En Anzoátegui y Monagas comercios y empresas en riesgo de cerrar sus puertas cuando pase la cuarentena

El prolongado cierre de los comercios y empresas obligó a los dueños de establecimientos a utilizar sus ahorros para cancelar compromisos con sus empleados y satisfacer sus necesidades básicas. Los pequeños comerciantes serán los más perjudicados.

Regiones. La pandemia del nuevo coronavirus no solo ha afectado al área de salud. En el aspecto económico los comercios y empresas están atravesando por una difícil situación, sobre todo en el contexto venezolano, donde ya la crisis había marcado un precedente en el tema de nuevas inversiones.

La extensión del decreto de cuarentena a principios de semana por parte del ejecutivo de Nicolás Maduro incrementó los niveles de incertidumbre de los comerciantes, así como de los empresarios de productos no esenciales que hacen vida en los estados Anzoátegui y Monagas.

Angustia es la palabra con la que los dueños de negocios y empresas definen el panorama que atraviesan desde el pasado 17 de marzo cuando se decretó la cuarentena nacional.

Ahora comerciantes y empresarios de ambas entidades, además de lidiar con el alza desmesurada de los impuestos municipales, deben hacerlo con el cierre obligatorio de los establecimientos a causa de las medidas de confinamiento social.

Pagar empleados
Sabina (así pidió que la identificaran) es dueña de una peluquería en el Centro Comercial Colonial de Barcelona. Comentó al equipo de Crónica.Uno que si bien ya tenía elevados los niveles de estrés por todo el tema del COVID-19, el pasado viernes 3 de abril recibió un mensaje de los administradores del condominio del centro comercial en el cual le pedían cancelar el mes de arrendamiento, lo que le generó más angustia.

Estoy sobreviviendo con lo poco que tengo y ahora recibí ese mensaje. ¿Cómo pago un alquiler de un local en el cual no he producido ni un bolívar durante todo un mes? Esto es una situación muy complicada”.

Rosalyn es otra comerciante en un centro ubicado en el bulevar de Barcelona. Mantenía las esperanzas de incrementar sus ingresos en la pasada temporada de Semana Santa puesto que su negocio está dedicado al ramo textil (ropa y trajes de baño), pero estas se esfumaron porque ya va para dos meses sin exhibir nada y sin saber a ciencia cierta cuándo abrirá nuevamente su negocio.

“Se podrán imaginar cómo estamos. En mi caso tengo que pagar alquiler, condominio y dos empleados que forman parte de la estructura del negocio y estos, a su vez, tienen necesidades de alimentación. Los vigilantes del centro comercial tienen que comer. Estos trabajadores no son objetos que se desechan así nada más, son personas que están viviendo lo mismo que nosotros. Tenía un ahorro en divisas para pagar facturas pendientes y eso lo tuvimos que utilizar para pagarle a los empleados, el condominio y para cubrir las necesidades familiares”.

El acoso policial se ha vuelto una constante también para quienes tienen negocios ubicados en el sector Barrio Sucre de la capital anzoatiguense, dueños de establecimientos afirman que los oficiales de la policía municipal de Barcelona no los dejan trabajar obligándolos a cerrar sus establecimientos.

Estamos con mucha presión por todos los compromisos de pago. No podemos vender en tienda física y si vendemos por medios alternativos, no podemos reponer el inventario y nos vamos descapitalizando. En mi caso, he tenido que conseguir prestado para el mantenimiento de la familia. Si salimos vivos de esta, vamos a quedar con una preocupación mayor porque estaremos llenos de deudas”, sostuvo María Jaume, que tiene una venta de repuestos.

Golpe duro
Para el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Wael Raad, la situación que vive el comercio llamado “no esencial” no solo en la capital sino en el resto del estado es grave porque, si bien han acatado las medidas sanitarias, lo que no se ha visto es una medida económica que ayude a estos comercios a sobrellevar la crisis generada por la pandemia.

Raad afirmó que los negocios que no se dedican a la venta de alimentos y productos de higiene personal arrastraban problemas desde 2019 por las pocas ventas y el aumento en los impuestos municipales anunciado a principios de 2020 por la alcaldía de Barcelona, lo que muchos calificaron de una condena de cierre.

