Los exmagistrados Cecilia Sosa Gómez y Perkins Rocha, integrantes del Bloque Constitucional, preparan un “proyecto de ley de mutación de la Asamblea Nacional” para la consideración del Parlamento, que legitimaría la permanencia en sus cargos de los diputados elegidos en 2015, desde la medianoche del 4 de enero de 2021 hasta que se realicen elecciones legislativas y presidenciales justas, libres y confiables.
Caracas. La exmagistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia Cecilia Sosa Gómez y el exmagistrado de la también desaparecida Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Perkins Rocha trabajan en la redacción de un “proyecto de ley de mutación de la Asamblea Nacional”.
El propósito del instrumento sería darle factibilidad legal, jurídica y también política a la permanencia en sus curules de los diputados a la Asamblea Nacional elegidos en 2015, desde el 4 de enero de 2021 a la medianoche hasta que se realicen unas elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y confiables. La propuesta se fundamentaría en los artículos 333 y 350 de la Constitución y en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, sancionado por el Parlamento a comienzos de 2019.
La idea fue presentada por Sosa Gómez al presidente de la AN y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, el pasado viernes 18 de septiembre. La breve exposición se desarrolló durante una reunión de trabajo virtual entre los abogados que integran el Bloque Constitucional (exmagistrados, exjueces, exfiscales, académicos, decanos y exdecanos y estudiantes de Derecho) y la comisión presidencial de consulta para la construcción del Pacto Unitario, que estuvo representada por Gustavo Tarre Briceño, Emilio Graterón, Gerardo Blyde, Rubén Pérez Silva y Antonio Ecarri, entre otros.
Luego de la exposición, tanto Guaidó como Blyde manifestaron su interés en conocer los detalles del proyecto por escrito y los exmagistrados se comprometieron a avanzar en la redacción del proyecto, que de momento es un papel de trabajo.
Al término de la reunión virtual, en la que participaron más de 70 personas entre diputados, magistrados del TSJ en el exilio, asesores e integrantes de la presidencia encargada, miembros del Bloque Constitucional e invitados especiales, la exmagistrada Sosa Gómez conversó con Crónica.Uno.
¿En qué consiste este proyecto de ley de mutación? ¿Podría considerarse una ley de clonación de la AN?
—El término jurídico que corresponde es mutar. Sería una ley de mutación. Clonar alude a un individuo. Mutar abarca al órgano en su conjunto. La idea es mutar la legitimidad del órgano y mantener en sus cargos como diputados, con todos sus atributos, a todos los que fueron electos en diciembre de 2015. En estas circunstancias, es obligación de los propios diputados legislar para preservar la legitimidad del Parlamento. Este proyecto implicaría la transformación, la mutación del cuerpo legislativo que mantiene su legitimidad y la del presidente encargado.
¿Dónde quedaría el resultado de la votación convocada para el próximo 6-D?
—Es muy importante que todos los partidos y los ciudadanos tengan claro que el 6-D no hay elecciones, sino que se trata de un proceso preestablecido, con unos cargos ya repartidos y sin garantías de la confiabilidad del resultado. La Sala Constitucional generó toda esa dinámica tan “eficiente”, con seis u ocho sentencias en un mes para activar el proceso, porque la finalidad de esa pretendida elección es deslegitimar a la Asamblea Nacional actual. Como el período es de cinco años, y efectivamente terminaría el 5 de enero de 2021, el régimen se ha agarrado de eso para borrar la existencia de la Asamblea Nacional legítima y hacer desaparecer la figura del presidente encargado.
¿En qué consistiría entonces esta propuesta de ley de mutación de la Asamblea Nacional que usted y el exmagistrado Rocha preparan?
—El planteamiento del Bloque Constitucional es que si estamos en la lucha por el restablecimiento de la democracia, si el camino constitucional del artículo 333 es el que permitió la aprobación del Estatuto para la Transición y la designación del presidente encargado, que ha sido reconocido por muchos países que hoy están perfectamente claros de que en Venezuela hay una dictadura, es muy importante entonces focalizarnos en el 5 de enero. Como al régimen le encanta crear dobles instituciones para confundir a todos, la Asamblea Nacional debe prepararse desde ya, en su camino constitucional, para legitimar los cargos de los diputados electos en 2015 hasta que haya elecciones presidenciales y parlamentarias, que es el reclamo de la comunidad internacional.
La Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV ha validado la propuesta de la continuidad del mandato de la Asamblea Nacional luego del 4 de enero. Argumentan que como el 6-D no habrá una elección, no emanará de allí ningún diputado. ¿Por qué usted no respalda ese planteamiento?
