El tribunal 2do de control del estado Falcón dictaminó privativa de libertad contra un comerciante, un agricultor y un abogado del municipio Federación, detenidos durante la madrugada del pasado 19 de abril por comisiones del Cicpc y Guardia Nacional que irrumpieron en sus residencias sin órdenes de aprehensión.
Churuguara. A Miguel Vargas, agricultor y comerciante, Edgaris Berias Barrios, comerciante de hortalizas y Édgar Flores Sánchez, abogado, habitantes de Churuguara en el municipio Federación del estado Falcón, les dictaron privativa de libertad luego de ser imputados con los delitos de incitación al odio, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad y lesiones genéricas, durante la audiencia de presentación en el tribunal 2do de control, celebrada en la capital del estado.
A los tres imputados se les responsabiliza de haber agredido, presuntamente, al alcalde del municipio Federación, Castor Díaz y al Comandante de la Guardia Nacional, Rudy Gafaro, durante una protesta generada el pasado 15 de abril, en la que usuarios y conductores de la zona reclamaban la escasez de gasolina y que fue reprimida por la Guardia Nacional con bombas lacrimógenas.
El 19 de abril en horas de la madrugada, comisiones del Cicpc y de la Guardia Nacional irrumpieron en las viviendas de los imputados para detenerlos. Sus familiares aseguran que los funcionarios nunca presentaron orden de aprehensión.
Fueron trasladados a Coro a la sede del Cicpc y este martes 21 de abril, el tribunal 2do de control a cargo de la juez Alejandra Mora determinó que los imputados quedarían recluidos en los retenes de la Policía del estado Falcón.
Los abogados defensores privados, no pudieron convencer a la juez para que considerara la reclusión de los imputados en el propio pueblo de Churuguara.
Las familias se mostraron consternadas por la decisión, sobre todo ante la imposibilidad de trasladarse hasta Coro para llevarle alimentos y agua a sus familiares debido a las restricciones de movilidad y escasez de gasolina que existen por la cuarentena contra la COVID-19.
La juez Mora desestimó igualmente todas las pruebas presentadas por la defensa sobre la condición de paciente psiquiátrico de Edgar Flores. Lo único que admitió Mora fue una evaluación por parte del psiquiatra forense, que deberá realizarse en los próximos días.
Los detenidos podrían enfrentar una larga prisión
Una vez conocida la decisión judicial, el Ministerio público cuenta con 45 días para presentar las pruebas que comprueben la responsabilidad y culpabilidad de los tres imputados, quienes, a decir de algunos abogados de la región, podrían enfrentar penas de cárcel de hasta 20 años.
Los delitos imputados están contemplados en el artículo 20 de la Normativa contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia; en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo; en el artículo 413 del Código Penal y en el artículo 218 del Código Penal.
No obstante, los familiares de los detenidos han solicitado se desestime el delito de resistencia a la autoridad, toda vez que ninguno de los tres opuso resistencia en el momento en que fueron sacados de sus viviendas a las 3 y 40 minutos de la madrugada del 19 de abril.
Por su parte, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, ha pedido todo el peso de la ley en contra de estos tres ciudadanos, a quienes responsabiliza por la protesta y por las agresiones contra el comandante de la Guardia Nacional y el alcalde del municipio, quien hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento.