Indígenas en Gran Sabana denunciaron la detención de al menos nueve pemones a raíz del asalto al parque de armas en Luepa. Otros tres tienen orden de captura. La Dgcim, por su parte, realizó allanamientos por el asalto a la unidad militar, del cual comunidades pemones se desentienden.
Bolívar. La persecución no cesa contra indígenas de la etnia pemón, en el municipio Gran Sabana, al sur del estado Bolívar. Detenciones y desapariciones es lo que han denunciado desde el pasado 22 de diciembre, cuando un militar desertor apoyado por un grupo de pemones asaltó el parque de armas del 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa, así como en la comisaría de San Francisco de Yuruaní.
El militar desertor Darwin Balaguera fue detenido ese mismo 22 de diciembre. En horas de la noche, el dirigente indígena y exalcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, denunció la detención de al menos nueve pemones de la comunidad de Kumarakapay. Entre ellos: Amilcan Pérez, Fredrick Fernández, Yahamir Mella Fermín Fernández, Leomar Delgado, Lisandro González y Alfredo Fernández. Presuntamente, cinco de ellos serían trasladados a la cárcel La Pica, en Monagas, y los otros cuatro a Caracas.
Este 30 de diciembre, representantes del sector VI-Akurimú del pueblo pemón, denunciaron, en rueda de prensa en la frontera con Brasil, los allanamientos en sus comunidades y la detención de tres indígenas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la comunidad de San Luis el pasado 28 de diciembre. Hasta entonces, manifestaron desconocer su paradero.
Según reseñó Efecto Cocuyo, los pemones del sector VI, que agrupa a 28 comunidades indígenas de Gran Sabana, condenaron los asaltos a las instalaciones militares el pasado domingo 22 de diciembre, pero también las hostilidades en contra de sus residentes, tras estos hechos.
Si bien admitieron que hubo jóvenes pemones que actuaron en estas acciones junto con el exalcalde de la Gran Sabana y también pemón, Ricardo Delgado, se desligaron de la participación de estos hechos.
“Estamos conscientes de que bajo ninguna circunstancia se debe autorizar ni fomentar acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado venezolano”, expresó Gómez.
El Tribunal Militar 17 en Ciudad Bolívar dictó recientemente orden de aprehensión en contra del exdiputado indígena Juvencio Gómez, el capitán Jorge Gómez, y el alcalde electo Emilio González, exiliado en Brasil desde febrero de 2019.
Las detenciones y desapariciones incluyen a Juan Gámez, quien ocupara el cargo de director de Hacienda Municipal en la alcaldía de Gran Sabana. Desde el 24 de diciembre desconocen su paradero, luego de allanamientos que realizó la Dgcim, organismo que -denuncian- lo tiene bajo secuestro y tortura.
“Lo único que podemos decir, con certeza es que no está puesto a la orden de ninguna autoridad judicial. Algunos de ustedes, ya sabrán la situación de Juan Gámez Maza, detenido en Gran Sabana, con motivo de los hechos de Luepa. Se hace indispensable que hagamos uso de las redes sociales, para lograr que el organismo que lo tiene retenido ilegítimamente, lo ponga en libertad, o lo coloque a la orden de la autoridad que le compete”, denunció Jorge Otaiza, vicepresidente del Colegio de Abogados del estado Bolívar.
La comunidad indígena pemona ha sufrido la persecución del gobierno de Nicolás Maduro, y desplazados de su territorio, desde febrero de 2019, cuando el día 22, el Ejército venezolano atacó a los habitantes de Kumarakapay.
En ese hecho asesinaron con arma de fuego a una indígena, y otros 14 pemones resultaron heridos, varios trasladados hasta Boa Vista, en Brasil, donde posteriormente murieron dos de ellos.
Al día siguiente, mientras en Santa Elena de Uairén y las inmediaciones del Escuadrón de Caballería Motorizada (Escamoto) protestaban para exigir la reapertura de la frontera y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, otros tres ciudadanos pemones y no indígenas fueron asesinados.
Las fuerzas militares se mantuvieron desplegadas, e indígenas huyeron por trochas hacia la frontera con Brasil, refugiándose en Pacaraima, lejos de su territorio, su zona de confort y su cultura.