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Custodia de detenidos en Dgcim y Sebin pasará al Ministerio Penitenciario 

Dgcim

Foto: Tairy Gamboa

En Gaceta Oficial el gobierno de Nicolás Maduro ordenó que las funciones de custodia de los privados de libertad, en un plazo de 30 días, pasen al Ministerio de Servicio Penitenciario. Sobre la Dgcim y el Sebin recaen distintas denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, según la Misión de la ONU.

Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que la custodia de los privados de libertad pase al Ministerio para el Servicio Penitenciario

El decreto número 4610 de la Gaceta Oficial 42.125, con fecha del 12 de mayo, indica que el ejercicio de las funciones de custodia deben ser transferidas en el plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de dicha resolución.

Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, expresó a través de Twitter que con este decreto los presos políticos podrían ser trasladados a cárceles comunes.

Según las investigaciones de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en las celdas del Sebin, en las sedes de Plaza Venezuela y El Helicoide, se cometieron hechos de tortura, que fueron ignoradas por el gobierno de Maduro pese a las constantes denuncias de los familiares de los detenidos. 

En el informe, publicado el 16 de septiembre de 2020, registraron al menos 13 casos de tortura en el Sebin, así como tratos crueles o degradantes.

La tortura se define –de acuerdo con la ONU– como actos que causan dolor o sufrimiento grave, tanto físico como mental. El objetivo de estos actos podría ser para obtener una confesión o para intimidar, discriminar o humillar

Foto referencial

La Misión también indicó que mujeres detenidas, presuntamente, fueron obligadas a cometer actos sexuales con los funcionarios, a cambio de bienes y privilegios.

Bajo la custodia del Sebin murieron al menos dos detenidos: el concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, y el piloto retirado Rodolfo González, acusado de conspiración.

Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, admitió en mayo de este año que a Albán lo asesinaron dos funcionarios del Sebin, luego de que su versión inicial fuera que el concejal se suicidó, tras lanzarse del piso 10 de la sede de Plaza Venezuela.

Versión oficial en octubre de 2018
Dgcim también involucrada en denuncias de torturas

La ONU determinó, asimismo, hechos de tortura en la Dgcim e incluso detectaron la presencia de casas de torturas, entre 2018 y 2019. Según la investigación son seis entre Caracas y el estado Miranda y en ellas documentaron 24 casos de torturas, tratos crueles o inhumanos.

Según la organización no gubernamental Provea, durante 2018 la Dgcim cometió 75 hechos de tortura de los 100 que documentaron. Este mismo cuerpo de seguridad tenía bajo custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio de 2019, presuntamente a causa de las torturas que recibió desde su detención el 21 de junio. 

Sobre la Dgcim y el Sebin recaen denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos y desapariciones forzadas, que han sido documentadas por la ONU y destacan las siguientes: amenazas de violación, negarles agua o comida a los detenidos, violencia sexual, los privados de libertad fueron puestos en posiciones de estrés como “la crucifixión” y “el pulpo”; asfixias con bolsas de plástico, agua o sustancias químicas; amenazas de muerte contra la víctima o sus familiares; desnudez forzada, tortura psicológica, entre otros hechos documentados. 

De acuerdo con el Foro Penal Venezolano hasta el 17 de mayo se registraron 306 presos políticos en Venezuela. Según la organización 127 son militares, 22 mujeres y un adolescente.

Datos de la organización no gubernamental, hasta enero de 2021, revelaron que seis civiles y dos militares han muerto bajo custodia del Estado, desde 2014. El más reciente fue Salvador Franco, indígena de la etnia pemón, quien estaba detenido en la cárcel de Rodeo II.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que el Estado venezolano tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su custodia.

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