Los pacientes renales denunciaron que en la cola para combustible en la estación Guaparo se formó una “mafia” que falsifica informes médicos. Los pacientes, para garantizar su tratamiento, deben buscar al personal de salud en sus viviendas. El pasado 11 de mayo Leonel Rivero se convirtió en el primer fallecido en Anzoátegui a causa de la espera del combustible para poder trasladarse hacia el lugar donde se realizaba sus sesiones de diálisis.
Valencia. En medio de la cuarentena por COVID-19, dos pacientes renales en el estado Carabobo perdieron la vida porque no pudieron asistir a la diálisis por no contar con combustible. Uno falleció a consecuencia de un paro cardíaco, y a la otra se le llenaron los pulmones de líquido, lo que devino en una insuficiencia respiratoria.
La información fue suministrada por Mario de Sousa, paciente renal de la Unidad de Diálisis de Naguanagua, quien también precisó que en el estado Carabobo hay 800 pacientes que necesitan diálisis, de los cuales 300 no se benefician de la Ruta del Riñón establecida por el gobernador Rafael Lacava desde abril del año en curso.
Un grupo de pacientes renales acudió este lunes 18 de mayo a la Zodi Carabobo para pedir a las autoridades castrenses que les asignen una estación de servicio y que se acabe con las “mafias” que se generan en las colas para abastecer combustible, por lo que hicieron entrega de una lista que detalla el nombre del paciente, el modelo del vehículo y la placa, de tal manera que no se puedan falsificar los informes médicos.
Mario de Sousa, que es paciente renal desde hace siete años y desde hace cuatro meses se dializa tres días a la semana, señaló que en la estación Guaparo, que está ubicada en la avenida Bolívar norte de Valencia, al principio podía cargar combustible. Atendían a 30 pacientes diarios. De la noche a la mañana, notó que la cola de pacientes renales crecía en cantidad de vehículos. La razón: falsificaban informes y cobraban por guardar puestos en la cola: “Los vecinos de Mañonguito se apoderaron de las colas”.
También reveló que un paciente renal no puede durar más de 24 horas en fila, porque la diálisis se realiza cada día por medio.
De Sousa señaló que las personas que necesitan ser dializadas no están censadas ni organizadas por zona residencial y centro de salud cercano. Citó como ejemplo su caso, reside en el municipio San Diego y realiza su tratamiento en el municipio Naguanagua, por ello, no puede beneficiarse de la Ruta del Riñón. La falta de combustible ha llevado a los pacientes renales a hacer transporte a los trabajadores de la salud.
Otro contratiempo que se les presenta es la ineficiencia de los servicios públicos. Cada vez que necesitan agua potable deben tener dos litros de gasolina para poder hacer el bombeo de agua desde la cisterna hasta los tanques del centro de salud. Las fallas eléctricas no se quedan atrás. De cuatro centros de diálisis, tres cuentan con planta eléctrica, pero los pacientes deben proveer gasoil para que estas arranquen y poder contar con electricidad.
Si los pacientes renales no realizan las diálisis, empiezan a retener líquidos en el cuerpo, lo que puede generar infartos e insuficiencia respiratoria.
El racionamiento es prevención
José Parada, jefe del Estado Mayor del Combustible en Carabobo, informó que continúan con el esquema de surtir gasolina a los sectores salud, alimentos, seguridad y servicios públicos. Manifestó que este racionamiento de carburante es también una medida preventiva de COVID-19. En la entidad carabobeña hasta la fecha no hay casos positivos.
Parada recomendó a los ciudadanos que sigan respetando la cuarentena social, y aseguró que cuando esta sea superada informarán oficialmente que se abrirán las estaciones de servicio. “No vamos a abrir más estaciones hasta que garanticemos que la cuarentena haya sido superada. La recomendación es que vayan a casa, que cuando vayamos a abrir las estaciones estaremos avisando. Esto es una medida preventiva”, dijo.
Sostuvo que el abastecimiento de gasolina se realiza un día si y otro no. La Zodi Carabobo tiene una base de datos con las listas de los sectores priorizados.
