Cinco analistas y técnicos electorales consultados por Crónica.Uno apuntan que en plena pandemia lo más probable es que se posterguen los comicios para el 2021, pues hasta ahora no se han alcanzado acuerdos políticos y la designación de un nuevo árbitro electoral sigue paralizada. A esos obstáculos se añade la falta de gasolina y la sustitución de las 49.409 máquinas electorales que se quemaron en marzo en el galpón de Fila de Mariches.

Caracas. La renovación de los 167 diputados de la Asamblea Nacional (AN) no será tarea fácil. Por un lado está el brusco avance de la pandemia de la COVID-19, el colapso de los servicios públicos, y la escasez de gasolina. Y por el otro, la ausencia de acuerdos políticos que impulsen los comicios previstos para este año en la Constitución.

La renovación de las curules de la AN no figura en la agenda política de los sectores que se disputan el poder, ni en los ciudadanos afanados en sobrevivir a un país casi en ruinas. Ademas, en el Gobierno no parece haber certezas sobre si los comicios parlamentarios podrán o no realizarse.

A mediados de abril, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, declaró a una radio argentina que “no sabía” si iban a poder realizarse las elecciones, pues estaban enfocados en la COVID-19. Luego, el 14 de mayo, Maduro aseguró en una alocución que los comicios se realizarían este año si la pandemia lo permite. “Presenten a sus candidatos, vayamos a la elección de la AN”, dijo.

En las filas de la oposición todavía no hay acuerdos sobre si es conveniente o no participar en las elecciones. Además, la negociación con la bancada oficialista para la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) como primer paso para la organización de la contienda sigue paralizada. A este panorama de incertidumbre se suma la pérdida de las 49.409 máquinas de votación que se incendiaron el 7 de marzo en el galpón del organismo ubicado en Fila de Mariches.

Cinco expertos y técnicos electorales consultados por Crónica.Uno apuntan que en medio de estas circunstancias podría postergarse la elección hasta el próximo año, como una salida que implicaría la extensión del mandato de la actual AN, presidida por Juan Guaidó, sin que ello signifique una desventaja para el Gobierno.

Hasta el 27 de mayo, el Gobierno informó que en el país hay 1211 casos de COVID-19 y el número de fallecidos se eleva a 11.

Sin embargo, a finales de abril se encendieron las alarmas cuando la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales elaboró un modelo del comportamiento del pico de la curva de la enfermedad entre junio y septiembre de este año. Calculan que diariamente puede haber entre 1000 y 4000 ciudadanos contagiados con la COVID-19.

Alguien debe seguir al mando

Para Tulio Álvarez, profesor de la cátedra de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la opción más viable si se pospone la renovación del Parlamento es que la actual AN siga en funciones,  hasta ser sustituida por un nuevo cuerpo legislativo producto de unos comicios.

No puede haber un vacío institucional. Ya tenemos antecedentes en el ámbito municipal donde el mandato de los funcionarios ejecutivos fue prorrogado“, indicó

Otra posibilidad es que las actuales autoridades del CNE convoquen el proceso, pero en ese caso no habría ningún reconocimiento ni legitimidad, lo que agravaría el conflicto venezolano.

En un tercer escenario el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervendría a través de la Sala Constitucional para activar a solicitud de los interesados, especialmente el Gobierno, un mecanismo denominado ‘omisión legislativa’ que dejaría fuera de juego la designación de nuevos rectores por parte de la AN, y que, según Álvarez, significaría una acción ilegítima y no respaldada por diversos actores de la sociedad.

El especialista tampoco descarta que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un organismo de facto, nombre individuos a dedo para cumplir con la renovación del Poder Electoral lo que sería, a su juicio, una salida fraudulenta.

Para hacer una prórroga hay que respetar lo que está establecido en la Carta Magna y debe haber un cambio de circunstancias. Mientras Maduro siga en el poder poco importa si hay o no AN porque estaríamos ante una radicalización del régimen“, recalcó

Juan Manuel Rafalli, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción y los tratados internacionales, el derecho al sufragio y la participación no puede suspenderse a causa de un estado de emergencia. No obstante, hay condiciones estructurales que obstaculizan la posibilidad de hacer la elección en diciembre.

Rafalli enumeró como primer factor la necesidad de un consenso para establecer acuerdos en torno a los comicios. Detalló que ese pacto debe darse entre las fuerzas de oposición y los oficialistas para hacer un cronograma de actividades, que incluya la toma de medidas de seguridad contra el virus y la falta de gasolina, pues la falta de combustible es un problema fáctico que incidiría en la movilización y despliegue de la votación.

