Crónica Uno

Expertos califican detenciones en Apure y Anzoátegui de “una nueva escalada contra la libertad de expresión”

contra la libertad de expresión

Fotos: Cortesía / El Pitazo

El pasado miércoles se reportó que los periodistas del canal NTN24 Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, junto con los activistas de FundaRedes, Diógenes Tirado y Juan Salazar, fueron detenidos por efectivos de la GNB mientras cubrían el desplazamiento de civiles en Apure. Excarcelados la periodista y escritora, Milagros Mata Gil y el escritor y poeta, Juan Manuel Núñez.

Caracas. Casi 24 horas después de la detención de los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, y la de los activistas Diógenes Tirado y Juan Salazar (también periodista) en el estado Apure, todavía no se tiene información con respecto a su paradero, algo que viola sus derechos humanos y que representa una nueva escalada por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa y la libertad de expresión.

La detención de los cuatro ciudadanos se produjo la tarde de este miércoles mientras realizaban labores de seguimiento a los enfrentamientos entre las fuerzas armadas bolivarianas y grupos irregulares en Apure, específicamente en las inmediaciones del pueblo de La Victoria.

Tras su detención, los dos periodistas y los dos activistas fueron incomunicados, lo cual generó una fuerte respuesta por parte de la sociedad civil y grupos defensores de los derechos humanos, que rechazaron no solo la detención, sino el silencio por parte del Gobierno.

Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) el hecho fue ampliamente repudiado y desde las redes sociales y otros escenarios se ha exigido la liberación inmediata de los comunicadores y activistas.

Nuevamente exigimos a las autoridades del gobierno de Maduro la liberación de estos periodistas con quienes se perdió contacto desde ayer a las 5pm en Apure(sic), publicó el CNP en un mensaje en la red social Twitter.

De igual forma, el cuerpo colegiado reiteró que hechos como la detención de ambos periodistas en Apure constituyen una “amenaza para la libertad de expresión”.

Édgar Cárdenas, secretario general del CNP en Caracas y director del Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios a escala nacional, declaró a Crónica.Uno que ya se había logrado obtener la confirmación por parte del gobierno de Nicolás Maduro de que los comunicadores se encontraban detenidos en un fuerte militar en Guasdualito, aunque por los momentos no se tenía detalles sobre cuáles son las acusaciones contra ellos.

Hasta los momentos no han dado ninguna excusa, no hay información oficial, esto es una escalada contra periodistas y medios para silenciar la libertad de expresión, señaló Cárdenas.

Cárdenas señaló que el caso de Apure, junto con la detención del poeta Juan Manuel Muñoz y la novelista Milagros Mata Gil en El Tigre, estado Anzoátegui, reflejan una clara intencionalidad por silenciar la información.

“Sobre todo con el caso de Apure en la que aparentemente se han cometido violaciones de derechos humanos, existe una intención para evitar que la ciudadanía conozca esto. Se buscan elementos para silenciar la libertad de expresión, todavía hay 11 trabajadores con causas abiertas usando la Ley del Odio como excusa”, indicó.

Juan Manuel Muñoz y Milagros Mata Gil fueron detenidos el pasado martes por replicar un artículo de opinión sobre una boda que se realizó en el estado Anzoátegui y a la que, presuntamente, habría asistido el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab.

El texto replicado en un chat se señala que la boda se había convertido en un foco de contagio de COVID-19 por la ausencia de protocolos de seguridad. Posteriormente, Mata indicó que funcionarios de la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) la habrían detenido junto con Muñoz por “incitar al odio” con su publicación.

Este es el texto por el que los escritores de Anzoátegui fueron detenidos:

Fiesta mortal

I

El asunto es que el afán de figuración social de los recién vestidos resulta tan grande como lo es su narcisismo, variante de la estupidez. Entonces, enviaron y recibieron 800 invitaciones. Contrataron 200 personas para el manejo del catering, el bar y el servicio, ujieres, vigilancia, guardaespaldas, acomodadores, decoradores. Y eso sin mencionar el personal externo relacionado con los invitados al pantagruélico evento.

II

Dicen que la planner de bodas, empresaria ultraconocida, tenía síntomas de COVID, pero no estaba dispuesta a perder un contrato de seis cifras altas en dólares.

Era acondicionar el Club Sirio en Lecherías para la fiesta celebratoria de un matrimonio doble. Por ahí circulan las fotos. Novias de impoluto blanco y amplias faldas. Muy clásico todo. Damas enjoyadas a las que casi se les huele el perfume, y, otras, de cerradas túnicas con visos dorados y burkas, a las que casi se les siente el olor.

