, en la que no se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
González-Lobato argumentó que la judicialización de los partidos políticos es una de las causas del declive de esta forma de gobierno.
“En el proceso de judicialización se distingue un patrón y es que han ocurrido en momentos previos a procesos electorales decisivos. Incluso, se han producido después que la convocatoria a la elección se ha hecho y exactamente antes de las postulaciones. En la mayoría de los casos, la judicialización de los partidos busca aparentar una participación plural de las diferentes tendencias políticas”.
A su juicio, la judicialización de los partidos políticos es la perversión de la justicia electoral.
La especialista alegó que sustituir a la junta directiva sin que medie un debido proceso, que ni siquiera consagra una audiencia de los afectados, evidencia la falta de separación de poderes para la utilización del TSJ de vías procesales propias del contencioso electoral como instrumento político.
“Hay que tener en cuenta que, incluso en aquellos casos donde se dejó sin efecto la medida que nombró la junta directiva de Primero Justicia en agosto del año 2020, el daño causado fue prácticamente irreparable con miras a su participación en las elecciones parlamentarias de diciembre 2020. Se despojó al partido de su principal vehículo de acción, se dividió a la militancia y se imposibilitó a muchos de ellos usar sus marcas, signos y emblemas para lograr captar votos en una campaña que tuvo que desafiar la inequidad en redes sociales y las limitaciones causadas por la pandemia”.
Devolver los partidos
Spiritto cree que la oposición no tiene otra alternativa que no sea la unidad. “Siempre lo he dicho, la unidad es el mejor candidato y además un incentivo para que la gente se movilice”.
“Si el pueblo ve una alternativa fuerte, unida, que tiene un discurso coherente, un programa serio, pues se va a movilizar, independientemente de la persona. La persona es importante, pero la unidad es mucho más”.
Sin embargo, no considera que sea posible la recuperación de la autonomía de los partidos, a no ser que haya un profundo cambio político en el país.
“Solo tendría que venir un cambio político profundo derivado, por ejemplo, de un desplazamiento del poder de la élite chavista o un acuerdo de alto alcance, donde las partes se comprometan a respetar los acuerdos y que uno de ellos sea el devolver los partidos a sus legítimas autoridades”, expuso Spiritto.
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