Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas, indicó que estas deudas fueron contraídas “sin disponibilidad presupuestaria y sin verificación de los requisitos jurídicos para ello”.
Caracas. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015 aprobó $18.749.681,49 para el pago de “deudas sostenidas con las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados, en cortes y tribunales extranjeros en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano (…) contraídas durante los años 2019-2020”.
La instancia también aprobó un segundo acuerdo en el que permite a las autoridades designadas por el gobierno interino, al frente del Banco Central de Venezuela y de Pdvsa, pagar “deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de sus activos”. En el caso del BCV, el monto asciende a $1.053.052,86, mientras que la industria petrolera podrá efectuar pagos por un total de $7.560.544,46.
Durante el debate de este martes, el presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Paparoni (Primero Justicia), indicó que tras hacer un análisis de la documentación presentada por la Procuraduría Especial de la República del gobierno interino y del “Consejo Nacional de Defensa Judicial”, la instancia que preside concluyó que las “contrataciones que dieron lugar a las deudas señaladas previamente fueron realizadas sin disponibilidad presupuestaria y sin verificación de los requisitos jurídicos para ello”.
Sin embargo, matizó esta afirmación indicando que “se reconoce que dichas contrataciones fueron realizadas en un contexto de crisis política y humanitaria que ha supuesto fuerte limitaciones materiales e institucionales”. En el acuerdo se plantea “exigir a la Procuraduría Especial de la República subsanar los errores procedimentales, realizando el procedimiento de contratación y autorización conforme a lo establecido en las leyes de la República, y estableciendo montos de los mismos”.
Además, se especifica que “cualquier requerimiento de recursos adicionales debe ser a partir de una extensión del contrato también debidamente autorizada por el Consejo Nacional de Defensa Judicial”. En el texto se solicita a la Procuraduría la presentación de un informe “sobre las posibilidades de la República y de otros entes del Estado de obtener o no decisiones favorables en los litigios cursados en tribunales extranjeros”, y otro “con el presupuesto de gastos, desagregado caso por caso e indicando el total para el año”.
También se aprobó “designar una comisión especial que revise junto con el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la Procuraduría Especial de la República y las juntas ad hoc involucradas la situación actual de los litigios, para desarrollar lineamientos de un proceso de subsanación de los fallos ocurridos en el proceso de contrataciones”.
Condenan ataques a medios
En el texto del primer acuerdo se lee que los pagos se aprueban considerando que “resulta imperativo hacer frente a las deudas relativas al pago de deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de los activos de la República y sus entes descentralizados”. El actual procurador es el abogado Enrique Sánchez Falcón, quien fue designado en junio de 2020. Antes de esa fecha ocupó el cargo el abogado José Ignacio Hernández, quien fue designado en febrero de 2019.
El pasado 26 de diciembre la AN elegida en 2015 aprobó su “continuidad constitucional” por el “período anual adicional 2021-2022” a través de la modificación del llamado “Estatuto que Rige la Transición”, al considerar fraudulentos los comicios del 6-D. Ahí también se establece que al Parlamento funcionará a través de la Comisión Delegada durante todo este lapso, una instancia integrada solamente por los tres miembros de la junta directiva y los presidentes de las 15 comisiones permanentes del Legislativo. Esta decisión ha sido cuestionada por antiguos aliados del Guaidó dentro y fuera de Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos y el Reino Unido, en donde están parte de los activos venezolanos en disputa, han señalado que siguen reconociendo al gobierno interino de Gauidó.
Los parlamentarios también lamentaron el procedimiento que adelantaron el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en la sede en Caracas de VPItv que obligó al medio a cesar operaciones, luego de que fueran despojados de todos sus equipos. También rechazaron los procedimientos, agresiones verbales y ataques cibernéticos en contra de Panorama, Efecto Cocuyo, diario TalCual, Caraota Digital, El Pitazo y Radio Fe y Alegría.
Jony Rahal, presidente de la Comisión de Medios, recordó que el actual director de Conatel, el general de brigada (GNB) Jorge Eliezer Márquez Monsalve, fue sancionado por la Unión Europea el año pasado.
“Queremos recordarles a los funcionarios de Conatel, del Seniat, hablo de los subordinados, no de los usurpadores, que son los que mandan a ejecutar esas órdenes, que sepan que están cometiendo delitos de lesa humanidad. Que sepan que las acciones que están emprendiendo van a generar consecuencias negativas contra ustedes; no sean cómplices de la dictadura, de la ejecución de delitos de lesa humanidad, porque eso no prescribe”, señaló.
Foto: Archivo/ Cortesía prensa AN
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