#EnClaves ¿Por qué gremios educativos califican el año escolar 2020-2021 como una “catástrofe educativa”?

año escolar

Las condiciones actuales del sistema educativo han lastrado en el desempeño de los docentes y de la educación que reciben los estudiantes más jóvenes. En una rueda de prensa con la Unidad Democrática del Sector Educativo, se catalogó el año escolar 2020-2021 como una catástrofe educativa.

Caracas. El año escolar 2020-2021 tiene nota roja en la boleta según la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE). Esta agrupación de gremios docentes del país calificó el último ciclo educativo como una catástrofe educativa ante la pandemia y las precarias condiciones que ya venía padeciendo el sector.

Profesores de distintas instancias del sector educativo sostuvieron un encuentro con los medios este miércoles en el que ofrecieron un balance del último año escolar.  La profesora Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación de Colegios de Profesores de Venezuela, en compañía de otros docentes, presentaron el balance con énfasis en cuatro aspectos que someten al sector educativo a la crisis más grave de su historia.

1. Pobreza en la educación

Figueroa destacó como primer punto el estado de pobreza extrema que embarga al sector educativo, especialmente en lo que se refiere a salarios y seguridad social de los docentes. Al día de hoy un sueldo para el profesor más capacitado, con estudios de doctorado y posgrado, no llega ni siquiera a $10 mensuales.

Protesta de maestro frente al ministerio exigiendo mejoras salariales. Foto Gleybert Asencio

La entidad gremial enfatizó en que este año la calidad de vida de los docentes se ha visto aún más afectada, al punto en que muchos han migrado y otros sencillamente han renunciado a la educación para buscar otro trabajo.

Los docentes están pasando hambre. Hay profesoras trabajando limpiando casas y profesores haciendo de vigilantes porque con este sueldo es imposible vivir”.

No obstante, el problema no termina ahí, sino que afecta directamente a las familias. Figueroa asegura que muchos estudiantes han tenido que abandonar escuelas y liceos “para lanzarse a las calles” a buscar ingresos que ayuden a la familia a subsistir en medio de la crisis.

2. Exclusión escolar

Para los miembros de la UDSE, la exclusión escolar es un indicador de la entronización de la pobreza que aumenta con el paso de los años. Sin embargo, en el período 2020-2021, la exclusión escolar derivó también en desigualdad social a raíz de la pandemia.

El Estado cedió su responsabilidad a las comunidades y representantes para atender el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños”, aseveró Figueroa.

Con la llegada de la pandemia, los decretos de cuarentena y el cierre de las escuelas, el sector educativo tuvo que pasar a una modalidad de clases a distancia. El problema con esto es que la mayoría de los jóvenes y docentes no tiene acceso a internet para cumplir a cabalidad un proceso de educación en línea.

Esto derivó en una desigualdad social partiendo del hecho de que la educación es un derecho para todos los venezolanos”, puntualizó.

La desigualdad citada por los dirigentes sindicales se tradujo en que 33,7 % de los niños se quedaran fuera del sistema escolar, y dejaran las aulas por la falta de condiciones y por “la pobreza extrema que viven las familias venezolanas”.

3. Inversión en educación casi nula

La UDSE, aunque no precisó cifras, aseguró que en 2021 la inversión en educación fue “casi nula”. Figueroa explicó que durante los últimos años los fondos destinados para el sector educativo venían decreciendo considerablemente.

Por ejemplo, para 2019 mencionaron que el gasto de inversión en educación fue de apenas 4,3 % del total del gasto público, su punto más bajo en toda la historia, aseguró el gremio.

Eso significa que esta situación no fue atendida en este proceso de educación a distancia. No hubo una atención a los estudiantes ni a los docentes para poder sacar adelante el año escolar, especialmente en los que respecta a conexión a internet, teléfonos inteligentes, atención metodológica”.

Todos estos insumos son una inversión que le corresponde directamente al Estado para garantizar el derecho a la educación aun en medio de la pandemia.

Figueroa recordó que para este último ciclo académico ni siquiera se hizo entrega de las computadoras Canaima ni se le hizo mantenimiento a las que habían sido otorgadas en años anteriores.

Las computadoras Canaima corresponden un programa estatal que desde hace años reparte pequeñas computadoras a estudiantes de escuelas públicas y liceos del país con el objetivo de mejorar el proceso educativo.

Esto quiere decir que nuestros estudiantes no tuvieron herramientas pedagógicas para apegarse a este proceso de educación a distancia”.

Otro aspecto señalado por la UDSE fue la falta de inversión para el mantenimiento de las escuelas y liceos, asegurando que el 95 % de los planteles a escala nacional se encuentran en un profundo estado de deterioro en varios aspectos. Desde infraestructura hasta los comedores y los servicios de pediatría y medicina general.

4. Educadores del ministerio sin preparación

La UDSE destacó que de los 430.000 educadores que hay inscritos en el ministerio alrededor de  10 % son especialistas en las áreas científicas donde se desempeñan.

Otro 15 % no está graduado ni tienen título y todo el porcentaje restante corresponde a “interinos que vienen de las misiones Sucre o del sistema paralelo de la educación que ha desarrollado este Estado”.

Figueroa destaca que esto es sumamente grave porque significa que la educación de los más jóvenes no está sostenida sobre la ciencia ni el conocimiento sino “por una misión mediocre” creada por el Estado.

Por ahora, los gremios docentes se mantienen resilientes en busca de mejores condiciones salariales y sanitarias, en vista de que el Ejecutivo planea un regreso a clases presenciales para octubre de este año. Las condiciones incluirían un mejor sueldo y la vacunación de niños y profesores.

De no conseguirse esta mejora, los docentes no volverán a las aulas, y no porque no quieran, sino porque las escuelas no pueden obligar a los profesores ni a los estudiantes a ir a clases en un contexto que pone en peligro la salud. Especialmente cuando ni los alumnos ni los colegios tienen acceso a ningún tipo de servicio médico, otra cosa que también se ha perdido con el avance de la crisis, según los mismos docentes.

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