Venezuela debe pagar $1400 millones a Crystallex, como parte de una indemnización, luego de un proceso de arbitraje que introdujo la multinacional por la expropiación que lideró Hugo Chávez en 2008.
Caracas. En 2008 Hugo Chávez comenzó una ola de expropiaciones que a la fecha sigue sin resolverse. Multinacionales, campesinos y comerciantes fueron blanco del fallecido presidente. Once años después de las medidas autoritarias que lideró el fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) algunos empiezan a recuperar lo que perdieron. La canadiense Crystallex, por ejemplo, ganó un arbitraje ante una corte internacional que le permite tomar activos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La decisión molesta al gobierno de Nicolás Maduro y salpica a la administración actual de Citgo, que es controlada por el opositor Juan Guaidó.
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En 2002 Venezuela concedió a la empresa canadiense Crystallex la explotación de la mina de oro Las Cristinas, ubicada al sur del estado Bolívar. Seis años después, en 2008, Hugo Chávez llevó a cabo un proceso de nacionalización que desencadenó una demanda internacional por parte de la compañía.
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Venezuela debe pagar 1400 millones de dólares a Crystallex, como parte de una indemnización, luego de un proceso de arbitraje que introdujo la multinacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que culminó en 2014.
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En 2017 Crystallex metió una demanda contra Pdvsa para que fuera la estatal la que pagara por la expropiación de 2008. La República Bolivariana de Venezuela abandonó el caso y pasó a manos de Pdvsa, lo que produjo la primera sentencia en contra en 2018.
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En octubre de 2018 la República Bolivariana de Venezuela retomó el caso, sin aclarar el cambio de decisión y sin incluir a Pdvsa llegó a un primer acuerdo con Crystallex para un pago de 425 millones de dólares, explica el economista Alejandro Grisanti, director de la junta directiva ad hoc de Pdvsa designada por Juan Guaidó.
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La primera sentencia se dictó en agosto de 2018, cuando comenzó la segunda instancia. En febrero de 2019 ya no había posibilidad de introducir nuevos alegatos, según asegura la junta administradora ad hoc de Pdvsa.
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El 29 de julio una corte federal de Estados Unidos rechazó una apelación del gobierno de Nicolás Maduro y ratificó la decisión de permitirles tomar activos de Citgo, filial de Pdvsa en ese país.
- La junta administradora ad hoc afirma que solicitaron una orden ejecutiva al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para proteger los activos de Venezuela que se encuentran en territorio estadounidense. Al 1° de agosto no había sido concedida, debido a que alegan que las sanciones de ese país protegen los activos venezolanos, a excepción de los bonistas del Pdvsa 2020 por el que poseen licencia.
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