Trabajadores que aplaudieron la estatización de Sidor en 2008, reconocen la mala administración que pasó por la empresa y por lo que hoy se oferte hasta el 10% de sus acciones. Quienes no respaldaron esa estatización ven con suspicacia la oferta en plena debacle de las industrias de Guayana.
Ciudad Guayana. Hace 14 años se dio la estatización formal de Sidor, anteriormente en manos de una trasnacional argentina. Fue un caso emblemático en Guayana. Miles de trabajadores aplaudieron y celebraron la nacionalización de la siderúrgica, hoy con una producción mermada.
El reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro de ofertar en la bolsa de valores 5% y 10% de las acciones de empresas del Estado, llama la atención cuando fue durante de la administración de Hugo Chávez que se implementó la política de estatizaciones y expropiaciones.
Si bien Maduro no nombró una empresa de Guayana en específico, Sidor es una de las que pasaría por ese proceso. La Siderúrgica del Orinoco se creó en 1964 como empresa del Estado.
Para 1997, Sidor pasó por una licitación internacional que terminó con su privatización a manos del Consorcio Amazonia. Esta la constituía varias empresas, liderada por la trasnacional argentina Techint.
“La Ley de Privatización establecía que la transnacional tendría 70% de las acciones. El Estado venezolano se reservaba 10% (y dos directores) y el otro 20% sería para los trabajadores y extrabajadores (accionistas B), que adquirieran las acciones, también estos tendrían dos directores en la junta, ambos con el mandato de ley de vigilar y preservar los intereses nacionales”, señala un informe de Transparencia Venezuela sobre las empresas propiedad del Estado venezolano.
En 2003 hubo una reestructuración de la composición de las acciones. Esto dejó al Estado con 20% y Techint con 59%. El Bandes tenía 1 % y los accionistas B, seguían con el 20%.
La reestatización
Llegó 2008 y los conflictos laborales llevaron a la reestatizar a la siderúrgica. Jonis Luna, trabajador con 45 años de Servicio en Sidor, hoy sin funciones, exdirector laboral y miembro principal de la Comisión Única de Accionistas clase B de Sidor, recuerda tres fechas importantes en ese proceso.
El 14 de marzo de 2008 lo rememora como: “La masacre de los sidoristas”. En esa fecha “hubo una arremetida fuerte de los policías del estado Bolívar. Teníamos una discusión fuerte por el conflicto del contrato colectivo. Tomamos las instalaciones del portón I de Sidor, la avenida Guayana y los lados de Carbonorca y Alcasa. Hubo 57 detenidos, 57 vehículos de los trabajadores dañados, varios heridos y eso conllevó a que el presidente Hugo Chávez participara en el conflicto que teníamos los trabajadores con la trasnacional Ternium”.
El 9 de abril de ese año se dio una reunión en Macagua, en la que participó Ramón Carrizales, entonces vicepresidente de la República.
En la madrugada, a la 1:00 a.m., se informó que no hubo resolución al conflicto y se anunció la nacionalización de Sidor.
Eso fue algo eufórico por parte de los trabajadores, salimos de las instalaciones directamente a cuidar la planta. El 12 de mayo de 2008, el presidente Chávez se presentó en Sidor y se firmó el contrato colectivo y se decretó la nacionalización formalmente”, recuerda Luna.
Los cambios
Destacó como primer cambio la eliminación de la tercerización en Sidor, que también paso por un fuerte conflicto y protestas.
“Para la época la trasnacional tenía 4 mil trabajadores directos en la nómina y casi 13.000 tercerizados. Esos 13.000, en el momento de la estatización, pasaron en un primer lote 1400 trabajadores tercerizados”.
Agregó:”Fue un triunfo de los trabajadores ante el maltrato y la injusticia de la trasnacional hacia los trabajadores. Acostumbraban a abultar las estructuras de costos, no pagaban los materiales de insumos, maquilaban resultados financieros”, justificó Luna.
A pesar de que defendió y aún defiende aquella nacionalización, reconoce que: “Hoy se aplican algunas medidas impopulares que hay que revisar. Está sucediendo algo muy parecido a lo que fueron las causas para que la empresa se estatizara en 2008. Trabajadores que son objeto de humillación por administradores de las empresas, persecuciones, políticas antiobreras. El llamado es al presidente Maduro, al ministro Arias, a que meta el ojo con lo que sucede en las empresas básicas”.
Hacia la debacle
Dioneri Fuentes, concejal en Caroní por el partido Patria Para Todos (PPT) y trabajador con 22 años de servicio en Sidor, también celebró aquella nacionalización.
