Según el informe anual 2021 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), no se ha registrado el primer caso de una mujer u hombre trans que disponga de la medicación adecuada para la transición, en un centro penitenciario. La organización denunció que a las personas LGBTIQ+ no les garantizan los derechos humanos en cárceles.
Caracas. Las personas gais, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+) son discriminadas en las cárceles y calabozos de Venezuela. El Estado no les garantiza la protección de sus derechos humanos ni tampoco vela por su salud.
Las mujeres y hombres transgénero no tienen acceso a tratamientos hormonales o quirúrgicos en prisión. De acuerdo con el informe anual 2021 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), no se ha registrado el primer caso de una persona trans que disponga de la medicación necesaria. Tampoco cuentan con apoyo psicológico, esencial durante la medicación en la transición.
La investigación del OVP indica que las personas transgénero son recluidas en celdas según la identidad que refleja su cédula y no por el género con el cual se identifican. Las mujeres trans son privadas de libertad con los hombres, situación que las expone al rechazo y estigmatizadas. Muchas son víctimas de abuso sexual y las obligan encargarse de la limpieza y de la basura de la cárcel, mediante actos de humillación.
Organizaciones de activistas de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ exigen al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se cumpla el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que indica que toda persona podrá cambiar su nombre propio. El próximo miércoles 11 de mayo tienen un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, que fue prorrogado la semana anterior, según el compromiso del diputado Pedro Infante.
Discriminación para la población LGBTIQ+
El artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la discriminación por raza, sexo, credo, condición social o aquellas que quieran anular las condiciones de igualdad de derechos de las personas. Sin embargo, las personas de la comunidad LGBTIQ+ sufren a diario esta situación.
Artículo 21:
“(…) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de
toda persona (…)”.
El OVP destacó que la crisis del sistema penitenciario venezolano es uno de los obstáculos para los grupos vulnerables, ya que propicia situaciones de riesgo. En 2021 no se documentaron planes de capacitación al personal de custodia en las prisiones, con enfoque en el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+. Al contrario, los privados de libertad son aislados, víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos de los funcionarios y otros reclusos.
La población LGBTIQ+ no tiene derecho a la visita íntima pues la normativa solo permite los encuentro entre personas heterosexuales y los hombres tienen prohibido el ingreso a los penales, de acuerdo con el informe del OVP.
Hacinamiento y retardo procesal
Datos del OVP indican que en 2021 la capacidad en las cárceles del país era de 21.188, mientras que la población reclusa era de 33.710. Calificaron que los penales tienen hacinamiento crítico de 159,09%.
Según Carolina Girón, el hacinamiento es la consecuencia de enfermedades, protestas y violencia entre la población penal. “Es la base del gran conflicto en las prisiones”, dijo.
El retardo procesal es la principal causa de la sobrepoblación en los penales. De cada 10 expedientes siete no se movieron durante el 2021, explicó Girón. 54 % de la población penitenciaria está en condición de procesados, no ha sido comprobada su culpabilidad ni ha sido condenado.
“Hay personas que cumplen su pena y no les emiten su boleta de excarcelación, por lo tanto las personas siguen en prisión esperando que un juez revise su caso. Y también hay personas que tienen la boleta de excarcelación y siguen presas”.
Desnutrición
Girón contó que a los presos les niegan acceso a la atención médica y a los tratamientos, tampoco hay médicos en los centros penitenciarios.
“Hay presos que sufren de desnutrición, unos presentan signos de desnutrición severa, tenemos hombres y mujeres adultas que pesan menos de 45 kilos y son aislados: ahora hay sectores de desnutridos, otro de desnutridos con tuberculosis”.
Los familiares deben llevarle la comida a los detenidos. Mientras que los presos que están recluidos en centros penitenciarios lejanos no reciben alimentos o comen de los desechos de los demás. “Tenemos casos de presos que fallecieron porque tenían tres meses comiendo concha de cambur de los desechos de otros. Y la comida que da el Ministerio de Servicios Penitenciario se la quedan ciertos presos o el personal”.
En 2021 fallecieron en las cárceles 126 personas, 90 de ellos murieron por motivos. Mientras que 106 detenidos murieron, en calabozos policiales, 68 por enfermedades. Girón recordó que los presos son responsabilidad del Estado y no deberían registrarse fallecidos dentro de los recintos.
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