Y todos sin tapaboca. Y todos abrazados. Nada de aislamiento social. Torres de pasapalos y dulces de la rica y exquisita variedad árabe. Comamos y bebamos, que luego moriremos. Carpe diem y todo el epicureismo de esa raza.

La fiesta fue un éxito. Y más que las novias, las estrellas fueron, dicen, Tarek Saab y su madre Alía.

III

De El Tigre fueron en caravana alegre. Musulmanes y cristianos bien avenidos. Por supuesto, nada de jamón. Nada que oliera siquiera a cerdo. Ante todo, la higiene alimentaria según el Profeta.

Una o dos semanas después, comenzó la epidemia que ha hecho colapsar las clínicas y hospitales tanto de Barcelona y Puerto La Cruz como de las poblaciones circunvecinas. 600 contagiados y sumando. Algunos muertos. Los invitados a la boda y sus familiares y después sus empleados y los familiares de los empleados. La planner, el marido y todo el personal contratado para el servicio y la familia y los amigos. Decían que el propio Fiscal estaba infectado, pero vistas sus pesquisas faranduleras, quizá no.

IV

Hubo un tiempo en que la colonia árabe era modesta. Disfrutaba de sus ganancias, eso sí. Pero sin ostentación. Sus nuevas y desmadradas riquezas, insertados en el turbio y voraginoso cauce de los negocios con este desgobierno, los han hecho resbalar hacia la superficialidad del lujo mostrable y demostrable. Hacia la obscenidad y las secretas búsquedas de placer. No olvidemos el asunto de los suicidios acordados. La decadencia. La decadencia. Y aún falta.

Pero de ésta, pagaron alguna consecuencia.

Sobre este hecho, la Academia Venezolana de la Lengua expresó su preocupación y realizó un llamado para que se respeten los derechos de los escritores tal como están consagrados en la Constitución de la República y en distintas leyes. Esto es algo que otras organizaciones también han pedido, al igual que en el caso de Apure.

Más de 24 horas después de la detención de los escritores, el CNP reportó que los mismos fueron excarcelados, pero con medidas cautelares, lo que validaría la teoría de que lo que se buscó fue suprimir la libertad de expresión de ambos.

La visión de Édgar Cárdenas sobre una «escalada» es compartida por Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas y Derechos Digitales del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), quien comenta que tanto el caso de Apure como el de Anzoátegui “reflejan la agudización de las violaciones a la libertad de expresión en el país”.

Justamente lo ocurrido a los periodistas y activistas de derechos humanos en Apure demuestra cómo en estas situaciones de conflicto las autoridades estatales ejecutan controles más excesivos para impedir que los trabajadores de la prensa realicen la cobertura de estos hechos de interés público, explicó.

Alvarado señala que existe preocupación porque la detención escaló en una “desaparición forzada”, lo cual indica que “los riesgos son mayores” para los periodistas y para los ciudadanos que buscan denunciar algún hecho.

Todo esto también puede verse representado en el caso de Anzoátegui. Entonces estamos frente a un escenario sin garantías, y por eso no podemos dejar de hacer nuestra labor de registrar y llevar estas incidencias a los organismos internacionales de derechos humanos que puedan tomar una acción más contundente para que cesen estas medidas arbitrarias, afirmó.

Por su parte, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, publicó una declaración en video en la que exige la liberación de los comunicadores y los activistas en Apure señalando que la detención de 24 horas y la incomunicación por más de 12 es una “arbitrariedad” que viola el estado de derecho pues “cualquier detenido y más aún un detenido de forma arbitraria tiene derecho a comunicarse con su familia y ser representado por un abogado”.

Además del SNTP, el CNP e IPYS, otras organizaciones se han sumado a la exigencia por la liberación de los detenidos, algunas de estas son Espacio Público, Provea, Redes Ayuda, y la propia FundaRedes.

En el ámbito político, el presidente de la Comisión Delegada de la AN de 2015, Juan Guaidó, colgó un mensaje a través de Twitter en el que aseguró que se trataba de una nueva violación contra los derechos humanos, solamente por “informar la verdad de lo que ocurre en esta zona”.

Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, también denunció lo ocurrido a través de su cuenta en Twitter, ya que el periodista Juan Carlos Salazar es activista de esa organización política en el estado Apure.

La también exdiputada de la Asamblea Nacional alertó a los organismos de protección universal sobre esta situación que se produce en el actual contexto de conflicto que vive La Victoria y toda la parroquia Urdaneta.

Hasta los momentos, no se ha generado una confirmación pública por parte de la administración de Nicolás Maduro que explique el motivo de la detención de los cuatro ciudadanos en Apure.

A las 5:19 p. m. de este 1° de abril el Colegio Nacional de Periodistas informó en su cuenta Twitter que los periodistas habían sido liberados.

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