17 organizaciones defensoras de Derechos Humanos venezolanas e internacionales saludan la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas, pero exhortan a que se precise su alcance, efectividad y garantías de cooperación. Plantean que la Oficina del Fiscal Khan trabaje estrechamente no solo con la Alta Comisionada Michelle Bachelet, sino también con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Caracas. Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos instan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a ofrecer una información más clara y detallada sobre el alcance real y mecanismos de trabajo que tendría la oficina descentralizada de ese ente que se acordó instalar en Caracas, durante la más reciente visita del Fiscal Karim Khan a Miraflores.
En un comunicado publicado este martes, 17 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los DD. HH., instan a la Fiscalía de la CPI a ofrecer garantías de que la oficina descentralizada a instalar en Venezuela sea efectiva, abierta y segura para todos los actores.
El exhorto se produce en vísperas del vencimiento de la prórroga -el próximo 16 de abril- para que el Estado venezolano responda a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional si ha investigado o no los crímenes de lesa humanidad y tortura atribuidos a las fuerzas de orden público, cuáles gestiones ha hecho, cuáles juicios han avanzado y hasta qué punto de la cadena de mando han llegado esas investigaciones, entre otros elementos.
Las ONG plantean al Fiscal Khan la necesidad de que la oficina en Caracas sea capaz de “cumplir con su mandato a cabalidad” y para ello se le aseguren los recursos económicos necesarios, que cuente con un personal de alto nivel, experiencia y conocimiento de la situación, y con plena capacidad de trabajar de forma oportuna, segura, efectiva e independiente.
Asimismo, resaltan la importancia de que esta oficina “trabaje con todos los actores claves”, es decir, que además de estrechar la comunicación con instituciones internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se haga el mismo esfuerzo de acercamiento y cooperación con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, “la cual ha documentado fehacientemente los crímenes internacionales cometidos en Venezuela así como el estado actual del poder judicial”.
En tercer lugar, las ONG defensoras de Derechos Humanos exhortan a la Fiscalía de la CPI a garantizar que su oficina en Caracas sea un “espacio de diálogo genuino y seguro con las víctimas, sus familiares, sus representantes así como con la sociedad civil”, al tiempo que solicitan las debidas garantías de no persecución por parte del Estado venezolano contra las personas que se acerquen a la Oficina.
Las preocupaciones de los defensores de DD. HH.
En el marco de la investigación abierta por la Fiscalía de la CPI sobre Venezuela, las organizaciones firmantes expresan su preocupación por:
- Los “pocos espacios de interacción” entre el Fiscal Khan y la sociedad civil en sus dos visitas al país;
- “La forma en que la Fiscalía de la CPI vislumbra su trabajo con el actual sistema judicial venezolano”;
- “La incertidumbre sobre el rumbo de la investigación”;
- Y la no existencia, por ahora, de un enfoque de género en la investigación.
Con respecto al primer punto, las ONG firmantes hacen un llamado no solo a profundizar ese acercamiento con la sociedad civil, sino a que el mismo se dé “con las debidas garantías por parte del gobierno de que no se ejercerán represalias en contra de quienes se acerquen y cooperen con dicha oficina”.
Con relación al trabajo entre la Fiscalía de la CPI y el sistema judicial venezolano, las organizaciones advierten que la Fiscalía “parece asumir” que el actual sistema judicial venezolano podrá investigar de forma independiente y genuina los presuntos crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido recuerdan que tanto la Misión Internacional Independiente como la propia oficina de la Alta Comisionada de DDHH han determinado que la justicia venezolana está “severamente cuestionada”, no solo por su falta de imparcialidad e independencia, sino porque “además ha sido una pieza clave en la política de represión y afianzamiento de la impunidad”; lo cual evidencia que “carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes”.
En referencia a la incertidumbre sobre el rumbo de la investigación, las ONG manifiestan su preocupación por “la falta de claridad del rumbo de la investigación en Venezuela, incluyendo los potenciales casos y presuntos responsables a ser investigados por la Fiscalía de la CPI”.
Al mismo tiempo califican de “muy inquietante” la falta de claridad sobre si en efecto la investigación de la CPI continuará o no, dado el lenguaje utilizado en el memorando de noviembre y en el comunicado de marzo donde se habla de que “la investigación no es una vía unidireccional”. Las ONG exigen a Khan “mayor precisión” sobre ese término y sus implicaciones, así como la pronta publicación de las conclusiones y los parámetros de la Fiscalía que motivaron la apertura de una investigación.
Y por último, las ONG firmantes piden a la Fiscalía que a lo largo de su investigación, adopte el enfoque de género no solo al momento del análisis de los crímenes, sino también en su interacción con víctimas, familiares y representantes. “Desde el seguimiento de varios organismos internacionales se ha evidenciado que las víctimas siguen enfrentándose a obstáculos jurídicos para acceder a una justicia eficaz, en especial las mujeres quienes experimentan dificultades específicas por motivos de género y son quienes suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación”.
El comunicado dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es firmado por Acceso a la Justicia, Alerta Venezuela; Amnistía Internacional, Centro de Justicia y Paz (Cepaz); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic); Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Justicia, Encuentro y Perdón (JEP); Justicia y Proceso Venezuela (Juyproven); Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); Robert F. Kennedy Human Rights; Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas; y Women ́s Link Worldwide.
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