En el informe de la organización se lee que “la crisis humanitaria empeoró, con una escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema. La pandemia de COVID-19 agravó tanto esta situación como el deterioro progresivo de la infraestructura del servicio de salud”.
Caracas. En su más reciente informe presentado este miércoles 7 de abril Amnistía Internacional señala que “en la crisis continuada de derechos humanos que sufre Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año”.
Explican en el texto que “quienes criticaban las políticas del gobierno —como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política— eran objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria. Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían estigmatización y encontraban dificultades para llevar a cabo su labor”.
En el informe, Amnistía Internacional señala que “la crisis humanitaria empeoró, con una escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema. La pandemia de COVID-19 agravó tanto esta situación como el deterioro progresivo de la infraestructura del servicio de salud”.
Amnistía Internacional especifica las violaciones de derechos humanos en las siguientes áreas:
Ejecuciones extrajudiciales: siguieron recibiéndose informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Detención arbitraria: siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia.
Tortura y otros malos tratos: continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La Oacnudh documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual.
Uso excesivo de la fuerza: el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía, el ejército y los grupos armados contra manifestantes seguía siendo generalizado. Las autoridades no tomaron medidas significativas para impedirlo. Hubo numerosas denuncias de uso indiscriminado de la fuerza durante las operaciones de cumplimiento de la ley.
Impunidad: la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional seguía siendo la norma.
Juicios injustos: siguieron utilizándose juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas a las del gobierno de Maduro. Continuó el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles o personal militar retirado.
Escrutinio internacional: a pesar de los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro por eludir el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó durante el año siete medidas cautelares en favor de personas en Venezuela.
Represión de la disidencia: la política de represión para acallar la disidencia y controlar a la población continuó y se intensificó durante la pandemia de COVID-19 y en el período previo a las elecciones parlamentarias de diciembre.
Libertad de reunión: las restricciones a la libertad de reunión pacífica y de asociación seguían siendo práctica habitual.
Libertad de expresión: según la organización de la sociedad civil Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Muchos de ellos tuvieron lugar después de que en marzo se declarara el estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Defensores y defensoras de los derechos humanos: los defensores de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas y estigmatización en el ejercicio de su labor. El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta junio se habían efectuado más de un centenar de ataques —que incluían actos de criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias— contra defensores de los derechos humanos.
Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes: el número de personas venezolanas refugiadas y migrantes que huían a otros países en busca de protección internacional seguía aumentando, y llegó a 5,4 millones al concluir el año.
Emergencia humanitaria: la emergencia humanitaria continuó y se intensificó. Las condiciones imperantes —como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos— se vieron agravadas por la COVID-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia.
Derechos de las mujeres: según una coalición venezolana de ONG, las brechas de género —ya agravadas por la compleja emergencia humanitaria— se vieron exacerbadas por la COVID-19. La Oacnudh y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron las repercusiones que esta situación tenía para las mujeres, incluida la falta de acceso a servicios tanto de salud materna, sexual y reproductiva como de salud en general.
Derecho a la salud: los servicios de salud continuaron deteriorándose. La escasez de medicamentos básicos, que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó. La respuesta del Estado a la COVID-19 se vio gravemente afectada por la falta de acceso a servicios de salud adecuados.
Derecho a la alimentación: los sistemas de distribución de alimentos, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), seguían sin cubrir las necesidades nutricionales de la población y funcionaban con arreglo a criterios políticos discriminatorios.
Derecho al agua: los problemas de suministro de agua potable y servicios de saneamiento continuaron y se agravaron, lo que afectaba las condiciones de vida y elevaba el riesgo de contagio de COVID-19.
Condiciones de reclusión: persistían las muertes bajo custodia y la ausencia de investigaciones al respecto. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, entre enero y junio se registraron 118 muertes bajo custodia.
Derechos de los pueblos indígenas: los derechos de los pueblos indígenas seguían viéndose gravemente afectados por la minería ilegal practicada en el Arco Minero del Orinoco y otras partes del país.
Lea el informe completo aquí
Participa en la conversación