Luego de 15 días desde que se publicó la investigación en The Washington Post, acerca de sacerdotes implicados en casos de violencia sexual, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) dijo que se reservan los datos sobre los casos de abuso.
Caracas. Después de 15 días de la denuncia publicada por el medio The Washington Post, sobre casos de abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunció sin dar demasiada información que pueda contrarrestar las acusaciones.
El primer vicepresidente de la CEV, monseñor Mario Moronta, aseguró que los datos de abuso sexual que se publicaron en la investigación se mantienen bajo confidencialidad por respeto a las víctimas. Asimismo, enfatizó en que la iglesia adelanta un seguimiento independiente a los casos.
“En nuestras diócesis hemos establecido mecanismos para recibir las denuncias de presuntos abusos. Alerto que la iglesia en Venezuela es consciente de la gravedad de estos hechos, y de acuerdo con las normas establecidas por los últimos papas, ha recibido, en las diócesis, las denuncias que se le han presentado”, dijo Mario Moronta, primer vicepresidente de la CEV.
La investigación de la periodista Ana Vanessa Herrero, en The Washington Post, reveló que un sacerdote del estado de Lara, identificado como Luis Alberto Mosquera, recibió condena en 2006. Entonces le dictaron más de siete años de prisión por abusar de un menor de edad.
Al respecto, Moronta desmintió que existan sacerdotes que estén reincorporados a su ejercicio luego de las acusaciones de abuso sexual.
Dos versiones
Según Herrero, quien investigó durante dos años, Mosquera no terminó su sentencia y regresó a la iglesia. “Una foto publicada en su página de Facebook en 2016, y republicada en 2017, lo muestra rodeado de niños”, escribió la periodista en su trabajo publicado el 21 de junio.
Por lo que Moronta replicó que este a sacerdote lo suspendieron del ejercicio del ministerio “a lo largo de este año”. Agregó que el proceso contra Mosquera se habría retomado, de acuerdo con las normas de la iglesia. Sin embargo, no precisó la fecha de la destitución.
“Los acusados de cometer abusos ya no pueden seguir ejerciendo el sacerdocio. Hay un sacerdote en la cárcel por condena de abuso a menores”, puntualizó Moronta. No obstante, no detalló la situación legal de los sacerdotes denunciados.
En la investigación publicada por Herrero, también detalló que hay 10 casos más que involucran denuncias de abuso sexual infantil examinados por The Washington Post en los últimos dos años.
“En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, encontró sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión. En al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio”, dice parte de la investigación.
También detalló que constituyeron una Comisión de Prevención. El comité está conformado por obispos, presbíteros, religiosas y fieles laicos sensibilizados en la materia. Todos tienen la facultad de recibir las denuncias de presuntos abusos.
Moronta aclaró que cada diócesis, de acuerdo con el orden jurídico, es autónoma. Además, se ayudan mutuamente y comparten informaciones. Pero en cualquier caso de gravedad se informa de manera directa al obispo y autoridades del Vaticano.
No se oponen a las investigaciones
En el comunicado, que presentaron en la rueda de prensa, de este miércoles, 6 de julio, resaltaron que los obispos no se oponen a la investigación en materia de abusos.
Señaló que algunos sacerdotes y otros miembros de la iglesia, a quienes implicaron en estos casos, se presentan ante la justicia de acuerdo con el ordenamiento legal civil.
El monseñor añadió que trabajan para que la iglesia sea un lugar seguro para todos. Para esto promueven iniciativas que buscan brindar información y formación a los agentes de pastoral. En estas actividades se orienta sobre la cultura del buen trato y la prevención de abusos.
“Nos sentimos profundamente consternados y dolidos ante las situaciones de abusos que se presentan”, enfatizó Moronta.
ONG exigieron sanciones a sacerdotes
Un día después de la publicación de la periodista Ana Vanessa Herrero, la organización Cecodap reiteró la importancia de investigar los hechos. También destacó la necesidad del acompañamiento a las víctimas por parte del Estado y la sanción a los responsables por estos casos de pederastia.
“Ocultar o silenciar este tipo de casos profundiza la violencia, genera nuevas víctimas y normaliza la agresión. Insistimos que la violencia sexual tiene un efecto devastador en los niños, especialmente cuando el victimario es una persona de confianza o que ejerce autoridad”, escribió la organización defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia en sus redes sociales.
Ante la documentación de casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia Católica venezolana, @Cecodap reitera la importancia de investigar los hechos, el acompañamiento a las víctimas por parte del Estado y la sanción a los responsables
— Cecodap (@cecodap) June 22, 2022
Después de una semana, 66 organizaciones no gubernamentales se pronunciaron ante el trabajo de investigación. En carta abierta exigieron a las autoridades venezolanas y a la Iglesia Católica que se investiguen los casos de abusos sexual cometido hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sacerdotes.
“Ante la denuncia y documentación de casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia Católica venezolana, así como de otras religiones, que han sido protegidos en complicidad de dicha institución. Negando a las víctimas de estos casos el derecho a ver justicia sobre sus abusadores; las organizaciones feministas; de Derechos Humanos de las mujeres; niños; niñas y adolescentes, condenamos estos hechos y exigimos sanción a los responsables”, reza el comunicado.
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