Provea ha registrado 50 muertes a manos de grupos de choque en la gestión de Nicolás Maduro. Por otro lado, durante los seis días del apagón nacional, la presencia de estos grupos abarcó 88 % del país, a excepción de los estados Amazonas, Falcón y Nueva Esparta.

Caracas. “Les hago un llamado a los colectivos [o grupos de choque]. Llegó la hora de la resistencia activa”, dijo Nicolás Maduro el pasado lunes 11 de marzo, cuando se cumplió el cuarto día del apagón nacional. El llamado también fue a otras organizaciones políticas del chavismo como milicianos y consejos comunales para, supuestamente, mantener la paz en las comunidades.

Para Inti Rodríguez, defensor de Derechos Humanos y miembro de Provea, este es un patrón que se suma a los tantos otros que ha utilizado el Gobierno para consolidar un “terrorismo de Estado”.

Rodríguez asevera que los grupos de choque acataron el llamado. El Observatorio  de Conflictividad Social (OVCS) y Provea registraron cinco muertes durante las protestas por el apagón en todo el país. Cuatro de ellas fueron a manos de civiles armados.

Desde que comenzaron las protestas este año, el 23 de enero, hay nuevos patrones que interactúan con unos no tan novedosos. En primer lugar, observamos a principios de año el uso excesivo de la fuerza por grupos élites, como fue el caso de las FAES. Ahora vemos que colectivos se suman a las actuaciones de represión en conjunto con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque esto mismo ocurrió en las protestas de 2014, acota Rodríguez.

Durante la gestión de Nicolás Maduro, 250 venezolanos han perdido la vida en contexto de manifestaciones, de acuerdo con cifras de Provea. De ese total, 50 han sido a manos de grupos de choque.

Geovanny Contreras, de 21 años, fue una de estas víctimas. Murió tras dos impactos de bala que, testigos aseveran, fueron disparadas por grupos paramilitares el pasado domingo 10 de marzo durante una manifestación pacífica en la avenida Bolívar de Santa Bárbara del Zulia. Su madre, Elvia Contreras, solo le pide a Dios que haga justicia. No cree en nadie más. “¿A quién más le voy a pedir justicia en este país? Si la justicia es lo que Maduro diga”, lamentó. Su hijo era un manifestante constante en el estado Zulia.

Por otro lado, el mismo lunes que Maduro hizo el llamado a los colectivos, tres jóvenes murieron en el estado Lara. Uno de ellos era menor de edad. Se llamaba Omar Enrique Velásquez y tenía 15 años. Junto con él murió Luis Alberto Materán Ojeda, de 31 años. El hecho ocurrió en Cabudare, en la avenida 9, sector La Mata. Ambos participaban en una manifestación pacífica en rechazo al apagón y en reclamo de servicios básicos de calidad.

Velásquez recibió un impacto de bala en el tórax e inmediatamente fue trasladado al Hospital Central de Barquisimeto. Pero falleció luego de siete horas hospitalizado. Materán murió en el lugar tras dos disparos. El OVCS subrayó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a tres civiles que son propietarios y empleados de un local comercial y que fueron responsabilizados por los hechos.

El tercer caso en Lara ocurrió en la ciudad de Barquisimeto y también fue por el accionar de un civil armado el lunes 11 de marzo. La víctima fue Ángel Reyes, de 23 años, quien en un intento de saqueo en sector Ruiz Pineda, recibió un impacto de bala en la clavícula. Al poco tiempo, ingresó sin signos vitales al Seguro Pastor Oropeza.

El Estado tiene como objetivo reprimir para permanecer en el poder. Sin embargo, la búsqueda de libertad y garantía de los derechos es lo que mantiene a los venezolanos firmes y pacíficamente en las calles, comentó el director del OVCS, Marco Ponce, quien asevera que a pesar de la persecución los ciudadanos no se han callado.

Afirmación que concluye luego de que registraron 1600 protestas en febrero de este año, lo que se traduce en 56 diarias y representa un incremento de 260 % en comparación con el mismo período del año pasado, donde hubo 594.

Por otro lado, Ponce recordó que en el 2018 en Venezuela se presentó una cifra récord de protestas con 12.715, equivalente a 35 protestas diarias, cifra que representó un aumento de 30 % con respecto al 2017, cuando se documentaron 9787 manifestaciones, con un promedio diario de 27.  “Sin duda, los venezolanos se mantienen firmes en sus exigencias y continúan protestando para exigir un cambio de Gobierno”, acotó.

Pero, entre la solicitud de esas exigencias, la represión del Estado sigue cobrando víctimas.

La quinta persona que murió durante las protestas del apagón fue Antonio Velásquez, de 28 años. El comerciante informal salió a la calle la mañana del lunes 11 de marzo a vender cocos —su producto principal— junto con su esposa y sus dos hijos, de uno y cinco años. La familia quedó atrapada en medio de un saqueo que realizó un grupo en la calle Bolívar, en las inmediaciones del Mercado de Puerto Píritu, en Barcelona, estado Anzoátegui. La Policía Municipal de Peñalver apareció en el lugar a las 11:00 a. m. para, supuestamente, controlar los robos. No obstante, empezaron a disparar en el lugar y unas de esas balas atravesó el hígado de Antonio. Casi seis horas luchó este hombre por su vida, hasta que murió a las 6:00 p. m. en el hospital Luis Razetti. La esposa de la víctima, Doly Rondón, así como la hermana, Julia Velásquez, pondrán la denuncia ante la Fiscalía 19.

El conflicto social del país adoptó una nueva dinámica. El país se despolarizó y se desterritorializó. Este año ha habido una participación importante de los sectores populares en las manifestaciones, que han sido los más golpeados por la crisis y Maduro quiere aplacarlos. Intenta enviar un mensaje de que en los barrios no se protesta, concluyó Inti Rodríguez.

Por otro lado, Ponce agregó que fueron más las protestas pacíficas que violentas durante los seis días del apagón nacional. No obstante, no deja de mencionar que en más de la mitad del país hubo saqueos, específicamente en 14 estados, siendo Zulia uno de los más afectados. Igualmente, subrayó que en 88 % del país hubo presencia de colectivos armados, excepto en Amazonas, Falcón y Nueva Esparta.

300 detenidos en menos de una semana

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, anunció que 124 personas fueron detenidas durante manifestaciones pacíficas por el apagón. A ese número se le suman otras 200 aprehensiones que ocurrieron durante los saqueos en esos días.

Ha aumentado en más del 300 % el número de presos políticos desde enero hasta ahora. Las torturas son tantas que lamentablemente han pasado a ser algo regular, advirtió. En total, hay 911 presos políticos en Venezuela. Romero agregó que la lista completa de estas personas la tiene la misión técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se encuentra en el país desde esta semana y que fue enviada por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Si aquí no se garantiza que la alta comisionada visite y hable con cada uno de los presos políticos, no tiene ningún sentido su visita al país. Estaríamos hablando de una visita turística en la que el Gobierno los llevará a los lugares que les conviene. Así ocurrió en el centro de reclusión Hombre Nuevo, que se encuentra al lado de la cárcel de Tocuyito. Sacaron a todos los presos de Pdvsa y les mostraron una cárcel maquillada. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia en regímenes dictatoriales, dijo Romero.

Le recomendó a la misión hablar con las víctimas. Mencionó casos como el del coronel José Rommel Acevedo o el del médico José Alberto Marulanda, quienes han sido asfixiados con bolsas plásticas y golpeados por funcionarios del Estado en la cárcel de Ramo Verde.


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