Fue un día histórico para los trabajadores de Sidor. Aplaudimos ese momento de la estatización de Sidor, fueron momentos de alegría, de disfrute. Se firmó uno de los mejores contratos colectivos que han tenido los trabajadores de Sidor. Vivimos un buen tiempo con ese contrato colectivo, un buen salario, unas buenas vacaciones, utilidades, uno de los mejores HCM. También se acabó la tercerización en Sidor, pero lamentablemente reconocemos que se vino a debacle nuestra Sidor porque hubo muchos desvíos”, señaló.
Para Fuentes “hubo recursos que aprobó el presidente Chávez, como el Fondo Chino, el Plan Guayana socialista, recursos que nunca se invirtieron en la empresa. Hubo mucha corrupción de directivas que llegaron a Sidor. Lo lamentamos como trabajadores, porque el propósito de aquella lucha de estatización de Sidor no era para que Sidor hoy estuviera en estas condiciones”.
No todos celebraron
Ciertamente, miles de trabajadores celebraron esa estatización de Sidor. Aquello quedó plasmado en las gráficas de esa madrugada. Con el pasar del tiempo, hay quienes mantienen esa defensa, otros, se arrepintieron, y otros, no estuvieron de acuerdo. Estos últimos fueron los de Unidad Matancera.
“Ese es un debate que se ha dado entre los trabajadores. La mayoría en ese momento creyó que fue lo mejor que le podría haber pasado a Sidor. Pero nosotros para ese entonces, nuestro equipo de Unidad Matancera, nunca estuvimos de acuerdo. Lo dijimos, eso era decretar la muerte de Sidor, y el tiempo nos dio la razón”, afirmó Carlos Ramírez, delegado de prevención.
A favor
Del lado del oficialismo, el anuncio de Nicolás Maduro de ofertar acciones de las empresas de Guayana en la bolsa de valores es algo positivo. Del lado opositor, solo causa suspicacia.
“Si este anuncio llevaría a que se inviertan los recursos necesarios a nuestras empresas para que vuelvan a la productividad que amerita, lo aplaudimos”, sostuvo el concejal Dioneri Fuentes.
Luna también aprueba el anuncio presidencial. Aunque argumenta que el deterioro en las empresas fue debido al bloqueo económico, también reconoce la mala administración que pasó por Sidor, pero se siguieron apoyando todas las políticas de Chávez y Maduro.
Creo que fue un error dejar parte de esas administraciones a sectores que no estaban ligados directamente con las producciones de esas empresas. Ese porcentaje de 5% o 10 % no afectaría que el Estado mantenga el control accionario. Son alianzas estratégicas entre el sector público y privado”, destacó.
En el caso de Sidor, 6,6% de las acciones están en manos de los trabajadores (accionistas clase B), con la salvedad de que no pueden vender a ningún privado, sino al Estado.
“Por ello hemos estado en una lucha desde 2020 para tratar de venderle nuestras acciones al Estado. Esperamos que en esta nueva coyuntura seamos tomados en cuenta. Lo peligroso de esto es que se pudieran diluir nuestras acciones en el tiempo. No es que no creamos en la recuperación de las empresas, pero ayudaría a diluir problemas sociales que enfrentamos los trabajadores”, agregó Luna.
En contra
Para César Soto, delegado departamental, se trata de una evidencia de la carencia de recursos económicos por parte del gobierno nacional.
“Solo basta con observar lo que actualmente ocurre en las empresas mixtas del sector petrolero en la Faja del Orinoco. Cerca de 30 empresas internacionales no tienen interés en seguir participando en esas asociaciones. ¿Cuál es la razón? Cualquier inversionista evalúa junto con la tasa y el tiempo de retorno del capital, la factibilidad proyectada de poder recuperar a ciencia cierta su inversión”, señaló Soto.
Considero que con el escaso porcentaje que ofertará el Estado, ningún inversionista importante se arriesgará a una inversión que no le otorga ningún poder de decisión sobre el rumbo de los negocios.
“Poner entre 5% y 10% de las acciones en la Bolsa de Valores de Venezuela, desde mi punto de vista es una forma de lavar dinero y que los enchufados de este gobierno se hagan dueño de unas empresas, para luego venderlas como chatarra que es el comercio ahora en Venezuela. No creo que ningún inversionista serio vaya a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica y las empresas se manejan a como vayan viniendo, vamos viendo”, opinó Ramírez.
¿Y el legado de Chávez qué?
Si bien el porcentaje a ofertar parece no tener relevancia ya que el Estado seguirá con el mayor control, cabe la pregunta sobre: ¿cómo queda el legado de Chávez después de que estatizó y expropió miles de empresas en Venezuela?. De acuerdo con el Observatorio de Derechos de Propiedad de la ONG Cedice, entre 2012 y 2021 se dieron 1630 expropiaciones en el país.
