Al menos 800 empresas cerraron durante el 2020 por el acecho de las megabandas dedicadas a la extorsión. Hasta el 9 de diciembre del año pasado hubo, aproximadamente, 40 ataques con granadas a comercios, clínicas o empresas víctimas de este delito, según Fedecámaras.
Caracas. En 2020 delincuentes llamaron a Javier* en tres ocasiones para extorsionarlo. Sintió que su vida estaba en peligro tras la última amenaza de muerte y decidió cerrar su negocio, que con esfuerzo levantó hace más de 30 años en el estado Zulia.
“Decidí cerrar mi local y esperar que comiencen a salir los vuelos para irme definitivamente del país, aprovechando que aún tengo un poco de recursos y pueda montar algo afuera”, contó el comerciante de la zona sur de Maracaibo, municipio San Francisco.
A Javier le dolió dejar sin un quince y último a sus empleados, pero la vida de él, o de alguno de ellos, estaba en juego. Según datos de Fedecámaras del estado Zulia, al menos 800 empresas -de 40.000- bajaron su santamaría en 2020, por las extorsiones de las megabandas o supuestos funcionarios. Algunos comerciantes suelen retomar sus operaciones tiempo después, pero otros no se atreven.
En el Zulia, al menos seis de cada 10 comerciantes reciben una llamada de extorsión y solo una resulta real, el resto de las comunicaciones son de pequeñas bandas que intentan que algún empresario caiga y les pague a ellos.
Los delincuentes tienen varias maneras de actuar pero destacan dos: primero hacen el atentado y posteriormente se comunican con el comerciante para amenazarlo. La segunda es hacer una llamada para la extorsión y, de no cumplir con el pago, actúan de forma violenta. Las llamadas suelen ser por WhatsApp o de números internacionales de Panamá o Colombia.
De acuerdo con Luis Izquiel, abogado penal y criminólogo, tres megabandas tienen el control de las extorsiones en el estado: los Meleán, Yeico Masacre y los Leal. También las bandas satélites de estos delincuentes, como la del Adriancito y el Cagón, que opera entre Trujillo y Zulia, se dedican a este y otros delitos.
Una investigación de Insigth Crime explica que la megabanda de los Meleán es una de las que más control del crimen organizado tiene desde hace más 40 años. Detrás de esta organización delictiva, prácticamente familiar, estaba Antonio Jesús Meleán, conocido como Antonito o el Viejo, quien era un productor agropecuario intocable por ser cercano a importantes políticos.
Tras el homicidio del líder de los Meleán (2008), a manos de su lugarteniente, José Luis Leal Rangel, surgió la megabanda de los Leal. Ambas son bandas enemigas en la actualidad y se disputan el control de zonas estratégicas de varios municipios en las inmediaciones del lago de Maracaibo.
La tercera megabanda con más control es la de Erick Alberto Parra Mendoza, conocido como Yeico Masacre, quien es aliado de los Leal y domina los municipios Santa Rita y Cabimas, según la investigación de Insigth Crime.
Leal Rangel y Parra Mendoza figuran entre los delincuentes más buscados del estado Zulia, publicados en el portal del Ministerio de Interior Justicia y Paz, al igual que diversos integrantes de estas megabandas. También miembros de la banda del Cagón. La información oficial los vincula, entre otros delitos, a extorsión.
En febrero de 2020 Bruno* pagó 1000 dólares a los delincuentes. Fue la última vez que les dio dinero. Después de eso cerró su negocio en la zona oeste de Maracaibo y abrió siete meses más tarde, pero los extorsionadores regresaron y tomó la decisión de bajar la santamaría definitivamente.
“Regresaron a pedirme 1500 dólares, eso es imposible de pagar y se los dije. Pero con esa gente no se negocia, así que el 15 de diciembre terminé de cerrar. Venderé el mobiliario del local y la poca mercancía que queda de manera virtual, porque aún tengo mis clientes. No voy a esperar que me tiren una granada o tiroteen la casa”.
El acecho de las megabandas ha ocasionado que algunos productores agropecuarios se muden a otros estados, o emigren, y manejen sus negocios a distancia. Según Izquiel, en las zonas rurales los delincuentes actúan distinto, piden ganado o mercancía a cambio de su protección. “Los productores saben que estos delincuentes controlan esas zonas y que deben pagarles por su seguridad”.
40 ataques con granadas a comercios
Los miembros de las megabandas atacan con granadas a los comercios que se nieguen a pagar la “vacuna”. Cifras extraoficiales apuntan que en menos de 10 días de diciembre de 2020 se registraron cuatro ataques en locales, con al menos dos lesionados y daños materiales.
Los atentados también han sido contra clínicas, comercios e instalaciones policiales.
