Diputada Solórzano asegura que a Requesens lo mantienen encerrado en una mazmorra del Sebin

Diputados, ONG y juristas debatieron en la sede administrativa del Parlamento y rechazaron la detención del parlamentario.

Caracas. La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional realizó la mañana de este miércoles una sesión junto con miembros de la sociedad civil para debatir la detención del diputado Juan Requesens (Táchira-PJ), hecho llevado a cabo el pasado 7 de agosto por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

La diputada Delsa Solórzano (Miranda-UNT) ofreció declaraciones a los medios de comunicación previo al inicio de la sesión. Aseguró que Requesens se suma a una lista de más de 400 “secuestrados políticos” y que el Gobierno lo mantiene “encerrado en una mazmorra del Sebin en El Helicoide, donde permanece aislado de sus familias, abogados y personas de confianza”. Aprovechó para resaltar que la Constitución nacional señala en su artículo 44 que cualquier privado de libertad debe tener contacto con allegados. La parlamentaria solicitó a su vez que se permita la entrada de delegados de la Unión Interparlamentaria Mundial, organismo que se ha pronunciado reiteradamente respecto al enjuiciamiento del dirigente opositor.

Por su parte, Joel García, quien funge como uno de los abogados del diputado Requesens, aclaró que debido a que el mismo fue aprehendido tres días después del hecho del que se le acusa, no es válido el señalamiento de flagrancia que utilizan funcionarios gubernamentales como justificativo para su detención. García dejó claro que “un diputado no puede ser sancionado por sus dichos y debe gozar de un antejuicio de mérito previo al allanamiento de su inmunidad parlamentaria” y advirtió que aun si la Asamblea Nacional Constituyente fuese un “órgano legítimo” no se encontraría facultada para despojarlo de dicho beneficio constitucional.

Recordó que el video difundido por el Gobierno en el que Juan Requesens “confiesa” haber colaborado con el diputado Julio Borges en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro no fue incluido en las evidencias presentadas durante la audiencia judicial. Indicó que dicha confesión carece de legalidad puesto que para que declaraciones incriminadoras puedan ser válidas deben ser realizadas frente a abogados defensores y funcionarios del Ministerio Público.

¿Caso político o jurídico?

A su vez, una vez dio inicio la sesión de la Comisión, representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organismos defensores de Derechos Humanos, diputados y abogados llevaron a cabo un debate en el que diversas aristas fueron mostradas.

Mario D’Andrea, representante de la ONG Defiende Venezuela, señaló que, si bien se debe recabar todos los errores judiciales que se están llevando a cabo en los casos de presos políticos, es necesario enfrentar estas situaciones más allá del ámbito jurídico. Recomendó denunciar constantemente las violaciones a los DD. HH. (como torturas, trato inhumano, entre otras) de las que ha sido objeto Requesens para “generar empatía con la sociedad civil” y así se evite olvidar episodios como este.

Yajaira Castro, diputada a la Asamblea Nacional (Anzoátegue-PJ) rechazó que el Gobierno haya utilizado el presunto atentado para “quitar del medio a algunas personas que le resultan incómodas” mientras que Milagros Sánchez (Vargas-AD) señaló que “la Constitución dejó de regir en el país pues las leyes existen, pero no se cumplen”.

Juan Pablo Guanipa (Zulia-PJ), por su parte, llamó a ejercer todos los mecanismos de presión posibles con el fin de lograr un cambio de gobierno y así restituir el Estado de Derecho. Recalcó la importancia de agotar todas las vías legales posibles del caso Requesens ya que servirán para dejar en evidencia las actuaciones del Estado venezolano en materia judicial.

Juan Requesens fue aprehendido el pasado 7 de agosto junto con su hermana, Rafaela, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, por funcionarios de inteligencia del Estado venezolano. La dirigente estudiantil fue liberada la misma noche de su detención, sin embargo, el dirigente de Primero Justicia logró entrar en contacto con sus familiares 120 horas luego de dicha medida arbitraria.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, condenó la tortura y vicios procesales que se han llevado a cabo contra el miembro de ese organismo y lo calificaron como “desaparición forzosa” en recientes sesiones que se llevaron a cabo. Entes como el Grupo de Lima y el Senado de Colombia han mostrado su solidaridad con el ex líder estudiantil y han exigido al Estado venezolano respetar el debido proceso y la separación de poderes.

Foto: Alberto Torres