Crónica Uno

Exigen a Corte Marcial impartir justicia y liberar a oficiales de FAV involucrados en Golpe Azul que ya cumplieron condena

Foto: Gregoria Díaz

El primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón y el primer teniente Peter Moreno Guevara, acusados de haber participado supuestamente en el llamado Golpe Azul, debieron salir en libertad el 20 de noviembre y el 20 de octubre pasados, respectivamente. La madre del primero, Gloria Calderón, denuncia al juez militar primero de ejecución teniente coronel Iván Bustamante Prieto y al presidente de la Corte Marcial, general Edgard José Rojas Borges, de mantenerlo detenido arbitrariamente.

Maracay. Familiares de los primeros tenientes Luis Hernando Lugo Calderón y Peter Moreno Sandoval exigen a la Corte Marcial impartir justicia y proceder a la liberación de los oficiales de la Fuerza Aérea de Venezuela, pues ya cumplieron la condena que les impusieron por estar presuntamente involucrados en el denominado Golpe Azul.

“A mi hijo se le violan todos sus derechos y la libertad es uno de ellos. Exijo que se le dé libertad de inmediato al primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón”. El reclamo y la denuncia es de Gloria Calderón, madre del oficial.

El joven militar permanece detenido en la cárcel de Ramo Verde, pese a que debió salir en libertad el pasado 20 de noviembre, luego de cumplir cuatro años, nueve meses y diez días, tal y como lo señala una boleta de notificación emitida por el Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias con sede en Caracas.

Lugo Calderón, junto con otros cuatro oficiales de la Fuerza Aérea y tres civiles, fue detenido en Aragua el 13 de febrero de 2015, luego de que fueron acusados por Diosdado Cabello de formar parte de un complot e intentona golpista para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Fueron llevados a juicio por los tribunales militares de Maracay. Acusados de los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, fueron sentenciados a prisión con penas de cinco a diez años de cárcel. El caso fue conocido como Golpe Azul, y los militares y civiles fueron recluidos en cárceles comunes como La Pica, Santa Ana y también en Ramo Verde.

El 22 de diciembre de 2017 el general de división Henry José Timaure Tapia, presidente de la Corte Marcial, anuló la sentencia del Tribunal Militar Segundo Accidental de Maracay, en el estado Aragua, emitida el 11 de enero de ese mismo año, y dejó en evidencia que el juicio estuvo plagado de vicios, tal y como lo denunciaron en su momento los abogados defensores.

El Foro Penal advirtió que durante las 97 audiencias que se llevaron a cabo se presentaron supuestas pruebas sin cadena de custodia y testigos que se contradijeron, entre otras anomalías.

Pero, lejos de quedar liberados, luego de la anulación de la sentencia, los militares y civiles fueron sometidos a un nuevo juicio. Los acusados, no obstante, se apegaron al procedimiento de admisión de los hechos que establece el Código Orgánico Procesal Penal, con el propósito de obtener el beneficio de la inmediata reducción a un tercio o a la mitad de la pena.

Sin embargo, el 20 de junio de 2018 el tribunal militar a cargo del juez coronel José Olivo Fernández Ruiz, presidente del Circuito Judicial Penal Militar del estado Aragua, decidió condenarlos una vez más y les impuso nuevas penas de prisión, a las que se les debían restar los tres años y cuatro meses que ya llevaban detenidos.

Era el segundo juicio que se celebraba por el llamado Golpe Azul, el duodécimo golpe denunciado por Nicolás Maduro en su contra. Esta vez, los oficiales permanecieron recluidos en la cárcel de Ramo Verde.

No obstante, el 11 de octubre del 2018, el juez militar segundo de ejecución de sentencias de Maracay, capitán de corbeta Pedro Alexander Lunar Rodríguez, otorgó libertad plena por pena cumplida, a cuatro de los cinco militares.

Los primeros tenientes Peter Moreno Guevara, Luis Lugo Calderón, Carlos Esqueda y Ricardo Antich fueron liberados. Pero después de tres horas de la excarcelación una contraorden devino en persecución y acoso policial por parte del Sebin y la Dgcim para dar con el paradero de los cuatro militares.

Los oficiales Carlos Esqueda y Ricardo Antich lograron salir del país antes de ser detenidos nuevamente. No así Peter Moreno Sandoval y Luis Lugo Calderón.

El primero fue recapturado el mismo día de su excarcelación, cuando apenas llegaba a su residencia, donde lo esperaban su esposa y sus hijas. Su madre, Marilú Guevara, denunció el 22 de octubre de este año, desde el exilio obligado, la arbitraria retención de Moreno en la cárcel de Ramo Verde, pese a que ya había cumplido la pena impuesta de cuatro años y siete meses de prisión.

Moreno debió salir en libertad el 20 de octubre de 2019.

Me siento impotente de no saber qué hacer por la libertad de mi hijo. ¿Cómo es posible que la Corte Marcial no nos dé una explicación de por qué mantienen a mi hijo aún detenido, a pesar de que ya cumplió la pena, injusta y arbitraria por demás?”, clamaba a través de un video la madre de Moreno.

Guevara también acusó en su momento al teniente coronel Iván Bustamante, juez del Tribunal Primero de Ejecución, de negarse a entregar en Ramo Verde la boleta de excarcelación del primer teniente Peter Moreno Sandoval.

A Lugo Calderón, por su parte, le correspondía salir en libertad este 20 de noviembre, pero, igual que su compañero, sigue detenido.

“Quiero seguir denunciando el secuestro de mi hijo. Insto al juez de la causa, teniente coronel Iván Bustamante Prieto, y al presidente de la Corte Marcial, general Edgard José Rojas Borges, a que cumplan con su trabajo, que es impartir justicia y hacer cumplir las leyes. Exijo que se le dé libertad de inmediato al primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón”, pidió la madre del oficial.