Diputados alertan que Maduro da un giro totalitario al secuestrar tarjetas de partidos políticos

Plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este jueves un acuerdo en solidaridad con la directiva legítima y la militancia de Primero Justicia. Guaidó notificó a la cámara que ya se acordaron los términos con el BCV ad hoc para la transferencia de 80 millones de dólares que alimentarán el Fondo para la Liberación de Venezuela.

Caracas. En un lapso de 48 horas, los diputados de la Asamblea Nacional han aprobado dos acuerdos en rechazo a la persecución judicial contra dos movimientos políticos de oposición. En sus intervenciones, los parlamentarios advirtieron sobre el giro totalitario que representa el secuestro de las tarjetas de los partidos políticos.

El martes debatieron y se solidarización con Acción Democrática, despojada de sus símbolos en una sentencia emitida por el TSJ el lunes por la noche. Este jueves volvieron sobre los mismos hechos, esta vez para defender a la militancia y dirigencia de Primero Justicia, a quienes el TSJ también les arrebató sus símbolos en una sentencia publicada el martes por la tarde.

En el acuerdo aprobado hoy la Asamblea Nacional desconoce la sentencia 72 de la Sala Constitucional; califica de espuria a la junta directiva ad hoc que los magistrados le imponen a PJ en el escrito, encabezada por el diputado expulsado de esas filas, José Brito; y ordena abrir una investigación para determinar a los responsables de que el TSJ se tomara esa atribución.

Asimismo, los diputados ratificaron que para el Parlamento, la directiva de la tolda aurinegra está encabezada por el diputado Julio Borges, quien por cierto intervino en la sesión virtual desde el exilio en Colombia. Además acordaron elevar la denuncia ante los organismos internacionales correspondientes y responsabilizaron a Maduro por violaciones a los derechos humanos que pudieran sufrir los militantes de PJ tras la decisión judicial.

Coqueteando con el totalitarismo

“Han decidido pasar del autoritarismo al totalitarismo con la pretensión de acabar con la oposición política que representamos en la Asamblea Nacional y el Frente Amplio”, advirtió Simón Calzadilla (MPV).

Dignora Hernández (VV) señaló que la arremetida contra la dirigencia legítima de los partidos “no puede sorprender” porque “es parte de la estrategia deliberada para hacer de Venezuela un espacio de partido único como es característico en los regímenes totalitarios”.

La diputada por AD, Carmen Sivoli, advirtió que a horas de “escamotear los símbolos” de AD, el oficialismo actúa contra PJ a través de “abominables” maniobras pseudo jurídicas: “El régimen quiere hacer con los partidos lo mismo que hizo con los poderes públicos: destruirlos y ponerlos al servicio de sus intereses”.

Franco Casella (VP) expresó el apoyo de la tolda naranja a Primero Justicia cuyos miembros han sido víctimas incluso mortales de la persecución, como el caso de Fernando Albán: “No están solos en medio de la tormenta”.

El diputado Julio Borges expresó: “Todos estamos pagando el precio de luchar por una Venezuela libre y ese precio vale la pena. El monstruo de la dictadura se pondrá mas violento y tratará de destruir a quienes tenemos en la cabeza la meta de sacarlo del poder. Que los partidos, a pesar de este proceso de ilegalización, sigan con la frente en alto”.

Por su parte, el presidente de la AN, Juan Guaidó, reiteró su llamado a la unidad de la oposición “por encima de todo” ante los intentos del oficialismo de dividirlos, ahora con el secuestro de las tarjetas de los partidos políticos.

Otros puntos

Este jueves la cámara también fue informada y discutió otros puntos:

• El presidente Guaidó notificó al pleno haber alcanzado el “acuerdo de voluntades” con la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela que establece los “términos financieros de la transferencia que hará el BCV para sufragar gastos autorizados en la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital”. La transferencia, tal como lo aprobó la plenaria este año, será de hasta 80 millones de dólares.
• La cámara debatió sobre el estatus de la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Los diputados coincidieron en que la curva de contagios no está aplanada. “Hoy en Venezuela el riesgo de infección es 120 veces mayor que al comienzo”, dijo la diputada Manuela Bolívar. El diputado Rafael Ramírez denunció “el riesgo que corre el personal médico de ser encarcelado si denuncia” las carencias del sistema de salud.
• Los diputados aprobaron un acuerdo que reitera la posición de la Asamblea Nacional de desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para decidir sobre la disputa territorial con Guyana sobre el Esequibo, con miras a la audiencia pública convocada por dicha corte para el 30 de junio próximo. El acuerdo establece que “la Asamblea Nacional como la única autoridad electa reconocida como tal y titular del Poder Legislativo, eleve ante la Corte Internacional la posición jurídica de Venezuela en relación con la reclamación planteada”.
• La plenaria aprobó un “acuerdo para impedir la extracción de combustible de Venezuela”, en el que denuncia que “el régimen usurpador envía a Cuba el combustible comprado con el dinero de los venezolanos”. En tal sentido, la AN acordó “prohibir el envío de hidrocarburos y sus derivados a Cuba o cualquier otro país”; declarar en estado de emergencia y extrema necesidad los inventarios de gasolina, diésel y fuel oil; solicitar a la FANB “tomar todas las previsiones y medidas de resguardo” para cumplir con el mandato de la AN; solicitar a Brasil, Colombia, Estados Unidos y las Antillas Holandesas e inglesas adoptar las medidas necesarias para impedir que continúe la extracción de combustible venezolano a través de sus territorios.
• El pleno también dio un debate respecto a los ataques contra las sedes de la Universidad de Oriente, su profesorado, sus trabajadores y estudiantes. Los diputados de la región oriental denunciaron la asfixia presupuestaria de la casa de estudios así como el vandalismo de la que ha sido objeto en los últimos meses, cuyo hecho más reciente fue la quema de su biblioteca. El presidente Guaidó solicitó que el caso sea discutido en la comisión de Desarrollo Social y remitido a una comisión especial que investigue la situación de la UDO y presente un informe a la plenaria.