Este miércoles saldrá un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile con 100 migrantes venezolanos y colombianos expulsados. Se trata del Plan Colchane ordenado por el Gobierno chileno, este dará inicio a una serie de deportaciones; entre las medidas, la respuesta humanitaria no tuvo lugar.

Caracas. En las últimas semanas han llegado 1800 migrantes y refugiados a Colchane, una comuna ubicada en el altiplano andino en el norte de Chile, en la región de Tarapacá. La mayoría son venezolanos que han cruzado caminando esta zona fronteriza con Bolivia.

Esta situación generó una alerta en el Gobierno de Chile. Este martes tres ministros visitaron la comuna y anunciaron el Plan Colchane, la principal medida es la expulsión de quienes ingresen irregularmente al país. Para este miércoles 10 de febrero está programada la expulsión de 100 personas, entre venezolanos y colombianos, en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile. Esta será la primera de una serie de deportaciones. 

Tenemos una comunicación a nivel consular expedita con las autoridades venezolanas, lo que va a significar que en las próximas semanas podamos tener un flujo de expulsiones administrativas mucho mayor, aseguró Andrés Allamand, ministro de Relaciones Exteriores desde Colchane. Afirmó que tienen la autorización del Gobierno de Venezuela, que recibirá a las personas expulsadas. 

En Colchane quedan entre 600 y 800 migrantes pernoctando y deambulando, aseguraba un reportero en un pase informativo de Chilevisión Noticias. Estas personas pasan la noche a la intemperie, con temperaturas bajo cero. Llegó a haber 2000 migrantes en un poblado donde residen un poco más de 1700 habitantes. Por lo que  se dispuso un plan de buses para llevar a las personas a residencias sanitarias en Iquique, una ciudad de la región de Tarapacá. 

Datos del Ministerio de Interior indican que en 2020 hubo aproximadamente 13.000 ingresos irregulares a Chile.

Según el Servicio Jesuita a Migrantes de Chile han tenido reportes de 300 ingresos diarios en días álgidos, regularmente podrían ser 150. “Es una comuna chiquita que hoy tiene casi la misma cantidad de migrantes que el poblado”, dice Waleska Uretam, directora del Servicio Jesuita a Migrantes en Chile. 

El Plan Colchane apuesta por la expulsión. En las voces de los ministros no hubo medidas de asistencia humanitaria. “Tenemos herramientas como el Decreto 265, que da mayor atribuciones y vamos a tener una Ley Migratoria que también lleva más herramientas  para poder expulsar más rápidamente a las personas que ingresen de manera irregular al país”, anunció Rodrigo Delgado, ministro de Interior. También manifestó que van a “perseguir a aquellas personas que les den trabajo a quienes hayan entrado de manera ilegal al país”. 

El Decreto 265  habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar en el control del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en el norte del país. Esta modificación fue firmada el 12 de enero de 2021 por Sebastián Piñera, presidente de Chile. Mientras que la reforma de la Ley Migratoria fue un proyecto de 2018 para la “entrada ordenada, legal y segura de los extranjeros”. 

“Después de tanto tiempo acá, pasando trabajo, frío y nos vayan a devolver. Nos fueran dicho cuando entramos en la frontera de Bolivia que no nos iban a ayudar, que nos regresáramos”, dijo una venezolana a Chilevisión Noticias. En la zona fronteriza se mantienen el Ejército y los Carabineros. El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, informó que el personal ahora contará con un dron que tiene 14 horas de vuelo “para detectar a muchos kilómetros a quienes intenten ingresar al país”. Además de otros “elementos” de la Fuerza Armada para la labor en los ingresos migratorios.

La crisis humanitaria compleja en Venezuela ha obligado a 5,4 millones de personas a huir desde 2015. Para Ureta los venezolanos están en búsqueda de protección y subsistencia: “Hemos planteado que es una crisis migratoria y que trasciende el tema migratorio, por lo tanto, las respuestas deben ser desde el punto de vista humanitario”. Aclaró que el Estado tiene el deber de cuidar las fronteras y protegerlas del tráfico; pero explicó que esta situación de militarización también envía el mensaje de “criminalización de la migración”. 

Quienes llegan a Colchane se enfrentan a una situación dramática porque no tienen techo. Ureta aboga por que se reconozca la crisis humanitaria y se genere una respuesta regional y coordinada que responda a las necesidades de los refugiados al llegar: alimentación, cobijo, reunificación familiar, recursos para trasladarse, kit de higiene.  

La sensibilización y la solidaridad también son clave, dijo. “Cómo los Estados educan e informan sobre los temas que están sucediendo en los países, sobre la interculturalidad y los temas migratorios, para así ir generando empatía ante la crisis humanitaria”, opinó Ureta. 

Desde abril de 2018, Chile anunció la Visa de Responsabilidad Democrática para los venezolanos, que permite una residencia temporal durante un año, prorrogable por una vez. Luego, en  junio de 2019, entró en vigencia el Visto Consular de Turismo. 

Foto referencial desde Colchane: OIM Chile.


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