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Entra a primera discusión Ley de Cooperación Internacional en medio de nueva ola de hostilidad contra las ONG

AN | ONG

Foto: Prensa AN

En 2006 y, de nuevo, en los años 2010 y 2015, el chavismo ha intentado aprobar la Ley de Cooperación Internacional, un instrumento que regularía el funcionamiento y hasta cómo se financian las ONG en Venezuela.

Caracas. Desde el año 2020 el gobierno de Maduro ha mantenido un asedio constante contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) las cuales se encuentran cada vez más acorraladas por detenciones, allanamientos y satanización por parte de funcionarios públicos en medios del Estado.

A este clima de hostilidades ahora se sumará la primera discusión de la Ley de Cooperación Internacional, la cual se debatirá en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) en la semana del 19 de abril. Se trata de un instrumento jurídico que desde hace años el chavismo ha intentado aprobar y que limitaría tanto el funcionamiento como el financiamiento de las ONG en Venezuela.

El anuncio del proyecto de ley hecho por la diputada Ilenia Medina en la sesión de este jueves 15 de abril, se presenta en medio de una campaña sostenida por parte del gobierno de Nicolás Maduro de atacar y demonizar a estas organizaciones.

La ley, según Medina, buscará evaluar no solo la interacción de Venezuela con organismos multilaterales, sino también los compromisos que el país ha suscrito a lo largo de la historia.

Un ejemplo de esto es la evaluación de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El pasado 19 de marzo el diputado Francisco Torrealba (PSUV) aseguró que esta revisión tiene como objetivo “la ratificación de estos convenios adoptados por la República”.

En aquel momento, se creó una comisión mixta integrada por ocho miembros de la Comisión de Desarrollo Integral y siete de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Se informó que algunos de los integrantes de esta comisión serían Ilenia Medina, Azucena Jaspe, Gilberto Giménez, Desirée Santos Amaral, Leopoldo Matos, Miguel Salazar y Luis Augusto Romero.

Mientras que Torrealba asegura que el objetivo de la ley es ratificar una serie de acuerdos internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido una actitud crecientemente hostil contra diversos sectores de la sociedad.

Seis puntos clave del proyecto de Ley de Cooperación Internacional

De acuerdo con el anteproyecto de Ley al que tuve acceso El Pitazo , una vez aprobado el instrumento jurídico este permitirá al Estado controlar el financiamiento internacional y por ende el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

1. En el artículo 2 del proyecto de ley se señala que se aplicará “a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con ésta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales, humanos, económicos, financieros desde el exterior hacia la República Bolivariana de Venezuela y desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el exterior”.

2. De igual forma, indica en el artículo 5, que la cooperación internacional en Venezuela “se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la Constitución del a República Bolivariana de Venezuela y en los lineamientos y políticas que al efecto establezca el Presidente o Presidenta de la República”, lo que confiere al Ejecutivo Nacional un control real sobre el intercambio de bienes que puedan o no ir destinados a ONG y Asociaciones Civiles independientes.

3. Para llevar a cabo este control, el artículo 10 del anteproyecto de ley establece la creación de un “órgano desconcentrado para la cooperación internacional”. En el texto se señala que este órgano tendrá un “carácter técnico especial”, dependiente del Ejecutivo, específicamente del “ministerio con competencia en materia de cooperación internacional” y que el mismo “ejercerá funciones de organización, dirección, control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación internacional”.

4. En el artículo 17 se establece quizás el mecanismo de control más férreo sobre las ONG en la forma de un Sistema Integrado de Registro en el que las organizaciones deberán inscribirse de forma obligatoria para poder funcionar dentro de Venezuela. “Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.”

5. El artículo 18  establece la obligatoriedad de las ONG de inscribirse en el mencionado sistema y se especifica que se trata de “una condición indispensable para ser reconocidas por el Estado venezolano como entes susceptibles de realizar actividades de cooperación con sus homólogos en otros países”.

6. El artículo 22 del proyecto de ley obliga a todas las ONG nacionales y extranjeras a suministrar a las autoridades, así como a cualquier otro ciudadano que lo solicite, “la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos”. Sobre esto último se añade que debe haber “especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”.

El asedio contra las ONG

Las ONG han sido uno de los objetivos constantes desde el año 2020. Se evidencia en declaraciones hostiles de importantes dirigentes del chavismo, los cuales señalan que estas organizaciones reciben financiamiento desde Estados Unidos con el propósito de desestabilizar el país.

“Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda, a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. Después van a decir que están perseguidos”, declaró, el 19 de febrero de 2020, Diosdado Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

En aquel momento, las declaraciones de Cabello fueron dirigidas específicamente contra la ONG Provea, la cual tiene una trayectoria de décadas defendiendo los derechos humanos en Venezuela.

Recientemente, fue publicada en la Gaceta Oficial 42.098 del 30 de marzo de 2021 la providencia 001-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que exige a las ONG en Venezuela inscribirse en un registro único para demostrar el origen de su financiamiento.

Esta providencia mantiene la misma línea que se observó en los intentos anteriores de presentar una Ley de Cooperación Internacional, en la que el gobierno pretende delimitar el acceso a las ONG del financiamiento internacional.

¿Cómo encaja la Ley de Cooperación Internacional?

La Ley de Cooperación Internacional es un viejo objetivo del chavismo, el cual presentó el proyecto de ley en 2006, 2010 y 2015. Desde esos años varias organizaciones han alertado que sería un instrumento empleado para controlar el funcionamiento de las ONG, pero también asociaciones civiles en Venezuela, mediante el seguimiento de los fondos que estas reciben desde el extranjero.

En el año 2015, Amnistía Internacional señaló en un exhorto para que el proyecto de ley no se aprobara: el proyecto establece que las organizaciones de la sociedad civil solo podrán acceder a fondos de la cooperación internacional si cumplen con “los lineamientos y políticas que al efecto establezca el presidente”.

Sobre esto, Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de las Américas de Amnistía Internacional indicó lo siguiente: “Exigir que las organizaciones de la sociedad civil alineen su trabajo a criterios establecidos discrecionalmente por el presidente para acceder a recursos de la cooperación internacional es una forma clara, e inaceptable, de coartar su independencia y prevenir que continúen sus labores”.

Hasta los momentos, desde la AN no se ha presentado el texto del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, pero medidas como la de la providencia 001-2021 hacen pensar que su objetivo es, precisamente, coartar de alguna forma el funcionamiento de aquellas organizaciones que defienden las libertades.

El último ejemplo de la persecución del gobierno de Maduro contra las ONG se vio el pasado 12 de enero cuando cinco integrantes de la organización Azul Positivo fueron arrestados en el estado Zulia. Estos defensores de los derechos humanos permanecieron casi un mes detenidos antes de ser excarcelados el 10 de febrero de este año.

Layner Gutiérrez, Yordy Bermúdez, Johan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrebus estuvieron detenidos durante 28 días, después de que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanara la sede de la institución en Maracaibo y que el 14 de enero el Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia dictara medida de libertad preventiva contra los trabajadores por presuntos delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales”. La medida fue ratificada el 28 de enero.

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