Un calvario en Anzoátegui
Si bien para el común de la población abastecerse de combustible en plena pandemia de COVID-19 se ha convertido en una odisea, para los pacientes con enfermedades crónicas en Anzoátegui la situación representa un calvario. El padecimiento de los enfermos y la gravedad del mismo, al parecer, no importan.
Familiares y hasta los propios enfermos cuentan que para correr con la suerte de cargar 20 litros semanales de combustible en la estación de servicio Diorca de Barcelona, única habilitada en la zona norte de la entidad para abastecer al personal de salud y pacientes en medio de la situación de coronavirus, que hasta el momento ha dejado seis casos positivos en el estado, deben llegar cerca de la 1:00 a. m. para poder optar por uno de los 70 cupos diarios que otorgan las autoridades para el llenado de vehículos.
La espera de los pacientes por combustible ha dejado secuelas. El pasado 11 de mayo Leonel Rivero, un paciente renal de 71 años de edad, falleció en el hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Domingo Guzmán Lander de Las Garzas esperando que a sus familiares les surtieran 20 litros del carburante para acudir a su cita de diálisis.
Rivero se unió así a la fatídica estadística en la que también figura la joven monaguense Yaleidys López, quien murió en la ciudad de Maturín al no conseguir combustible a tiempo para su traslado al hospital Central de la capital monaguense, cuando comenzó trabajo de parto en el Consultorio Popular Tipo III de la localidad de Aguasay.
Oneida Guaipe, diputada por Anzoátegui a la Asamblea Nacional, denunció la muerte de Rivero y calificó de irresponsables a las autoridades por someter a los enfermos a semejantes condiciones.
Cada día nos llegan cientos de denuncias del atropello al que son sometidos los enfermos renales, oncológicos y pacientes con patología crítica. Es inaceptable una muerte por falta de gasolina. Ya basta de irresponsabilidad por parte de quienes manejan el combustible en la entidad”, dijo Guaipe.
Pagos y reproches
Rafael Ortega habita en la comunidad de Los Montones de Barcelona. Es hermano de una paciente renal e indicó que para trasladarla hasta su centro de diálisis ha pagado la cantidad de 20 dólares a los llamados “bachaqueros” por 20 litros de gasolina.
El trato que les dan a los enfermos es indolente. Muchos se sienten mal cuando pasan horas esperando a pleno sol y en ocasiones sin comer, pero pedir ayuda o mayor consideración es en vano, porque pareciera que a los funcionarios y efectivos militares no les importa”, afirmó.
El equipo de Crónica.Uno conversó con Ana Fajardo. El drama de Fajardo comenzó un día antes en la ciudad de Puerto Ordaz, desde la cual salió hasta Barcelona con la esperanza de realizarse un tratamiento de radio y quimioterapia para luchar contra el cáncer de cuello uterino que afronta.
La paciente llegó al lugar con dos de sus hijas que la acompañaron en un viaje que, como indicó, “no es lo ideal”; planificaron ida y vuelta porque no cuentan con suficientes recursos para costear una estadía que le permita reponerse de los efectos de los tratamientos.
La molestia de Fajardo era evidente al momento de comentarle al equipo de Crónica.Uno su impotencia al no poder realizarse el tratamiento porque en el hospital Luis Razetti de Barcelona los equipos no están operativos, y además en la estación solo le estaban asegurando 10 litros de combustible para continuar el viaje hasta su residencia.
“Aquí nos pelotean. Dónde está el gobierno. Lo único que me dicen es que no puedo estar después de las 12:00 del mediodía por aquí, porque si no llega el sargento y comienza a despejar a la gente a fuerza de palo. Así textual lo dicen. No tienen ni pudor. Prácticamente la vida de nosotros no vale, nos tratan como un desecho”, denunció Fajardo.
Un familiar de un paciente que prefirió no identificarse afirmó que prácticamente les piden hasta el ADN de los enfermos para poder cargar gasolina: “Y ni eso nos asegura que podamos tener los 20 litros de gasolina, porque al final priva la discreción de los guardias nacionales que, además, son los encargados de abrir la bomba”.
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