Familiares ni ningún cuerpo de seguridad han podido ingresar a la comunidad minera, donde miembros del mal llamado “sindicato” asesinaron a un grupo de mineros.
Ciudad Guayana. “Algo pasa en el pueblo de Ikabarú. Llegó un grupo armado disparándole a todo el mundo y hay varios muertos”. Una habitante de Santa Elena de Uairén confirmó lo ocurrido la noche del viernes 22 de noviembre, una masacre en Ikabarú.
Se desconoce el número exacto de víctimas. Nadie ha podido ingresar a la zona, ni familiares ni cuerpos de seguridad. Sin embargo, serían al menos ocho los asesinados por el mal llamado ‘sindicato’, grupo armado que controla ilegalmente las minas.
En este caso, atribuyen la responsabilidad a la banda de un líder apodado el Ciego, quien presuntamente pretende tomar control de la mina Caraota, que a su vez es controlada por otro jefe de estos llamados sindicatos.
Entre las víctimas se confirmó el asesinato de Antonio Perera, un sargento de la Guardia Nacional.
El hecho se registró la mañana del viernes 22 de noviembre en Ikabarú, una comunidad mixta indígena en el sector pemón N° 7 del municipio Gran Sabana, estado Bolívar.
El grupo armado llegó disparando al frente de un negocio conocido en el sector. Los mineros se hallaban laborando en la mina. Algunos pudieron escapar, varios de ellos heridos. Fueron quienes confirmaron que miembros de la comunidad fueron asesinados, incluido el funcionario militar.
Habitantes de Santa Elena de Uairén manifestaron su preocupación porque la guerra por el oro, por el que se han dado masacres en Tumeremo, El Callao y La Paragua, ahora toma poder en territorio pemón de la Gran Sabana.
“Este hecho evidencia cómo las comunidades mineras viven en el sur: terror causado por la violencia armada, miedo constante a la muerte, ausencia del Estado y gobernados por las armas”, denunció la ONG Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanos (Codehciu).
La organización exigió protección para las comunidades mineras y se aclaren los hechos en Ikabarú. Asimismo, se investigue y sancione a los responsables.
Provea también se pronunció por la masacre en Ikabarú. Recordó que sigue impune el asesinato de siete personas, pemones y no indígenas, a manos del Ejército y Guardia Nacional. Esto ocurrió el 22 y 23 de febrero, en ataques armados a la comunidad Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, cuando se esperaba el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.
“Recordamos la masacre ocurrida en febrero 2019, aun en total impunidad, con la militarización y el proceso de expansión de grupos armados a territorios Pemón. Urge respeto, protección a sus derechos territoriales, consulta previa, y protección a su integridad y vida”, exigió Provea.
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