Defensores ambientales ponen sus esperanzas en que Venezuela adopte el Acuerdo de Escazú

Para el defensor de derechos humanos y biólogo Alejandro Álvarez en el país hay una ausencia total de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. Además, señala que existe una política gubernamental de ocultamiento de información de interés público en los asuntos ambientales.

Caracas. Defensores de derechos humanos y especialistas en temas ambientales conversaron en el Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril, para advertir sobre la importancia de que países como Venezuela adopten el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.

El licenciado en biología, doctor en Ciencias mención Ecología y activista ambiental, Alejandro Álvarez, señaló que el seguimiento a la situación de Venezuela en últimos 10 años revela que existe “un deterioro ambiental cada vez más progresivo”.

“La crisis ambiental se evidencia en dos grandes problemas: lo pudimos medir por el número de personas afectadas y el tamaño del territorio afectado. Entre 82 % y 96 % de toda la población de Venezuela está afectada por esta crisis, en algunos hogares el agua no llega ni de manera regular, ni su calidad es adecuada para el uso humano”, explica Álvarez.

El académico sostiene que la crisis relacionada con el agua se inició en el año 2014. “Entonces el gobierno habló de que había la sequía más grande ocurrida en Venezuela y desde ese momento hay algunos sitios con situación extrema, donde llega agua solo una vez o dos veces al mes y hay zonas donde no llega nunca”, dijo durante el foro regional -Venezuela: Acuerdo de Escazú ya- organizado por Odevida y Provea, entre otros.

Lo preocupante para los defensores de derechos humanos es que hay una política gubernamental de ocultar información pública, que impide saber si la nación se encuentra en la misma situación de sequía de 2014 o si hubo algún avance o alguna acción para mitigar o proteger a la población.

El acceso a la información es justamente una de las consideraciones del Acuerdo de Escazú, que hasta ahora ha sido ratificado por 12 países de la región y que fue creado en marzo de 2018, como una vía para darle carácter legal y jurídico a los temas ambientales.

En Venezuela, el investigador Alejandro Álvarez, señala que también hay daños ambientales provocados por la minería al sur del Orinoco, que no es poca cosa, pues esta región representa más del 40 % del territorio nacional. 

“A partir del año 2000 la minería fue expandiéndose cada vez más hasta ocupar todo el espacio y en este momento está produciendo daños ambientales graves, sin contar con otros daños sociales, culturales y humanos, así como violaciones de DD. HH. y la violencia que se ha impuesto en esa zona”.

mercurio - malaria
Foto: Cortesía Germán Dam

Solamente en análisis de deforestación en la región amazónica Venezuela se ubica a la cabeza con la tasa de velocidad más alta de toda la región. “Hay un daño en todos los ríos de la zona, donde está el 80 % de los ríos de Venezuela, se están contaminando por mercurio. A su vez hay daños ecosistémicos debido esto y se está produciendo un aumento de la malaria en condiciones que no se habían visto desde hace más de 60 años, de hecho Venezuela está exportando malaria a los países vecinos”, apunta Álvarez doctor experto en ecología. 

Para el defensor en el país hay una ausencia total de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. “Lluvias relativamente pequeñas están afectando a poblaciones en distintas partes del país, eso ha hecho que la gente que ya está en situación de pobreza entre en catástrofe completa, aquellas personas a quienes se les dañan sus enseres más sencillos no pueden recuperarlos”.

Este acuerdo es una herramienta para la protección del medioambiente y los derechos humanos. El instrumento busca garantizar el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental.

Unicef recoge que este instrumento brinda la posibilidad de que las personas puedan ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales y también pueden acudir a la justicia para casos por afectaciones al ambiente. Promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medioambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Derrames petroleros

Los ecosistemas marinos están siendo afectados por los derrames petroleros. “Es un tema casi cotidiano para Venezuela”, dice Álvarez. El investigador agrega que el monitoreo levantado por las organizaciones civiles en los últimos años evidencia el ocultamiento de información y el incremento continuo de derrames de este tipo, provocados por empresas del Estado como Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Solo en 2021 la organización civil Clima21 registró 68 derrames de crudo en el país, el mayor número contabilizado por ellos en los últimos cinco años. 

derrame de petróleo

Jorge Pdrón geógrafo e investigador en derechos humanos ambientales y coordinador de la Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai explicó que el Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídico para asuntos ambientales en la región. 