Según Ricardo Acosta Cedeño, presidente de Fedecámaras Zulia, hasta el 9 de diciembre de 2020 habían monitoreado 40 ataques con explosivos.
Acosta explicó que hay dos modalidades de ataques que han detectado: la primera es arrojar granadas, o cajas de resonancia, en comercios y la segunda es disparar en contra de las residencias de los comerciantes o sus locales.
Hay personas que sabemos que han pagado o están pagando fuertes sumas de dólares para evitar estos ataques, pero no quieren hacer denuncias, sino que prefieren seguir pagando”.
Acosta añadió que han conocido casos de ganaderos que pagan mensualmente entre 1000 y 1500 dólares, en zonas como Perijá y los municipios Baralt y Valmore Rodríguez. “Hay sumas más fuertes que van desde 10.000 hasta 50.000 dólares que es un solo pago anual para evitar arremetidas”.
También pequeños comerciantes se han convertido en víctimas de las megabandas de extorsión, un perrocalentero, que está ubicado en el municipio Miranda, debe pagar 10 perros calientes diarios para que los delincuentes no lo ataquen.
FAES y extorsión a ganaderos
En noviembre de 2020, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se refirió a la presunta participación de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en delitos. Recordó el caso del productor agropecuario Américo Ledezma, quien fue obligado a cavar un hueco presuntamente para su ejecución, al sur del lago de Maracaibo.
“Yo no entiendo qué es lo que está pasando con las FAES (…) Empezaron a cavar una fosa con un productor agropecuario ¿cuál era el fin, enterrar ahí al productor agropecuario? Tuvo que intervenir una policía municipal. Se inició una investigación y ahí va a haber presos. En Venezuela eso no puede pasar”, dijo Saab en una entrevista en Venezolana de Televisión.
Posterior a las denuncias del fiscal Saab, se difundió una información extraoficial que indicaba que las FAES regionales pasarían a la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE) y ya no portarían el uniforme del grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En la zona sur del lago de Maracaibo
EVITARON EJECUCIÓN DEL FAES: La Policia Municipal del Sur del Lago de Maracaibo, evitó este domingo la extorsión y posible ejecución del productor agropecuario Américo Ledezma por parte de una comisión del FAES. pic.twitter.com/AsleU3RSrn— Javier Tarazona (@javiertarazona) November 16, 2020
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció una operación de maquillaje de las FAES. Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de la organización, dijo en su Twitter que podría ser para evadir la recomendación de disolver este cuerpo de seguridad por parte de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
El abogado Izquiel explicó que la participación de supuestos funcionarios de seguridad con las megabandas dedicadas a la extorsión podría darse principalmente con la complicidad, al ignorar las denuncias. No obstante, algún policía podría operar por su cuenta.
En septiembre de 2020, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) activó una unidad postexplosiones, para las averiguaciones relacionadas con el delito de extorsión, según una publicación de VTV.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2020 se incrementó la cooperación entre las bandas del crimen organizado, en estados fronterizos como el Zulia, Apure, Táchira y Bolívar, y los funcionarios del Estado.
A raíz de la pandemia por COVID-19, y el confinamiento decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, las bandas dedicadas a cometer delitos menores resultaron afectadas por la mayor cantidad de presencia policial en las calles y la ausencia de personas. Mientras que las bandas del crimen organizado se consolidaron en sus territorios, por acuerdos y alianzas que establecieron con funcionarios del Estado.
Según el OVV, el Zulia ocupa la posición nueve en el ranking de estados más violentos del país, con una tasa de 47,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Estado fronterizo más violento
La investigaciones de la organización FundaRedes revelaron que durante el 2020 Zulia fue el estado fronterizo más violento, al registrar 600 homicidios hasta el 30 de diciembre.
En Bolívar hubo 532 homicidios y fue el segundo estado fronterizo más violento. En tercera posición está Táchira con 249 homicidios.
En una nota de prensa, FundaRedes señaló que solo entre octubre y diciembre se documentaron 133 homicidios en esa entidad. La ONG documenta casos de violencia en otros estados fronterizos como Táchira, Bolívar, Apure, Falcón y Amazonas.
Zulia también es uno de los estados fronterizos con mayor registro de presuntos enfrentamientos armados. De los 551 casos que documentó FundaRedes en los seis estados fronterizos, en Zulia hubo 283. Y los principales cuerpos de seguridad involucrados fueron el Cicpc, Polizulia, las FAES y Sipez. Por su parte, Bolívar registró 160 enfrentamientos, Falcón 57, Táchira 46, Apure 4 y Amazonas 1.
(*) Se modificaron los nombres de las víctimas por medidas de seguridad.
Fotos: Cortesía Versión Final / Redes sociales
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