Desde agosto pasado, una medida del Saren hace que las personas extranjeras, residan o no en Venezuela, tarden hasta cinco meses en ser autorizados para tramitar en registros y notarías. En los registros inmobiliarios, contrario a la ley, cobran “aranceles” de hasta 40 % del monto de venta del inmueble.

Caracas. Dos años después de que entrara en vigencia la nueva Ley de Registros y Notarías, el tema sigue dando tela para cortar. A las tasas ancladas al petro, que elevaron los costos, se le han sumado otras trabas y obstáculos en los últimos meses.

En agosto del año pasado, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) comenzó a aplicar un “registro de extranjeros” en el que las personas deben completar un formulario para, posteriormente, ser habilitados por el organismo para la firma de cualquier documento en registros o notarías.

Desde el sector privado, sin embargo, califican a la medida como discriminatoria y engorrosa, pues la habilitación puede tardar entre tres y seis meses y aplica, incluso, a personas extranjeras con estatus residente en el país (con o sin cédula de extranjería).

Operaciones en pausa por el registro

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela encuestó a más de 700 profesionales inmobiliarios y más de 65 % reportaron que han tenido operaciones en las que le han solicitado a sus clientes realizar el registro de extranjeros en la página del Saren.

Por el sector en el que opera, a siete de cada 10 empresas le han solicitado el registro de extranjeros para tramitar documentos de compraventa, pero otras operaciones como documentos de arrendamientos y poderes también se han visto obstaculizados por la medida.

La gravedad de la medida, y de la burocracia del Saren, reside en que más de 60 % de los consultados aún no ha recibido respuesta sobre la habilitación y, de los que obtuvieron respuesta, la mitad tuvo que esperar de tres a cinco meses por la habilitación.

Aranceles ahuyentan a los pocos compradores de viviendas

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Roberto Orta, explicó que la Ley de Registros y Notarías establece un arancel de, máximo, 2 % sobre el precio de venta de un inmueble, pero entre los consultados por el gremio se reporta que la realidad es mucho mayor.

Alrededor de 560 profesionales inmobiliarios señalaron que el arancel que cobran en los registros supera el 5 % del precio de venta y puede llegar hasta 40 %. Por ejemplo, la operación de compraventa de un apartamento con un precio de $25.000 podría tener un recargo arancelario de hasta 10.000 dólares más.

Orta explicó, en una rueda de prensa organizada por el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), que muchos clientes “desisten de la compra por no poder pagar el arancel”.

Otros sectores afectados

La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, explicó que el registro de extranjeros impide que otros sectores de la economía, como el comercio, los servicios y la construcción, continúen sus operaciones o entren en mora legal al no poder completar actos como asambleas de accionistas o alquiler de locales si entre sus miembros hay personas extranjeras.

Si tienen que esperar tres o cuatro meses para lograr sus firmas, bien por el registro de extranjeros, como por las sumas, que arbitrariamente, colocan los funcionarios gubernamentales, vista la ausencia de créditos bancarios y la capacidad de compra limitada que existe en la actualidad, los usuarios se convierten en víctimas”, dijo Polesel.

Ello se suma al de por sí estado financiero actual de las empresas en el país. La Cámara Venezolana de la Construcción, por ejemplo, estima que el sector es apenas 4 % de lo que era en 2012, mientras que en el sector comercio y servicios las ventas ya acumulan tres meses de caída, lo que limita su capacidad de pagar tasas más elevadas o paralizar actividades.

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