Theresly Malavé, abogada del parlamentario, denunció que tras 19 días desde su desaparición desconocen dónde está, aunque fue trasladado a tribunales para su presentación. El defensor de los Derechos Humanos, Marino Alvarado, explicó que desde hace tres años esta práctica se convirtió en un patrón del gobierno de Maduro.
Caracas. “Lo que más me preocupa es que no sé el paradero de mi hijo. Antes por los caminos verdes podíamos saber dónde estaba, pero ahora no sabemos nada. Temo por su vida, tengan un poquito de compasión”.
Melania de Caro, madre del diputado (VP) Gilber Caro, aseguró que su hijo está detenido —por tercera vez— por luchar por una mejor Venezuela y estas son las consecuencias. También se trata de la tercera desaparición forzada del parlamentario.
Este miércoles 8 de enero acudió a los tribunales acompañada por Theresly Malavé, abogada del diputado, para pedir que les informen dónde tienen detenido desde hace 19 días a Caro y a su asistente, el periodista Víctor Ugas.
Ugas estuvo preso cuatro años en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras ser responsabilizado de publicar fotos del cadáver del exdiputado Robert Serra en la morgue de Bello Monte, reseñó Espacio Público.
Ambos fueron detenidos el 20 de diciembre de 2019, mientras cenaban en una pizzería en El Paraíso, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Desde ese momento tanto su defensa como su familia desconocen dónde están, por lo que son víctimas de desaparición forzada.
Marino Alvarado, abogado y activista de los derechos humanos, explicó que se habla de desaparición forzada cuando la persona fue detenida por un organismo policial, militar o por un grupo irregular que actúe bajo la dirección de funcionarios del Estado y no se sabe dónde está o si está viva. “Puede tratarse de horas, de días o incluso de años”.
Esta práctica se ha convertido en un patrón del gobierno de Nicolás Maduro en los últimos tres años, según Alvarado. El grupo de trabajo sobre desaparición forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indica que el Estado debe brindar información de su paradero y de los motivos de su detención.
La abogada del diputado dijo que fueron presentados ante tribunales el 22 de diciembre y la jueza dictó como centro de reclusión la sede de las FAES en La Quebradita, pero ahí no están.
“En las dos veces que fue detenido anteriormente también estuvo detenido por mucho tiempo, pero hemos conocido, por los caminos verdes, dónde lo habían detenido y esta vez no sabemos nada”.
Malavé no ha tenido acceso a su expediente porque fueron presentados con defensa pública, sin embargo se ha mantenido atenta al caso.
Desaparición forzada es un delito
En el año 2000, con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, se incluyó la desaparición forzada como delito con pena de 15 a 24 años de prisión y en 2005 aumentó a 25 años, de acuerdo con el abogado criminalista, Luis Izquiel.
El diputado Caro, quien fue electo en 2015, ha sido víctima de este delito por tercera vez. La primera vez que lo detuvieron fue el 11 de enero de 2017 y 9 días después se supo su ubicación, cuando Tarek William Saab, defensor del pueblo en ese momento, confirmó que estaba recluido en el Centro Penitenciario 26 de Julio, en Guárico. Fue excarcelado el 2 de junio de 2018, tras un año y cinco meses.
Diez meses después efectivos del Sebin lo detuvieron por segunda vez: el 26 de abril de 2019, en Las Mercedes. Estuvo 34 días desaparecido hasta que el 30 de mayo le confesaron a sus familiares y abogados que estaba preso en el Helicoide. Lo excarcelaron el 17 de junio.
“La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, que en el marco de la labor que viene realizando la Corte Penal Internacional, se debe investigar tanto a quienes dan las órdenes como quienes las ejecutan”, explicó el abogado Marino Alvarado.
De acuerdo con cifras de la ONG Provea, desde el año 2000 hasta 2016 se documentaron 188 desapariciones forzadas en el país, casi en su totalidad impunes.
En el caso del diputado Caro la responsabilidad de su desaparición se le atribuye al defensor del pueblo designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Alfredo Ruiz, y a Tarek William Saab, fiscal designado también por la ANC.
“El defensor debe realizar labores para informar a los familiares dónde está Caro y esa omisión lo hace responsable. Al igual que a Saab, porque él es quien da la orden de detención y como fiscal está en la obligación también de informar”.
Explicó que si la Corte Penal Internacional realizara una investigación hoy acerca del caso de Caro, tendrían que ser sancionados funcionarios por acción y omisión. Los efectivos que ejecutaron la medida, los que lo tienen desaparecido, quienes dieron la orden y los que por omisión no actuaron.
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