Marino Alvarado, coordinador de Accesibilidad de Provea, y el padre Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, fueron demandados por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, por presunta difamación. Joel García, abogado de los defensores, denunció que el Circuito Penal no le permitió la designación como defensor por “cuestiones territoriales”.

Caracas. “Los acusados trataron de designarme como abogado defensor en el Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas y no fue posible”, explicó el abogado Joel García, sobre la demanda presentada por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en contra Marino Alvarado, coordinador de accesibilidad de Provea, y el padre Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla.

La designación de García como abogado de los defensores de derechos humanos intentó llevarse a cabo el miércoles 18 de mayo, pero no fue posible por “cuestiones territoriales”, explicó García, quien añadió que, dentro del Circuito Penal, alegaron que dicha presentación debía ser en el estado Carabobo.

Alvarado e Infante fueron demandados por el gobernador Lacava por presunta difamación, tras la publicación del informe Lupa por la Vida, un proyecto del Centro Gumilla y Provea, acerca las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

“La competencia territorial viene dada por donde se cometa el delito. Si es así ¿por qué un tribunal del estado Carabobo va a admitir una acusación cuando presuntamente el delito de difamación se cometió en Caracas? Es un tribunal del Área Metropolitana de Caracas quien debiera estar conociendo de esta acusación. Desde ya comienzan a cercenar el derecho a la defensa”, dijo el abogado.

Añadió que ante la negativa de la designación ante un tribunal de primera instancia en función de control de Caracas, acudirán a Carabobo para que sea un tribunal de control de este estado el que permita la designación de García como defensor técnico de la parte acusada.

Luego de esto acudirán al tribunal tercero de juicio para el establecimiento de una fecha del acto de conciliación. “En ese acto las partes vamos a establecer un diálogo a ver si es posible conciliar o no. De no prosperar la conciliación, vamos a tener que ir a juicio oral y público donde se determinará la responsabilidad de Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante”, explicó García.

Sobre este caso, Marino Alvarado y el Padre Infante apuestan por la conciliciación. “Apostamos por conciliar. Nuestra idea no es confrontar. Se trata de que en Venezuela se le ponga un coto a las violaciones de derechos humanos y ese es el trabajo de las organizaciones civiles”, añadió García.

Investigación de ejecuciones extrajudiciales

Ante este acto de conciliación, la parte acusada planea presentar ante el gobernador Lacava una propuesta de investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas en el estado Carabobo en el 2021.

“Le proponemos al señor gobernador Lacava crear una comisión integrada por el delegado del estado Carabobo de la Defensoría del Pueblo, el fiscal superior de Carabobo, una representación de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, de la gobernación, de Provea y del Centro Gumilla para que analicemos las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el estado Carabobo”, explicó Alvarado.

El padre Infante reiteró que el informe Lupa por la Vida no es en contra de algún funcionario público. “Recomendamos presione a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que abra una investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales . Si así lo hiciera, estaría asentando un precedente importante en materia de derechos humanos en nuestro país”, expresó Infante sobre el gobernador Lacava.

Según los datos del informe Lupa por la Vida, una alianza entre el Centro Gumilla y Provea, en el 2021, en el país se contabilizaron 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 221 tuvieron lugar en el estado Carabobo, solo por debajo del estado Zulia que registró 234. Casi 100 % de las víctimas son jóvenes de sectores populares del país, explicó el padre Infante.

“En Venezuela está instalado desde hace mucho tiempo un imaginario que criminaliza a los jóvenes de nuestros barrios. Pareciera que para los planes de seguridad del Estado, ser joven, varón y de origen popular es equivalente a delincuente”, añadió Infante.

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