El Gobierno mantiene su ventaja 

Al hablar de las consecuencias que traería consigo el diferimiento de la votación, Félix Seijas, analista de la opinión pública y director de la encuestadora Delphos, señaló que aunque no se hagan las elecciones este año, el Gobierno se mantendrá en ventaja pues tiene a su favor la ANC y el Parlamento presidido por Luis Parra.

El experto detalló que las dos asambleas no reconocidas por la comunidad internacional le aportan seguridad al Gobierno y lo hacen sentir favorecido frente a una oposición que está limitada porque carece de estrategias y acuerdos.

Seijas puntualizó que si los comicios se pautaran para diciembre, las actividades de preparación de la contienda quedarían muy ajustadas, y solo se contarían con condiciones mínimas para organizarlas en un lapso no mayor a tres meses; siempre y cuando se resuelvan las dificultades técnicas con la compra de nuevas máquinas e infraestructura electoral.

Este escenario dependerá de que el Ejecutivo salga bien posicionado luego de la pandemia. Si aumentan los casos y se contagia una gran cantidad de población, eso le jugará en contra“, explicó.

El especialista aseguró que en el caso de que las elecciones sean pospuestas para el 2021, la oposición deberá mantener su legitimidad ante la comunidad internacional. Sin embargo, resaltó que el desafío —tanto si se convocan para este año como para el que viene—, será armar una campaña que convenza y movilice a la población, debido a la caída de la popularidad que enfrentan los opositores desde hace meses.

En medio de esta disyuntiva y con el tiempo en contra, el Comité de Postulaciones de la AN, órgano designado para convocar a los aspirantes a rectores del ente comicial, sigue paralizado. Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones del Poder Legislativo, explicó que a causa de la pandemia han avanzado poco, más allá de las conversaciones que los 21 miembros han sostenido a distancia.

En la AN nos mantenemos en contacto viendo cuándo podríamos tener una mediana normalidad para lograr algo, pero el comportamiento del virus es algo que el mundo está por descubrir, y que esperamos superar“, indicó.

No hay máquinas para tanta gente

En relación con las condiciones técnicas el panorama no es muy alentador. No hay máquinas y tampoco se sabe si el Poder Electoral o el Gobierno han gestionado la compra de estos equipos. En cualquier caso, la sustitución de los 49.409 equipos del sistema automatizado amerita tiempo y dinero.

Félix Arroyo, consultor de procesos electorales, enfatizó que para garantizar los comicios será fundamental adquirir nuevas máquinas, pero en plena cuarentena concretar la compra y entrega podría complicarse. Indicó que una elección democrática, justa y organizada requiere un tiempo mínimo de nueve meses de preparación.

El especialista apuntó que en el mercado internacional cada una de las máquinas que se quemaron —compradas a la empresa Smartmatic modelo SAES 4000— tienen un costo promedio de 1000 dólares y se necesitan 40.000 máquinas para hacer la votación en todo el país. “Eso equivaldría a unos 49 millones de dólares”, apuntó.

Aunque es posible retroceder a un sistema de conteo manual, Arroyo señaló que este tipo de votación le saldría más cara al Gobierno. Mientras que con el mecanismo automatizado se usan 40.000 boletas, en el manual se emplean unas 12.000.000 millones para los 20 millones de electores que están inscritos en el Registro Electoral y que están habilitados para ejercer el voto.

Por su parte Andrés Caleca, exrector del CNE, aseguró que lo más probable es que se prorrogue el mandato de los actuales diputados, como ya ha sucedido con los gobernadores y alcaldes ante diversas eventualidades.

A diferencia de otros analistas, insiste en la necesidad de buscar un consenso entre los factores en pugna, lo cual podría cambiar el panorama político en los próximos meses.

Coincidió con Arroyo al asegurar que unos comicios confiables necesitan, al menos, 10 meses de organización, pues una elección parlamentaria es técnicamente compleja ya que el sistema electoral venezolano es mixto; es decir, unos parlamentarios se escogen por votación nominal y otros por lista en los distintos circuitos del país.

Añadió que se requiere de logística para preparar el software de totalización —es decir, el sistema automatizado de conteo de votos—, que se transmiten a las Juntas Regionales Electorales, que según Caleca “están desmanteladas”, porque no han sido convocadas desde el 2018 cuando se celebraron las elecciones de gobernadores.

Por esa razón sus integrantes están dispersos y sin posibilidad de reunirse en pandemia. Tampoco se conoce si ya tienen suplentes. “Nadie sabe dónde están estas personas o si estarán dispuestas para estas elecciones. Es otra de la cajas negras del CNE”, enfatizó.

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