Theresly Malave, abogada del preso político, acudió al Ministerio Público para exigir que se preserve la vida del exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana, quien presenta dificultad respiratoria y otros síntomas asociados a la COVID-19. Extraoficialmente se conoció que en el Sebin de El Helicoide hicieron el test rápido. Los familiares de los militares en la Dgcim siguen sin conocer información oficial.
Caracas. La salud del detenido Erasmo Bolívar empeora, pero las autoridades no escuchan el clamor de los familiares. Aunque ninguna autoridad del Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, les ha dado información oficial de su estado, han conocido extraoficialmente que tiene dificultad para respirar. Presenta todos los síntomas asociados a la COVID-19.
Este miércoles 12 de agosto la abogada del exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana (PM) acudió al Ministerio Público para solicitar que se preserve su vida y su salud. Exige que lo evalúe un médico y le realicen placas de tórax para determinar qué tan complicado está.
Bolívar, de 44 años, fue condenado a 30 años de prisión por los hechos del 11 de abril de 2002, y ya ha cumplido 17 años. Malavé comentó a Crónica.Uno que hasta el pasado domingo 9 de agosto a los familiares les permitieron llevarle medicinas y se enteraron de que su cuadro estaba bastante complicado.
“No puede respirar y por eso tenemos la urgencia y fuimos al Ministerio Público, no puede respirar. ¿Qué se espera? ¿Que se muera? Eso queremos evitar. Pedimos que le hagan una radiografía, que envíen a unos médicos, tiene fiebre y no está respirando. Es urgente, la familia está desesperada”, dijo al canal VPI TV Malavé.
Agregó que el caso de Bolívar es el más relevante, pero tienen conocimiento de que hay otros detenidos que presentan síntomas asociados a la COVID-19, aunque oficialmente no se tiene información.
“El llamado va con el director de Ramo Verde, el teniente coronel Ramón Castro, tiene que resolver el problema de Erasmo Bolívar. La juez primera de ejecución del estado Aragua, Ana María Armas, nunca ha resuelto los problemas de su expediente y mucho menos va a resolver los problemas de su salud”, añadió.
Bolívar y sus compañeros Héctor Rovaín, Arube Pérez y Luis Molina son beneficiarios de derechos procesales, desde 2007, que les confieren las medidas alternativas al cumplimiento de la pena y también de la Ley de Redención de la Pena por Estudio y Trabajo.
Pruebas rápidas en El Helicoide
Aunque los familiares no saben con exactitud el estado de salud de los detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, presuntamente el martes 11 de agosto les practicaron el test rápido de COVID-19 a una parte de la población penal. La información no fue confirmada de manera oficial por voceros del gobierno de Nicolás Maduro, pero supuestamente algunos presos dieron positivo al virus.
De los detenidos que presentaban síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, como Otoniel y Rolando Guevara, Vassyly Kotosky Villarroel y Enrique Perdomo, se conoció que presuntamente están progresando con el tratamiento suministrado, sin embargo, tampoco se conoce información oficial de su estado de salud.
El pasado viernes 7 de agosto el diputado José Manuel Olivares confirmó la muerte de Erick Echegaray, de 70 años, quien estaba detenido en El Helicoide. Aseguró que fue por COVID-19.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la muerte de Echegaray y expresó su preocupación por las personas privadas de libertad en el El Helicoide y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras denuncias recibidas de que los detenidos están en celdas sin agua, sin ventilación, sin luz solar ni atención médica.
En Dgcim siguen sin información
Los familiares de los militares detenidos en la Dgcim, en Boleíta, continúan sin información acerca del estado de salud de los presos políticos. A principios de agosto no le permitieron la entrada a una fiscal, supuestamente porque había casos de COVID-19. Esta información puso muy nerviosos a los parientes, quienes no han podido obtener noticias de sus seres queridos, aunque se han acercado a la sede a preguntarles a los funcionarios.
Desde que empezó el confinamiento en Venezuela, por los casos de COVID-19, se suspendieron las visitas en los centros de detención preventiva y en las cárceles. En cinco meses de pandemia en el país, el gobierno de Maduro ha confirmado 27.938 casos positivos y 238 fallecidos.
Al principio de la cuarentena los familiares de los militares en la Dgcim denunciaron que solo recibían una llamada al mes, luego disminuyó a tres semanas y posteriormente cada dos. Las comunicaciones son en altavoz y bajo custodia de un funcionario.
Parientes de los presos políticos en la Dgcim, el Sebin y Ramo Verde exigen a los representantes de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que verifique el estado de reclusión de los detenidos y su salud. También piden que se otorguen medidas humanitarias para evitar los contagios de COVID-19.
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