De acuerdo con el presupuesto aprobado para 2023, solo por situado constitucional, las alcaldías carabobeñas recibirán 4000 dólares para todo un año en un país con una inflación campante y una devaluación que ya afecta al dólar.
Valencia. Se cumplió un año desde que un nuevo grupo de alcaldes llegó al estado Carabobo. Sin embargo, luego de estos 365 días, ¿cómo está la región?
Para el politólogo Julio Castellanos, evaluar las gestiones no es tan fácil como parece. La razón es que buena parte de las labores de estos trabajadores públicos han sido asumidas por el hombre fuerte de Maduro en el estado: Rafael Lacava.
“Aquí en el municipio Libertador inauguró una cafetería en una plaza, pero también ha asumido trabajos de desmalezamiento y eso es de las alcaldías”.
“El apoyo de Lacava” no solo ocurre en Libertador, también es evidente en Valencia, Naguanagua y Puerto Cabello, pero no en San Diego, uno de los dos municipios manejado por la oposición.
Áreas como la educación, la salud y la vialidad tienen poca inversión, mientras que el mantenimiento y embellecimiento de áreas públicas se lleva buena parte de la partida presupuestaria.
Pedro Luis Ortega, también politólogo, afirmó que de los 14 alcaldes algunos han destacado y otros simplemente han pasado por debajo de la mesa. El factor determinante es que unos tienen mayor apoyo de la gobernación. Esto afianza ideas de favoritismos.
Drácula y sus hijos
Aunado a esto, Castellanos recalcó que desde la llegada de Lacava a la gobernación, el llamado “Drácula” se ha encargado de opacar a los alcaldes mediante una relación de dependencia y subordinación. “De ahí que a los alcaldes los ciudadanos les dijeran ‘draculitas’, pero ya no es lo mismo”.
Esto quedó en evidencia durante la Expo Valencia 2022, en la que Lacava no solo se desvinculó de la actividad, sino que responsabilizó a Julio Fuenmayor de los eventos ocurridos. Castellanos ve en este asunto un tema de dinero.
El diseño de presupuesto de Carabobo para 2023 fue insignificante. Lo que termina llegando por situado constitucional es de 4000 dólares para los municipios y eso debe servir para todo un año. Es un distanciamiento financiero que interrumpe la gestión de alcaldes, para priorizar la gestión regional y afianza las distancias”, refirió.
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Dicha medida, según Castellanos, tendría como fin mostrar a un gobernador capaz de solventar problemas y no a un equipo con las mismas intenciones.
Ortega recuerda que la última obra pública de peso en Carabobo fue el elevado de Las Industrias, puesto en funcionamiento en noviembre de 2015 en La Isabelica (Valencia). Desde ahí no se ha hecho nada más. “Aunque pintemos y pongamos bombillos el resto está muy decaído”.
En cambio, Castellanos denunció que el poco dinero que hay se destina de forma “descarada” para publicidad del gobierno.
Si remodelan una plaza, la plaza pierde su nombre anterior para recibir el de plaza Drácula, o Draculandia, en el caso del Parque Recreacional Sur”, contó.
De acuerdo con la ley, estas acciones son penadas bajo el delito de peculado de uso. “Uso de bienes y recursos públicos para fines privados, como el proselitismo político. Eso se ve con Lacava, pero también con los alcaldes”, refirió.
Alcaldes sin prioridades
A juicio de los politólogos, eso destruye la institucionalidad porque hay que distinguir qué es obra pública y qué es propaganda.
“Hay mucha inclinación para eso, pero el enfoque debería ser la reducción de la pobreza o del desempleo”.
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Otro factor clave es la desarticulación de los concejos municipales.
En Libertador las sesiones se hacían por WhatsApp. No era un tema de la pandemia, es que si todos eran del PSUV no veían necesario debatir sobre los problemas públicos”, recordó Castellanos.
Transparencia cero
Con gestiones sin cifras y cuentas para entregar a la ciudadanía, las gerencias municipales carecen de transparencia. Si hoy por hoy los ciudadanos revisan el plan de gobierno de cada alcalde, descubrirían que todo ha quedado en promesas.
En vista de que a nivel propagandístico es más difícil mostrar el arreglo de una cañería o de cualquier otra cosa que esté bajo tierra, la gestión pública ha sido orientada hacia lo más vistoso y fácil de realizar, tanto económica como logísticamente. Un caso claro es la creación de ciclovías en la avenida Bolívar de Valencia.
Sobre las gestiones, Ortega hace un paneo: “En Valencia, la bandera es el Plan Búho, con la recuperación de plazas y mantenimiento de áreas verdes; el alcalde Jurado (San Diego) se ha enfocado en una gestión de ciudad inteligente y Ana González se ha enfocado más en el mantenimiento de áreas verdes e iluminación del municipio Naguanagua”.
La realidad es que la sociedad ha cambiado su percepción sobre el rol del alcalde, que ha perdido la majestad, la seriedad, la autoridad, el respeto y el deber político administrativo, en vista de que las formalidades se han desdibujado.
Abunda la chabacanería y el show. Pierden la credibilidad. El alcalde o el gobernador es ahora una especie de artista, un roquero, más que un creador de políticas públicas”, opina Castellanos.
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Sin embargo, Ortega añadió que los ciudadanos siempre van a exigirle más a sus gobernantes, incluso más de lo que quizá puedan dar, pero esto es variable.
“No es lo mismo la óptica de una señora en Trapichito, que la de una en La Esmeralda o que una en Las Quintas en Naguanagua. Pero el común siempre te dirá que el alcalde puede hacer más”. No obstante, la consigna lacavista sigue en pie. “Aquí nadie se rinde”.
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