—La continuidad del mandato alude al mandato de naturaleza administrativa, pero la continuidad de la función administrativa no es la que le corresponde a una Asamblea Nacional, cuya función es esencialmente legislativa. Por otra parte, creo que debemos apartarnos de la jurisprudencia de un tribunal supremo que en su momento recurrió a la continuidad administrativa y torció las formas para justificar la decisión política de la sucesión presidencial tras la muerte del presidente Hugo Chávez. No rechazo el planteamiento de la Cátedra de Derecho Constitucional, pero, en mi opinión, no tiene la fuerza suficiente para que la Asamblea Nacional sea relegitimada internacionalmente.
¿Pero en qué se diferencia entonces la continuidad del mandato de la propuesta de ley de mutación?
—El Estatuto que rige la Transición es el instrumento que permite la existencia de un presidente encargado, que le ha valido a la Asamblea Nacional el reconocimiento del mundo democrático, que le ha permitido al gobierno interino la preservación de recursos. Lo que planteamos es pensar en una alternativa enmarcada en el Estatuto, pero más fuerte, más solida que la continuidad. El mismo Estatuto autoriza a la AN a legislar sobre su contenido. El 6 de diciembre de 2015 los venezolanos votamos por una Asamblea para que funcionara durante cinco años. Hoy, basados en que la Constitución ha sido adulterada y la Asamblea Nacional ha asumido su obligación de restablecerla bajo el mandato del 333, entonces una ley de mutación mantiene el objetivo de restablecer la vigencia de la Constitución y permitir que esta Asamblea cumpla su mandato de lograr el cese de la usurpación, las elecciones presidenciales y parlamentarias y la transición.
¿Qué características tendría esa Asamblea Nacional mutada?
—Sería un órgano plenipotenciario, excepcional y temporal con las mismas atribuciones de la Asamblea Nacional, que podría preservar su nombre y cuya tarea sería materializar el cese de la usurpación. Entraría en función a las 12:00 de la noche del 4 de enero, habiendo dictado la ley con antelación para permitir reacomodos que podrían darse, y con ella se legitimaría a los 167 diputados electos el 6 de diciembre de 2015. Aún no tenemos claro si esa ley de mutación debería incluir o no el mandato que la misma AN se dio en el acuerdo parlamentario del 19 de mayo pasado, donde llama a la conformación del gobierno de emergencia nacional. Pero en todo caso, el mandato que tendría este órgano sería organizar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Al tener una legitimidad renovada, se centraría en ese objetivo, pero con apoyo de la comunidad internacional, que continuamente está exhortando en esa dirección. Bueno, la AN iría ahora por ese apoyo para concretar esa elección.
¿Ese apoyo de la comunidad internacional podría ser, por ejemplo, orientado a velar por la protección de los diputados que se mantienen en el país?
—Es muy importante tener en cuenta que, al mutar el Parlamento, se mantienen todos los derechos de los diputados, incluso su inmunidad. Ahora bien, estamos en una situación que desde el punto de vista de la seguridad personal es muy riesgoso. El haber dicho que no iban a participar el 6-D tuvo un riesgo. El acecho del régimen dependerá en parte de la fortaleza y la unidad con que se diga: “Nosotros nos mantenemos como AN legítima con tales fines”, del temor del régimen a perder el poder, de la asesoría cubana, del respaldo de la sociedad civil, pero también de la fortaleza con que se presente y se comunique la alternativa. Entonces, el apoyo de la comunidad internacional no estaría pensado únicamente para que los proteja o les dé asilo, sino para que ayude concretamente a organizar la elección con patrones internacionales y presionar para que se realicen.
En la reunión virtual con el presidente Guaidó usted se mostró escéptica sobre la oportunidad y efectividad que pudiera tener la consulta ciudadana planteada en el Pacto Unitario. ¿Cree que la propuesta de ley de mutación debería incluirse en esa consulta?
—No. Pienso que debemos reflexionar mejor sobre la consulta popular porque, primero, no sacar más votos que el 16 de julio de 2017 (7,4 millones de votos) puede ser peligroso para las fuerza del cambio. Segundo, la deuda del 16-J, referida a la tercera pregunta (la instalación de un gobierno de unidad nacional), está pendiente. No importa la pregunta, la situación no va a cambiar, lo que importa es el impacto de lo que va a pasar.
Foto: Captura de pantalla en video del Bloque Constitucional
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