Dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acudieron a la sede de la organización no gubernamental Provea e indicaron que tenían órdenes superiores para asistir a la rueda de prensa de familiares de trabajadores detenidos por el gobierno de Maduro.
Caracas. Una hora después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas presentó su informe acerca de las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cometió un nuevo acto de hostigamiento y amedrentamiento contra familiares de víctimas de la persecución en el país y activistas.
A las 10:30 a. m. del martes, 20 de septiembre, dos funcionarios del Sebin –uno de ellos encapuchado– intentaron entrar a la sede de la organización Provea, donde se llevaba a cabo la rueda de prensa de los familiares de seis trabajadores detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Funcionarios del SEBIN intentaron ingresar a sede de PROVEA, Caracas, para intimidar a familiares de los trabajadores (Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Emilio Negrin y Reynaldo Cortés) quienes realizaban una rueda de prensa por su libertad #20Sep pic.twitter.com/7XyyLrlDUf
— PROVEA (@_Provea) September 20, 2022
Los efectivos no tenían orden judicial para entrar a la sede de la organización, que por primera vez en 20 años recibió la visita de un cuerpo de seguridad del Estado, pese al hostigamiento público que han recibido en varias oportunidades por parte de actores del gobierno de Maduro.
“Dijeron que tenían órdenes superiores de su presencia en la rueda de prensa de los trabajadores detenidos. Este es un nuevo acto de hostigamiento y de intimidación contra los familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Hemos visto cómo en cada actividad de calle (hay) trabajadores del Sebin tomando fotos a los asistentes y son diversos actos que constituyen una escalada en esto que hemos denominado el progresivo cierre del espacio cívico”, explicó Inti Rodríguez, coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea.
El activista de los derechos humanos aseguró que la presencia del Sebin en la sede de la ONG forma parte del hostigamiento y de la persecución con los que se busca evitar denuncias y que las personas se inhiban de ejercer la defensa de los derechos humanos.
En la sede de la ONG estaban los familiares de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Emilio Negrín y Reynaldo Cortés, detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) y el Sebin. Los acusan de delitos como el terrorismo y asociación para delinquir.
¿Quiénes son los detenidos?
- Emilio Negrín: presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial. Lo detuvieron el 5 de julio, en El Junquito, Caracas.
- Alcides Bracho: líder social, profesor universitario e integrante del partido político Bandera Roja. Lo sacaron de su casa el lunes, 4 de julio.
- Reynaldo Cortés: coordinador de Bandera Roja en Guárico, fue detenido el 7 de julio en San Juan de los Morros, estado Guárico.
- Néstor Astudillo: miembro de Bandera Roja, lo detuvieron el 6 de julio, en Charallave, estado Miranda.
- Alonso Meléndez: militante de Bandera Roja, lo aprehendieron el martes, 5 de julio en el estado Falcón.
- Gabriel Blanco: sindicalista y activista de los derechos humanos. Su detención se ejecutó en Coche, Caracas, el 7 de julio.
Sebin responsable de presuntos abusos
Rodríguez indicó que el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU señaló al Sebin como uno de los principales responsables de la comisión de abusos contra los derechos humanos en el país.
“El informe destaca que el Sebin está incurso en hechos de tortura, delitos sexuales contra detenidos y que responde a las directrices de Nicolás Maduro, algo que ya hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo desde Provea y otras organizaciones”.
Añadió que, a pesar de los “esfuerzos” del gobierno de Maduro por tratar de brindar una apariencia de justicia, aún ocurren situaciones preocupantes en materia de derechos humanos. Resaltó que reina la impunidad, pues ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público investigan estos hechos.
“Se sigue hostigando a quienes defienden los derechos humanos. Se sigue persiguiendo a la disidencia política y se siguen usando a los cuerpos de seguridad y a los órganos del sistema de administración de justicia como instrumentos para la persecución, la criminalización y para la revictimización de las personas que han sido víctima de violaciones de los derechos humanos”.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó al menos 300 casos de persecución y criminalización en Venezuela, durante el primer semestre del 2022. En promedio, cada 14 horas una persona u organización fue perseguida o criminalizada por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En el monitoreo Cepaz identificó que el Estado criminalizó a 15 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. La cifra representa 5 % de la totalidad de las víctimas.
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