“Este instrumento puede ayudar a salir del actual estancamiento en que se encuentra el derecho ambiental en países como el nuestro. Una vez cumplidos todos los protocolos para el ingreso de las partes -que ahí Venezuela no ha cumplido ni el primero- puede convertirse en un mecanismo de alta estandarización en esta materia. Nos da un camino claro para la materia administrativa y judicial en el campo ambiental”, apunta. 

Raúl Cubas activista de DD. HH. investigador y miembro fundador de Provea dice que Venezuela está peor que el resto de la región porque no ha participado en los procesos de elaboración y discusión del instrumento y menos ha buscado comunicárselo a la ciudadanía y difundir sus contenidos.

En caso de aprobarse y ratificarse por Venezuela este instrumento tendría prevalencia en el ámbito interno. En caso de que se apruebe la justicia ambiental podría empezar a ser una realidad y acabar con la impunidad que reina, tanto en los delitos ambientales que ocurren en todo el país, como también en las violaciones a los derechos humanos de los defensores ambientales indígenas y campesinos, dijo Cubas.

Maritza Acuña licenciada en Educación con maestría y doctorado en Educación Ambiental y coordinadora de la asociación civil Pequeños Científicos recuerda la época en que Venezuela fue pionera en políticas ambientales.

“Tuvimos un Ministerio de Ambiente que fue pionero en políticas ambientales, que llevó estos temas a la educación primaria, era importante para la formación de niños y jóvenes”, dice. La profesora recuerda que este era un tema central en los niveles de pregrado y profesional, dando origen al surgimiento de maestrías y doctorados en el área. Pero hoy considera que el país está en “un pozo sin fondo”. 

“Se nos cerraron los espacios en esta área de educación ambiental, la fueron apartando del interés profesional, de los talleres, de las actividades de formación que se daban en las plazas y en las comunidades”, lamenta Acuña. 

La periodista Morelia Morillo con máster en Sociedad y Frontera, contó su experiencia de vivir en la Gran Sabana, una de las zonas más afectadas por la minería y la violencia que se ha incrementado en los últimos años. La activista  ambiental creó junto a otros la iniciativa Guardianes del Bosque con la que desarrollan diversas actividades, entre ellas recoger la basura, porque no había recolección.

“Considero urgente la reafirmación de Venezuela del acuerdo de Escazú, requerimos tener acceso oportuno a información ambiental”, expresó Morillo. La activista ambiental indicó que la economía minera viene desplazando al resto de los sectores que antes convivían en la zona como el turismo.

En este nuevo contexto se presenta un cambio inédito, proliferaron los atracos, asesinatos, saqueos a comercios, venta de gasolina, la destrucción sistemática de los bosques urbanos (bosques alrededor de Santa Elena de Uairén), el uso de trochas. Nuestras vidas y modos de vida están en juego, por todo eso quiero creer que Escazú es una esperanza para todos nosotros, afirmó.

Mar Pérez abogada y coordinadora nacional de DD. HH. de Perú dijo que en ese país “Existe una situación de riesgo que además se va degradando día a día para las personas que defienden el medioambiente. Desde que comenzó la pandemia hemos tenido asesinatos de 10 defensores ambientalistas. Estos asesinatos se producen en la Amazonía, en lugares donde operan economías ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería informal, esos actores se van posicionando sobre los territorios de los pueblos indígenas”.

Pérez indicó que para las empresas del Perú el Acuerdo de Escazú es una amenaza porque por un lado permitiría garantizar una mayor protección a las personas defensoras, pero también porque el instrumento lo que busca es fortalecer la ciudadanía ambiental. “En Perú los niveles de impunidad son atroces. Estos problemas podrían empezar a reducirse si el congreso ratificara el tratado de Escazú”, apunta.

El biólogo Alejandro Álvarez concluye en que las consecuencias que generan los daños ambientales son muchas, pero principalmente tienen que ver con la profundización de la pobreza, el hambre, la desesperación y la migración forzada. “Es decir: violaciones masivas de derechos humanos”.

Los defensores por Venezuela sostuvieron que el Estado se niega a discutir el Acuerdo de Escazú, al punto de hacer como si este no existiera. “Necesitamos seguir exigiendo Escazú y seguir exigiendo seriedad de nuestros compañeros de todo el mundo”, exclamó Álvarez.


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