Pese a que los bienes de Venezuela están bloqueados en EE. UU. por las sanciones que aplicó la administración de Donald Trump en agosto de 2019, el Departamento del Tesoro tiene competencias para otorgar una licencia que permita a Crystallex hacerse con las acciones de Citgo.
Caracas. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este lunes 18 de mayo la apelación que hizo el gobierno interino de Juan Guaidó el 19 de febrero de 2020, que buscaba revisar la sentencia de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito sobre la demanda de Crystallex por una deuda de aproximadamente 1,2 millardos de dólares. La decisión del máximo tribunal estadounidense permite reactivar los litigios que ponen en riesgo acciones de Citgo Petroleum Corp.
Pese a que los bienes de Venezuela están bloqueados en Estados Unidos por las sanciones que aplicó la administración de Donald Trump en agosto de 2019, el Departamento del Tesoro tiene competencias para otorgar una licencia que permita a Crystallex hacerse con las acciones de Citgo. Ese sería uno de los recursos de la canadiense para cobrar la deuda por la expropiación que ejecutó Hugo Chávez en su contra en 2011.
“Aquí la pregunta es si el Departamento del Tesoro emitirá la licencia. En este momento lo que va a pasar es que Crystallex que ahora tiene una sentencia firme, diga: ‘Yo ya gané mi caso, la Corte Suprema me dio la razón, así que debería obtener una licencia’. No me atrevo a dar probabilidades, pero con esta decisión esa posibilidad se abre y tarde o temprano ocurrirá. Esta decisión implica que Citgo se perdió, la pregunta es cuándo se podrá realizar esa acción por parte de los acreedores”, dice el economista Francisco Rodríguez en entrevista a Crónica.Uno.
En 2017, Crystallex alegó que Pdvsa cumplía con la figura legal de alter ego frente a los movimientos de la República, por lo que solicitó al Tribunal de Distrito de Delaware una orden de embargo sobre las acciones de PDV Holding Inc. y así poder ejecutar el fallo a su favor que había ordenado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial en 2016. La canadiense demostró que Pdvsa no estaba siendo administrada como una empresa distinta al Estado, sino que por el contrario era manejada como una caja chica del Estado, explica Rodríguez.
Crystallex volvió a usar el recurso de alter ego tras la llegada del gobierno interino en 2019 con la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de nombrar la Junta Directiva de Citgo. El economista sostiene que el Parlamento podía nombrar la junta directiva de Pdvsa debido a que la dueña es la República, pero no la de Citgo, en ese último caso quien tenía las competencias para hacerlo era Pdvsa.
La AN, en una acción inexplicable, entra directamente a nombrar la junta directiva de Citgo y esto fue un gran error. Crystallex demostró que el gobierno interino estaba violando este principio de la misma forma que lo hizo el gobierno de Chávez”, dice.
Entre 2008 y 2011, el gobierno de Hugo Chávez ejecutó una política de expropiaciones contra varias empresas extranjeras, así como nacionales. A la fecha más de una decena de demandas siguen abiertas ante el .
El gobierno interino emitió un comunicado este lunes en el que asegura que presentará una moción solicitando a la Corte de Distrito de Delaware que revise la decisión de considerar a Pdvsa como alter ego de la República, basados en que “la estatal no jugó ningún rol en la expropiación de los activos de Crystallex”.
A juicio del economista lo que ocurra en el futuro con las acciones de Citgo dependerá de lo que decida el Gobierno de Estados Unidos, esto pasa por mantener la protección de los activos de Venezuela en ese país o si el Tesoro llega a emitir una licencia a favor de Crystallex que le dé la autorización para proceder con el embargo. La canadiense ya tiene una sentencia en sus manos con la decisión de la Corte Suprema.
“Si el Tesoro no hace nada entonces Crytallex no puede embargar, lo que pasa es que Crystallex evidentemente va a pedir esta licencia y puede ser un argumento muy sólido, esta sentencia es inapelable. Hay que ver qué decide el Tesoro”, concluye.