Desde enero de 2016 Nicolás Maduro ha extendido la resolución unas 17 veces. Según el mandatario, esto ha sido para resolver la crisis económica que atraviesa la nación. Venezuela lleva cinco años en recesión y dos en hiperinflación.

Caracas. En enero se cumplieron tres años del Estado de Excepción y emergencia económica decretado por Nicolás Maduro en 2016 y con él, se sumó una nueva prórroga publicada en Gaceta Oficial número 6424, con fecha del 11 de enero de 2019. La resolución fue declarada “constitucional” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde enero de 2016 hasta enero de 2019, Nicolás Maduro ha prorrogado el Estado de Excepción unas 17 veces. Según el mandatario nacional —quien es desconocido por la comunidad internacional en este segundo periodo de gobierno— la medida era para resolver la profunda crisis económica que atraviesa la nación, en recesión desde hace cinco años y en hiperinflación desde hace dos.

Nicolás Maduro prometió sanear una economía que puso en aprietos a los venezolanos. Cada anuncio de aumento salarial es rechazado por los ciudadanos, quienes saben que al día siguiente se hallarán con precios más altos que el día anterior. De acuerdo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) la inflación diaria en el país fue de 3 % en 2018, la anualizada superó 1.600.000 %.

En agosto del año pasado, Maduro anunció el Plan de recuperación económica, programa con el que la población se sintió más desprotegida, luego de que las tarifas en los servicios básicos subieran y el aumento de 5900 % en el salario mínimo generara un impacto clave en la inflación de septiembre; que en ese mes se ubicó en 233 %, cuando en los meses anteriores se había mantenido entre 100 % y 130 %.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la economía venezolana se contraiga 10 % este 2019. El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que la inflación interanual se ubicará en 10.000.000 % al cierre de año. El 14 de enero, durante la Memoria y Cuenta 2018, Maduro anunció que aumentarían la oferta de crudo y que trabajarían para recuperar la economía a través de estos decretos que han extendido por tres años.

Las únicas instituciones con competencias en aprobar un Estado de Excepción son la AN y el TSJ, según lo establecido en la Constitución venezolana. En enero de 2016, nueve días después de la instalación del Parlamento, de mayoría opositora, el Ejecutivo presentó el decreto y pese al rechazo del poder Legislativo, el Supremo declaró su constitucionalidad.

Un Estado de Excepción es un recurso o mecanismo del Gobierno, que contempla la Constitución y la Ley venezolana, con la finalidad de “restringir” los derechos y garantías constitucionales cuando existan “circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación”.

El abogado y constitucionalista José Vicente Haro considera que “estos decretos son gravísimos” porque el Ejecutivo asume funciones que corresponden a la Asamblea Nacional, por ejemplo: la aprobación de contratos de interés nacional, aprobación de la Ley de Presupuesto y lo relacionado a la Ley de Endeudamiento. Según el artículo 187 de la Carta Magna, todas estas deben presentarse como presupuesto ante el Parlamento y luego este es el encargado de aprobarlos o no.

La Constitución expresa que la AN aprobará la prórrogas del Estado de Excepción y emergencia económica. De acuerdo con el artículo 338, el decreto tiene una duración de 60 días, prorrogable hasta 60 días más.


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