Crónica Uno

Corte Marcial ratifica condena contra Rubén González

Rubén González

Foto: Cortesía

La Corte de Apelaciones declaró sin lugar la apelación que solicitó la defensa del dirigente sindical de Ferrominera Rubén González. Las próximas vías son la Sala de Casación del TSJ y el Tribunal de Ejecución.

Puerto Ordaz. El secretario general de Trabajadores de Ferrominera, Sintraferrominera, Rubén González, seguirá detenido, por cuanto la Corte Marcial declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa. 

Miguel Ekar, uno de los abogados defensores, explicó que la boleta de notificación indica también que será el jueves 13 de agosto cuando se celebre la audiencia en la que darán el veredicto formal a las partes.

Ahora queda consultar con familiares para las vías a proceder, porque hay unas maneras para que Rubén salga en libertad”, agregó Ekar.

La audiencia de apelación se celebró el pasado 28 de julio. La Corte Marcial se reservó 10 días para dar su veredicto. Se esperaba que fuese el pasado 7 de agosto cuando se emitiera la notificación, y este martes celebrar la audiencia.

Estamos sorprendidos porque nunca pensamos que esta corte iba a ratificar la infamia contra Rubén González. Ratificaron algo que es indebido”, denunció Jorge Machuca, también abogado defensor del dirigente de Ferrominera.

Próximos pasos

La defensa cuenta con dos vías para intentar la libertad de González. Una de ellas es la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. La segunda opción es ir al Tribunal de Ejecución y pedir una medida humanitaria.

“Esa sentencia va al Tribunal de Ejecución, allí podemos pedir que se haga nuevamente la dosimetría de la cuantía de la pena, y con base en eso pedir la ayuda humanitaria por la enfermedad que tiene Rubén. Creo que eso es posible. Si uno apela por la Sala de Casación, se suspende la sentencia hasta que la Sala de Casación confirme o desista de esa condena”, explicó Machuca.

Boleta de notificación que emitió la Corte de Apelación. Foto Cortesía

La vía a tomar dependerá de la decisión del dirigente sindical y sus familiares, quienes evaluarán ahora la mejor alternativa para lograr la libertad de Rubén González.

Seguiremos trabajando por las vías constitucionales y legales para que Rubén González esté en su casa. Seguimos denunciando que es una violación contra su libertad, contra los derechos humanos y la libertad sindical. Seguiremos denunciando ante los organismos internacionales, porque es una detención sin fundamento. La Fiscalía Militar jamás demostró una prueba contundente para que a Rubén González se le acusara de estos delitos militares”, manifestó Degraim Marichales, yerno del dirigente sindical de Ferrominera.

Más de un año en prisión

La detención de Rubén González ocurrió el 29 de noviembre de 2018, en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui. Esa noche regresaba de Caracas, luego de una marcha de trabajadores que exigía respeto a sus contratos colectivos. Desde entonces ha estado ilegalmente bajo la justicia militar, recluido en la cárcel La Pica, en Monagas.

El juicio concluyó el 13 de agosto de 2019, cuando el Tribunal Quinto de Control Militar dictó condena de cinco años y nueve meses de prisión. Los delitos imputados fueron ultraje a la Fuerza Armada Nacional, ultraje al centinela y ataque al centinela. Solo este último lo desestimaron.

La defensa insiste en denunciar los vicios durante el juicio. Señala que la Fiscalía Militar utilizó un testigo falso. Se trataría de un presunto funcionario que no estuvo en los hechos.

La acusación contra el secretario general de Sintraferrominera se basa en los hechos del 22 de agosto de 2018, cuando una comisión de la Guardia Nacional intentó detenerlo durante una asamblea de trabajadores en el portón de Ferrominera, en Ciudad Piar, estado Bolívar.

Rubén González y otros trabajadores lograron huir, pero los funcionarios militares irrumpieron en su vivienda y rompieron uno de los paredones.

Esta es la segunda condena que enfrenta Rubén González. En septiembre de 2009 lo detuvieron por liderar una protesta laboral. En marzo de 2011 lo condenaron a siete años, seis meses y 22 días de prisión, pero dos días después el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia.

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