Los salarios y nóminas de los empleados públicos están casi totalmente centralizados en el sistema Patria, donde se desconocen qué criterios utilizan para depositar los bonos que, cuando mucho, aumentan sus ingresos a $25. Trabajadores critican que bajo ese mecanismo no hay cómo reclamar inconvenientes o retrasos en los pagos.

Caracas. Entre los empleados públicos hace años asumieron que, en la práctica, no cuentan con seguridad social o pólizas de atención primaria. Con ingresos precarios que, en el mejor de los casos, no superan los $25 mensuales, las colectas entre ellos para cubrir gastos de enfermedades y fallecimientos son el pan de cada día, pues las coberturas actuales, cuando mucho, llegan a Bs. 1.000.000.

“¿Con qué se compran las medicinas?”, cuestiona José Rodríguez, jubilado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), cuyo ingreso mensual si acaso llega a cinco dólares si incluye las primas de homologación y antigüedad y uno que otro bono que le depositan por el sistema Patria.

La Federación Única de Empleados Públicos (Fedeunep) estima que actualmente hay al menos 3 millones de trabajadores activos en la Administración Pública, que incluye a ministerios, institutos autónomos, alcaldías y gobernaciones.

Si te enfermas, para que el ente te reponga los gastos, tienes que enviarle una carta al ministro a cargo, informe médico, récipes, presupuesto de lo que necesitas y la mayoría de las veces eso queda así, no hay respuesta. Están manejando recursos que no son de ellos a su discreción”, denunció Antonio Suárez, presidente de Fedeunep.

Asegura que los salarios del sector, que son los que tienen incidencia en prestaciones sociales, siguen siendo paupérrimos y criticó que, incluso con los depósitos que hace el Ejecutivo por el sistema Patria, lo máximo que perciben mensualmente cubre tan solo 10 % de la canasta alimentaria.

La última vez que el gobierno de Nicolás Maduro hizo un aumento de sueldos en la Administración Pública fue en mayo, cuando el personal de menor rango pasó a devengar Bs. 7.000.000 y el de mayor escalafón quedó fijado en Bs. 21.280.000. Desde entonces, el tipo de cambio oficial aumentó 46,13 % y el bolívar se devaluó 31,6 %.

Y aunque desde principios de 2021 el Gobierno ha estado depositando bonos a los empleados públicos por el sistema Patria, Suárez y otros trabajadores activos y jubilados critican que no se sabe los criterios que aplican para hacer el pago, pues un mes pueden recibir un monto y al siguiente depositan otro, mayor o menor.

Los empleados públicos agrupados en Fedeunep denunciaron que en la última semana empezaron a recibir el depósito del “bono complementario” que, en teoría, tendría un monto máximo de 47 millones de bolívares (equivalentes a poco más de 10 dólares) y variaría en función del ente público donde trabaje.

Sin embargo, durante la semana registraron casos de personas que, aun trabajando en el mismo organismo, recibieron montos totalmente distintos. “En un mismo ministerio hubo gente que recibió Bs. 7.000.000 y otros que recibieron 30 o 40 millones de bolívares”, exclamó Suárez.

Los trabajadores resaltan que desconocen quién se encarga de asignar o calcular los montos que son depositados, pues cuando acuden a la gerencia de personal de cada ente les indican que solo cumplen con enviar la nómina a sus superiores.

Es una anarquía total lo que se vive en la Administración Pública. No hay a quien reclamar o quien dé la cara por nada, ni por los salarios, ni por las reivindicaciones ni por los beneficios que ya no existen”, dijo el secretario general del Sindicato Unitario de Obreros, Empleados y Jubilados Públicos del estado Miranda, Fermín Gutiérrez.

Según denuncias de Fedeunep, desde hace un mes las nóminas de las alcaldías y las gobernaciones también fueron centralizadas y los pagos se operan enteramente por Patria, hecho que viola la Constitución y los principios de autonomía estadal y municipal. Aseguran que en el último año han notado más casos de personas con dos o más nóminas en organismos diferentes.

Critican, además, que los incrementos salariales se ejecuten bajo cuerda (como presuntos pagos en dólares a trabajadores en algunos organismos) y los beneficios estén condicionados a la cercanía con quien esté a la cabeza del ente público.

Dependiendo de qué tan arriba estés, te pueden hasta garantizar transporte, mientras el grueso de los empleados públicos no tienen ni para el pasaje o se tienen que arriesgar a montarse en el Metro”, señaló Antonio Suárez, de Fedeunep.

Betty Suárez, jubilada y dirigente sindical del Ministerio de Finanzas y el Seniat, también denunció que siguen produciéndose las olas de jubilaciones tempranas a personas mayores de 45 años, con el fin –asegura– de dejar de pagarles los montos correspondientes y los bonos que perciben los trabajadores activos. Asegura que el personal que ingresa es netamente contratado y son pocos los que continúan dada la precariedad de los organismos.

Fedeunep propondrá a la Vicepresidencia de la República la próxima semana que el salario base de los empleados públicos sea elevado a 60 dólares, se retomen las discusiones de contratos colectivos y se avance en la restitución del fondo de seguridad social del sector público. No descartan llevar la discusión a instancias internacionales.

 En Venezuela se calcula que 26,6 % de la fuerza laboral trabaja en el sector público, indicador que es liderado por un 47,6 % de trabajadores independientes o por cuenta propia, según estima la consultora Anova Research. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que en 2020, como consecuencia de la pandemia, la tasa de participación laboral en la región fue de 57,7 %, la más baja desde 1991.


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