Un total de 20.710.421 están habilitados para votar este 6-D, un proceso fuertemente cuestionado dentro y fuera de Venezuela. El Gobierno decretó la Ley seca, prohibió las reuniones públicas y suspendió los portes de armas hasta el lunes. Se escogerán 274 diputados.
Caracas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que todo está listo para las elecciones parlamentarias de este domingo —que han sido cuestionadas en casi todas sus etapas por instituciones nacionales e internacionales— en las que 20.710.421 electores están habilitados para escoger a 274 diputados, entre ellos 130 nominales, 96 por las listas regionales y 48 por la llamada lista nacional, mientras que el 9 de diciembre se escogerá a los 3 representantes de las comunidades indígenas a través de un método que, según organizaciones civiles, viola el derecho al voto directo, libre y secreto.
La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, indicó que los 14.221 centros de votación estarán abiertos este 6-D desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. En total funcionarán 29.622 mesas electorales. Aunque el Poder Electoral aumentó el número de legisladores —contraviniendo los criterios establecidos en la Constitución— mantuvo las mismas 87 circunscripciones de las elecciones de 2015.
En total participarán 6107 candidatos y 26 organizaciones políticas nacionales. Sin embargo, las principales fuerzas de la oposición, que ganaron la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional (AN) hace cinco años, decidieron no participar en los comicios, luego de que casi todas las tarjetas de sus partidos fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ahora cuentan con directivas ad hoc, designadas por el Tribunal, que decidieron inscribir candidatos.
El 6-D participarán 370.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y de la milicia, encargados de resguardar los centros electorales. Desde este viernes el Gobierno prohibió la venta de bebidas alcohólicas y suspendió los portes de armas hasta el lunes. También se reforzaron las fronteras. El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb), Remigio Ceballos, aseveró este jueves que las reuniones públicas también estarán prohibidas durante este lapso.
Ceballos agregó que la milicia tendrá un papel en el traslado de los electores, algo que causó preocupación sobre una posible coacción a los votantes. “La milicia bolivariana tiene una tarea especial que es reforzar la bioseguridad para garantizar que las personas puedan ir a votar de manera segura. Ejercen su voto con todos los protocolos establecidos por el CNE y regresen a su casa”, señaló en una entrevista por VTV.
El Ministerio Público desplegará a 1200 funcionarios cuya función es estar atentos a posibles irregularidades o delitos electorales, mientras que la Defensoría del Pueblo contará con 450 funcionarios que deben defender el derecho al sufragio.
Lista de cuestionamientos
Los cuestionamientos de los comicios se iniciaron desde que el TSJ nombró a la directiva del Poder Electoral, algo que correspondía a la AN, de mayoría opositora. “la Sala Constitucional del TSJ no sólo designó a los miembros del CNE sino que, yendo aún un poco más allá, nombró en el mismo acto a dos de sus magistradas como autoridades del órgano electoral: Indira Alfonso, que pasó a ocupar la presidencia, y Gladys Gutiérrez, quien se incorporó al organismo electoral como rectora principal”, indicó un informe elaborado por ocho de la sociedad civil (Centro de Justicia y Paz-CEPAZ, Movimiento Ciudadano Dale Letra, Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, Red Electoral Ciudadana, Red OSC Sinergia AC, Observatorio Electoral Venezolano-OEV, Observatorio Global de Comunicación y democracia-OGCD y Voto Joven).
El documento agrega que en un lapso de tres meses el máximo juzgado intervino a nueve organizaciones políticas, entre las cuales “se contaban no sólo organizaciones identificadas con la oposición (Acción Democrática, Movimiento Primero Justicia, Voluntad Popular, Bandera Roja, Acción Ciudadana En Positivo y Movimiento Republicano) sino también otras que, perteneciendo a la alianza oficialista Gran Polo Patriótico, habían decidido postular candidatos propios (Patria para Todos, Compromiso País y Tupamaro)”.
Una de las violaciones más grave está contenida en el Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional, que para estas instituciones afecta “el principio de progresividad de los derechos fundamentales y civiles de las personas, al desconocer el voto universal, directo, secreto y libre. De acuerdo con lo planteado en el nuevo reglamento, la elección de la representación indígena, a realizarse tres días después de las elecciones parlamentarias 2020, se convertiría, de facto, en una elección de segundo grado”.
Esto representa un retroceso histórico para el sistema electoral venezolanos y contraviene lo establecido en la Constitución. “Las elecciones bajo esta modalidad no son directas porque los electores votan por voceros que serán luego los que votarán por los ciudadanos postulados a diputados; no son secretas porque en el nuevo texto se establece expresamente que los voceros podrán ser electos en asambleas públicas, a mano alzada, y se corre además el riesgo de que no sean libres ya que, al ser públicas, los electores podrán ser objeto de presiones”, expresa el informe.
Pandemia y “veeduría” internacional
Los cuestionamientos del 6-D también incluyen al nuevo sistema automatizado cuyos procesos de licitación y costos todavía son una incógnita, la ampliación de 167 a 277 diputados, con una lista nacional de 48 diputados que viola el carácter regional que la Constitución otorga a los comicios y el ventajismo desplegado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “El diseño de la contienda electoral por parte del gobierno ha tenido como figura principal al TSJ, el cual se transformó en un actor fundamental en la tarea de desmembrar a las organizaciones políticas”.
El 6-D también genera preocupaciones por la situación de la pandemia de COVID-19. Las organizaciones defensoras del derecho al sufragio consideran que los protocolos establecidos por el Poder Electoral son insuficientes. “El irrespeto a las normas biosanitarias fue especialmente evidente en los actos de campaña, tanto por parte del partido del gobierno (PSUV) como de otras organizaciones partidistas”, señalaron.
Otro punto que ha sido denunciado es de las presiones a electores para que asistan a los comicios. La organización civil Súmate realizó un monitoreo de este tema con 1856 voluntarios en las 24 regiones del país. Un total de 77,42 % de los activistas reportaron que observaron a los “Jefes de Calle” o “Jefes de Zona” elaborando listas de seguimiento a electores para supervisar su participación el 6-D. Además, 77,68 % de estas personas reportó la existencia de amenazas de despidos e intimidación a familiares y amigos, trabajadores de la administración pública si no votan por la opción oficialista.
Como es costumbre desde 2006, para estos comicios tampoco habrá misiones de observadores electorales. La ONU y la Unión Europea declinaron la invitación del Gobierno para asistir a los comicios. La UE indicó que, a su juicio, no estaban dadas las condiciones para poder cumplir con el papel de observadores.
El CNE modificó la terminología del “acompañamiento internacional” por la de la “veeduría internacional”. Sin embargo, las restricciones a las organizaciones invitadas por el Gobierno con motivo de los comicios se mantienen, lo que compromete su independencia y libertad de movimiento.
En su informe las ONG recuerdan que el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales contempla que la actividad de la veeduría está sujeta a un plan que debe ser aprobado por el CNE. “El reglamento establece, asimismo, en varias ocasiones, limitaciones a la capacidad de los veedores nacionales o internacionales para hacer públicos los hallazgos, conclusiones, críticas y recomendaciones que pudieran surgir de su actividad (artículos 480 y 488)”, precisaron.
Foto: Archivo
Participa en la conversación