Ya veníamos con un problema y ahora tenemos este otro. Hay empleos de por medio y en juego. Los comerciantes estamos preocupados porque tenemos mercancía guardada en los locales, hay que hacer mantenimiento de los espacios y no nos dejan abrir. Consideramos que debemos aprender a vivir con este virus e ir abriendo gradualmente los espacios respetando todas las normas sanitarias decretadas“.

Para evitar más pérdidas, el gremio envió el pasado 8 de abril una comunicación al alcalde de Barcelona y jefe de la Oficina de Defensa Integral de Anzoátegui (ODDI) Luis José Marcano, para que les permita abrir gradualmente los negocios y hacer la rotación de mercancía y mantenimiento.

“Si esto se extiende más, que es lo probable, puede haber muchos cierres de locales. No hay una línea de crédito para poder paliar esta eventualidad. Nos estamos descapitalizando, hasta ahora no hay apoyo y el comerciante lucha solo contra esto. Somos sinónimo de empleo, un comercio abierto beneficia a todos”, afirmó.

Los centros comerciales son otro gremio que ha recibido un duro golpe por el cierre derivado de la pandemia de COVID-19 en Venezuela y el C.C Puente Real de Barcelona ha sido uno de los más afectados.

“Puente Real ha sufrido varios golpes en menos de seis meses, primero el incendio y ahora el cierre. Ahí ventilamos que muchos de los locales bajaran sus santamarías porque la mayoría son comercios de emprendedores. Sabemos que algunos negocios han pagado los salarios completos a sus trabajadores y otros solo 50 % porque no pueden costear los gastos”.

Raad indicó que si no se toman medidas económicas adecuadas durante esta pandemia, saldrán fortalecidos los grandes negocios mientras que los pequeños comerciantes serán los que perderán la batalla.

Pymes de Monagas
La inflación en Venezuela ha desmoronado el sueño de muchos comerciantes de construir su propio negocio. La situación antes de la pandemia no era muy alentadora.

Para 2019, según declaraciones del entonces presidente de Fedecámaras Monagas, José Zerpa, 1500 comercios habían cerrado sus puertas por el aumento exagerado de impuestos municipales. Zerpa detalló que, para el 18 de junio de 2019 el aumento de impuestos en la municipalidad fue de al menos 300 % sobre el ingreso anual de la empresa, se podía traducir al menos 10.400.000 bolívares.

De 12.000 empresas registradas en Maturín para el año 2015, en el 2019 quedaban solamente 4000, la cuales estaban en peligro de cierre por la situación económica y aumentos en los impuestos.

Maglorys Alcalá, representante de Fedecámaras en la entidad, afirmó desde que inició la cuarentena social y colectiva, al menos 70 % de las pequeñas y medianas empresas del estado se encuentran cerradas cumpliendo esta medida. Sin embargo, continúan cancelando la nómina de empleados y pagando los impuestos de la municipalidad.

Del 100 %, el 70 % de las Pymes están cerradas, pero continúan asumiendo los gastos de nómina y las obligan a pagar los impuestos municipales. La situación está difícil porque son empresas que están en riesgo de una pérdida de ingreso ante esta situación”, agregó.

Alcalá informó que de ese 70 % alrededor de 20 % están al borde de un cierre definitivo y advirtió que al terminar la cuarentena es posible que no abran nuevamente sus puertas.

Lo que va a suceder con esto no se puede ni siquiera medir porque los gastos están siendo acumulativos. Los comerciantes quedaron exonerados del pago de alquileres, pero al terminar todo esto, esos gastos se verán reflejados. Nosotros estamos en un municipio donde la voracidad fiscal es una de las principales características. Ellos (alcaldía) no han dejado de cobrar impuestos”, puntualizó Alcalá.

La situación afecta de manera directa a aquellos comercios que no pertenecen a las áreas priorizadas como alimentación y salud (abastos y farmacias). De acuerdo con lo relatado por Alcalá, las zapaterías, tiendas de ropa, repuestos, telas, etc., son las más afectadas ante el confinamiento. Se trata de comercios que a pesar de no estar operativos igual deben cumplir con los gastos impuestos por el municipio.

“El gobierno venezolano debe tomar políticas coordinadas junto con el sector empresarial para evitar el despido nefasto de un grupo importante de empresas que pueden cerrar sus puertas de manera definitiva”.