Los expertos señalaron que el Gobierno ha adoptado en los últimos meses nuevas normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional, que incluye los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria.
Caracas. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas celebran la puesta en libertad de los trabajadores humanitarios y miembros de la ONG Azul Positivo, pero instaron a las autoridades venezolanas a poner fin a los continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas.
El comunicado fue firmado por Clément Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
Además, firmaron integrantes del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas: Elizabeth Broderick (presidenta), Melissa Upreti (vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane.
Los cinco defensores de derechos humanos y miembros de Azul Positivo, detenidos en el estado de Zulia el 12 de enero de 2021, han sido puestos en libertad el 10 de febrero, pero los cargos que se les imputaban, relacionados con el terrorismo, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, no han sido retirados.
“Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la ‘Ley contra el Odio’ de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros”, manifestaron en el comunicado.
Los expertos señalaron que el Gobierno ha adoptado en los últimos meses nuevas normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional, que incluye los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria. Instaron a revisar esta nueva normativa y a priorizar la atención a dicha crisis con un enfoque basado en los derechos humanos.
“Instamos a las autoridades a que retiren los cargos en contra de los cinco defensores de derechos humanos de Azul Positivo”, dijeron los expertos.
Y agregaron: “Pedimos a las autoridades que revisen las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en virtud del derecho internacional de derechos humanos y que respeten y protejan la labor de la sociedad civil, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos”. Los expertos ya se han puesto en contacto con las autoridades venezolanas para tratar estos temas.
Con información del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Foto referencial: Cortesía
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