La Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado permitirá que todo venezolano que se considere victima de persecución, hostigamiento, tortura y ajusticiamiento presente su caso.
Caracas. 28 de febrero de 2023. Hasta ese día tendrán el Gobierno y el Ministerio Público para rebatir los argumentos del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y demostrar que sí están investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
El plazo se lo dio la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), la cual este 18 de noviembre de 2022 respondió el escrito que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría Tortosa, presentó una semana antes y en el que pedía tiempo para replicarle a Khan y, entre otras cosas, que no se permitiera participar en el proceso a los cinco países americanos (Colombia, Chile, Canadá, Perú y Paraguay) que 2018 presentaron la denuncia contra Venezuela.
“La Sala considera oportuno invitar a Venezuela a presentar cualquier observación adicional derivada de la solicitud del Fiscal, si así lo desea, a más tardar el 28 de febrero de 2023”, se lee en el auto, de 11 páginas de extensión.
Por otro lado, la Sala desechó la petición de las autoridades para impedirle a las víctimas presentar sus alegatos en este momento y, por el contrario, las invitó a ponerse en contacto con ella para exponer su parecer respecto a si consideran que la Fiscalía de la CPI debe conocer sus casos o no.
“La Sala ordena a la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas que se ponga en contacto con las víctimas y sus representantes legales, incluida la Oficina del Protección de Víctimas y los cuatro abogados venezolanos identificados, a fin de recabar sus opiniones o preocupaciones en relación con la solicitud de la Fiscalía, y preparar un breve informe en el que se resuman esas opiniones y preocupaciones. Dicho informe se presentará a la Sala a más tardar el 21 de marzo de 2023”, se lee en el documento.
Haciendo memoria
A principios de mes el fiscal Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares permiso para retomar las averiguaciones sobre Venezuela. Esto, tras considerar que las autoridades no habían mostrado “genuina” voluntad de castigar los crímenes detectados por el desde 2017.
¿La razón? De los 893 casos que el Ministerio Público le informó que había investigado 606 (67,86%) están en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera ha logrado determinar a los autores de los crímenes, pese a que han transcurrido más de cinco de años de los hechos. Y apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena definitivamente firme dictada por un juez.
Asimismo, denunció que las autoridades no han investigado a las cadenas de mando y que las reformas legales y administrativas para hacer más eficiente y eficaz al sistema de justicia no han rendido frutos o no se han aplicado.
Participa en la conversación