Los 31 civiles detenidos por los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FANB) y un sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la población de La Victoria, fueron trasladados a la unidad de Procesados Militares (Procemil) del Centro Penitenciario de Occidente (CPO), en la población de Santa Ana, estado Táchira.
San Fernando de Apure. Walter Márquez, director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y presidente de la Fundación El Amparo, informó este miércoles 14 de abril que los 31 civiles detenidos durante los enfrentamientos entre la FANB y los grupos disidentes de las FARC fueron trasladados el lunes 12 de abril, desde Guasdualito, capital del municipio Páez, hasta la unidad de Procesados Militares (Procemil) de la cárcel de Santa Ana, a 500 kilómetros de Apure.
Me informaron los abogados del Alto Apure y familiares de los detenidos dentro de ese marco de la confrontación armada que la mayoría fueron trasladados al pabellón de Procesados Militares (Procemil) de la cárcel de Santa Ana del Táchira, lo cual agrava la situación de los familiares de las víctimas, porque a duras penas podían ir a visitarlos a Guasdualito, trasladarse a San Cristóbal o a Santa Ana es mucho más difícil”, expresó.
Márquez indicó que estas 31 personas fueron detenidas por orden del juez militar de Guasdualito, con cargos de traición a la patria, subversión y terrorismo, “cuando no existen elementos probatorios en su contra de acuerdo con expertos en la materia, y, en caso de que existieran, debían ser procesados por tribunales civiles y no por tribunales militares”.
Expresó, además, que tanto los familiares de los detenidos como personas que los conocen aseguran que muchos de ellos son agricultores, campesinos y obreros que fueron sacados de las fincas donde estaban laborando, así como pequeños comerciantes, docentes, líderes sociales y religiosos.
El defensor de derechos humanos sostiene que estas detenciones e imputaciones habrían sido por órdenes superiores y no por pruebas.
Estas detenciones ordenadas por el juez militar prácticamente son jerárquicas, porque obedecen a órdenes superiores que recibió el juez. Por eso vamos a estar pendientes de este caso para apoyarlos, porque consideramos que hay una detención arbitraria y una privación ilegítima de la libertad de estas personas”, subrayó.
Anunció que por petición de sus familiares, mediante poder legal tramitado esta semana, a partir del próximo lunes, la Fundación El Amparo y el Ciciven se harán cargo de la defensa legal de estos detenidos.
Márquez también reveló que mediante recorrido realizado la semana pasada por Arauca, Arauquita y El Amparo, con el fin de investigar in situ la situación, encontró suficientes indicios de la “grave violación de derechos humanos y crímenes atroces cometidos en la localidad de La Victoria, en el Alto Apure, y sus alrededores”.
Detalló que junto con Ana Hernández, directora general de la Fundación El Amparo, realizaron las entrevistas a todas las víctimas de estos crímenes, entre ellos, familiares de Emilio Ramírez y Luzdey Remolina, asesinados en La Victoria y El Ripial, así como de los detenidos de manera arbitraria y desplazados forzosos.
Aumenta desplazamiento forzoso
Indicó que, debido a la continuidad de los enfrentamientos armados en La Victoria, ha tenido conocimiento del aumento del desplazamiento forzoso hacia Arauquita y otras poblaciones del departamento de Arauca, con un último reporte de 8000 personas.
Aseguró que hay una violación agravada de los derechos humanos “porque hay un desplazamiento interno desde Arauquita hacia Arauca, a los municipios de Tame y Saravena, e incluso por vía del páramo de El Tama hacia Toledo, Norte de Santander, donde también han llegado familias buscando refugio”.
Walter Márquez informó también que en los campamentos de Acnur (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados) han detectado hasta la fecha 77 casos positivos de coronavirus
Advirtió que los contagios y el incremento del número de desplazados se están convirtiendo en un problema social que supera la capacidad de los gobiernos locales y el propio gobierno nacional de Colombia, debido a que se están mezclando los desplazados por la crisis generada a raíz de la confrontación armada y por la crisis humanitaria compleja que está viviendo Venezuela.
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