“No lo veo como que es reconocer que las políticas de Chávez no funcionaron. No es que no funcionó, es necesario reconocer también que hubo muchas cosas que se desviaron. Llegaron muchas directivas y cambios de presidentes que llevaron la inestabilidad de Sidor (…) No nada más fue el bloqueo económico, sino que pasaron muchas directivas y presidentes por Sidor”, alegó Dioneri Fuentes.
Para Jonis Luna se trata de dos épocas distintas. “En lo personal creo que la política de estatización de algunas empresas se cometieron algunos errores. El Estado debe ocuparse de la salud, la vivienda, la educación, la alimentación de la población, y solo se debieron estatizar algunas empresas por razones estratégicas, pero no todas. Hubo una exageración con ese tipo de estatización”.
Luna insiste en que: “Esta situación económica de ninguna manera pone en entredicho el legado de Chávez, pero es bueno rectificar en ese tipo de políticas. Si Venezuela hubiera mantenido ingresos en divisas por renta petrolera, hoy el presidente Maduro no tendría ninguna razón para estar ofertando acciones de las empresas del Estado”.
¿De vuelta a una privatización?
En el caso de una eventual privatización, fuentes sostiene que están en contra de que reprivaticen la empresa, opinión que comparte Luna.
Pero en el caso de ir a ese proceso, Soto plantea que primero se requiere de un cambio del modelo económico rentista por un modelo de diversificación económica e industrial. Destaca que un proceso de privatización demandará como incentivo que los aspectos transversales de: energía eléctrica, gas, agua industrial, transporte, vías de comunicación, asfaltado, iluminación, educación, salud, transporte público y manejo de desechos sólidos, se garanticen para el ejercicio de actividades económicas de producción de bienes y de servicios.
En lo que todos coinciden es en que Sidor y las demás empresas son recuperables, aunque bajo ciertas condiciones.
Una cosa es que nos pongamos tercos y dejemos morir a las empresas. Hoy amerita la inversión privada, tenemos que buscarla, ofertar y tener ese compuesto mixto que necesitan las empresas de Guayana”, afirma Fuentes.
Ramírez, sin embargo, hace hincapié en que recuperar las empresas de Guayana comienza porque todo el talento humano que emigró por la compleja crisis humanitaria que atraviesa el país, regrese. Insiste, además, en el cambio de gobierno.
“Para eso se necesita un plan estratégico con un nuevo modelo económico, social y político que este gobierno nunca va implementar, ya que ellos solo piensan en la implementación de un modelo comunista y totalitario, con pensamiento único que en nada favorece a los trabajadores y mucho menos al pueblo en general”, puntualizó.
Soto añadió: “Bajo esta propuesta, no se visualizan apuestas de poder avanzar en un proceso de recuperación productiva y económica de las empresas del Estado que serían objeto de la misma, pero sí son recuperables dentro de un esquema de reestructuración, transformación y cambio”.
¿Y las demás industrias?
Fernando Serrano, trabajador con 30 años de servicio Venalum, sostiene que esta empresa es recuperable y productiva en su totalidad. Sin embargo, considera que la venta de acciones, en este momento de mayor crisis en las industrias, es venderla a precio de gallina flaca.
“Hoy cuando el nuevo ministro está haciendo un llamado a integrarse a puestos de trabajo, arrancó un censo en Venalum para reintegro al trabajo, estamos garantizando la producción siempre que nos pongan los insumos y la materia prima. Otra cosa es que resuelvan el tema eléctrico del país, donde no se han hecho las inversiones necesarias que desde el año 2010 hemos hecho el llamado al gobierno, que tienen que invertir en electricidad”, planteó Serrano.
Javier Torres, miembro del comité de higiene del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa), considera que en el caso de esta empresa, de llegarse a una privatización “jamás podrá existir mejoras tanto en la producción como en las situaciones laborales. Un Gobierno que no respete la Constitución, Convenios Internacionales de la OIT, LOTT, CCTV, no puede garantizar una estabilidad jurídica a ningún inversionista”.
No han podido activar un laminador. Por ejemplo el Serlaca que vino desmantelado desde Anaco con una inversión de 843.248.728,82 millones de dólares, entonces van a querer activar unas industrias. Corpoelec no produce energía suficiente para la población”, reiteró.
La falta de garantía en el suministro eléctrico es una desventaja. El apagón nacional de marzo de 2019 llevó a la paralización total de Alcalsa y Venalum, y ahora es que se intenta que estén nuevamente a flote.
Además, todas tuvieron mil millonarias inversiones en planes y proyectos que nunca se llevaron a cabo. Tampoco hay una rendición de cuentas del destino de aquellas inversiones por las que nunca debieron estar en el declive en que hoy se encuentran.
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