El 15 de enero de 2018, el gobierno nacional llevó a cabo lo que ellos catalogaron como operación Gedeón, que incluyó el despliegue de al menos 500 militares y policías, más armamento pesado, en El Junquito, con el fin de desarticular al grupo liderado por Óscar Pérez.
Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recomendaciones al Estado venezolano sobre la masacre de El Junquito, donde ocurrió la ejecución extrajudicial de Óscar Pérez, funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y cofundador del movimiento Equilibrio Venezuela, debido a la impunidad que se mantiene desde 2018.
Estas recomendaciones fueron emitidas luego de que el pasado 11 de octubre, la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Recomendaciones:
- Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial.
- Realizar una investigación diligente y oportuna de los hechos para identificar a las personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Por la gravedad de las violaciones el Estado no puede utilizar garantías legales como la cosa juzgada, ne bis in ídem o prescripción para eludir esta recomendación.
- Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) la capacitación de agentes policiales y militares en cuanto a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal; y ii) establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas respecto de abusos cometidos por los miembros de tales cuerpos de seguridad.
¿Cuándo ocurrió la masacre de El Junquito?
El 15 de enero de 2018, el gobierno nacional llevó a cabo lo que catalogaron como operación Gedeón, que incluyó el despliegue de al menos 500 militares y policías, más armamento pesado, en la parroquia El Junquito, municipio Libertador de Caracas, con el fin de desarticular al grupo liderado por el funcionario Óscar Pérez, quienes, previamente llevaron a cabo un ataque al Tribunal Supremo de Justicia y sustrajeron armas del Fuerte de Paramacay, en Carabobo, en 2017.
Parte de lo que ocurrió quedó registrado en una serie de videos publicados por el mismo Pérez a través de redes sociales, allí estos alegaban haberse rendido y pedían una negociación. De igual forma el gobierno continuó con el operativo, en el cuál hubo en total siete personas fallecidas.
Finalmente, la corte concluyó que, debido al resultado de las autopsias y por fotos publicadas en redes sociales, se podía evidenciar ejecuciones con “tiros de gracia” en las víctimas.
“Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar funerales adecuados”, dice el comunicado de prensa emitido por la CIDH, este 26 de diciembre.
Otras conclusiones
La Comisión concluyó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión y protección judicial, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- La Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales.
- También consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas. La Comisión señaló que acorralaron a las víctimas fueron y posteriormente las ejecutaron, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal.
- En cuanto a las garantías judiciales, la Comisión observó, entre otros elementos, la falta de documentación sobre la apertura de una investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia.
- La CIDH destacó la impunidad persistente y la violación de derechos de las familias, en especial debido a la imposibilidad de realizar entierros y ritos funerarios de acuerdo con sus creencias para despedir a sus seres queridos, lo cual constituyó una afectación a su integridad psíquica y moral, y una violación a los derechos a la integridad personal y la libertad de conciencia y religión.
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