Elvira Llovera de Pernalete, madre de Juan Pablo, contó que están identificados 13 guardias y que 11 de ellos fueron llevados a archivo fiscal por no tener suficientes elementos probatorios. Para reabrir la investigación tienen que brindar nuevas pruebas.
Caracas. Se cumplieron seis años desde que Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, fue asesinado durante una manifestación, en el Distribuidor Altamira, el 26 de abril de 2017. Pero hasta este momento, la familia sigue buscando justicia en un país que “la niega todos los días”.
“Ya hace seis años me ha tocado levantarme del dolor y transformarlo en acción para buscar justicia en un país que me la niega todos los días, que juega a cansarme, revictimizar y burlarse de mi dolor”, dijo Elvira Llovera de Pernalete, madre del joven.
Elvira expresó que alcanzar justicia en Venezuela es todo cuesta arriba. Han cambiado 15 veces a los fiscales del caso y denunció que cada uno de ellos la han revictimizado. Recordó que el último fiscal le dijo que su hijo era el causante de su propia muerte y que los guardias nacionales “que lo asesinaron simplemente se estaban defendiendo”.
Familias y allegados de 19 víctimas de presuntas ejecuciones por parte las fuerzas armadas y policiales durante las protestas de 2017, se reunieron este miércoles, 26 de abril, en las afueras del Ministerio Público para exigir celeridad en las investigaciones porque los crímenes se mantienen impunes.
Los presentes manifestaron que su confianza para el acceso a la justicia permanece en instancias internacionales por ser “autónomas e independientes”. Además, solicitaron hacer la entrega de un documento que exponía sus denuncias y que listaba nueve casos de víctimas que por más de seis años no tienen imputados ni acciones legales para determinar la responsabilidad en los asesinatos.
“Instamos al Ministerio público como garante del ordenamiento jurídico y titular de la acción penal, que conforme al Memorándum, de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI), firmado el 03 de noviembre de 2021, por Nicolás Maduro y el fiscal Karim Khan, se actúe con la debida diligencia para los crímenes perpetrados no queden impunes”, se lee en el documento.
Muerte por bomba lacrimógena
El 1° de mayo de 2021 Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, admitió que Juan Pablo Pernalete falleció luego de recibir un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. Igualmente, dijo que el Ministerio Público imputó a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por homicidio preintencional en grado de complicidad correspectiva.
Sobre este aspecto, la madre del joven contó que están identificados 13 guardias y que 11 de ellos fueron llevados a archivo fiscal por no tener suficientes elementos probatorios. Ahora, les piden a las víctimas que para reabrir la investigación tienen que brindar nuevas pruebas.
Elvira indicó que hay dos funcionarios fugados y no se sabe si están en Venezuela. “13 guardias que asesinaron a Juan Pablo están en completa impunidad y le han garantizado su libertad y sus derechos”.
Desde el 1º de abril al 30 de julio de 2017 se registraron una serie de protestas en Venezuela lideradas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Lo que impulsó este movimiento fueron las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimió la inmunidad de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) entre el 1° de abril hasta agosto se registraron 163 muertes durante las protestas. Las entidades con mayor número fueron Distrito Capital, Miranda, Táchira, Lara, Carabobo, Mérida y Aragua.
Elvira dice que su hijo era un soñador que quería una Venezuela diferente; valiente, lleno de ímpetu que quería defender a sus hermanos. Una de sus causas de lucha era su hermana, quien falleció tras una larga batalla contra el cáncer de hígado.
“Estoy muy orgullosa de mi hijo, a pesar de que los fiscales del Ministerio Público han intentado que yo baje la cabeza, no lo van a lograr, porque mi hijo tenía valentía. Mi hijo tenía honor, más honor que el guardia nacional que lo asesinó en complicidad con los componentes que lo protegían y que los están protegiendo ahora”.
Juan Pablo Pernalete estudiaba en la Universidad Metropolitana de Caracas (Unimet), se ganó una beca por excelencia deportiva en esa universidad, era proteccionista de animales, le daba alimento a niños de la calle y enseñaba fútbol en colegios y barrios.
Falta de elementos probatorios
Luis Guillermo Espinoza recibió un impacto de bala en la cabeza, el 5 de junio de 2017, durante una manifestación en Valencia. Su madre, Zulmy Espinoza, informó que existe un acto de imputación de 11 guardias nacionales, pero ya ha pasado un año y medio y todavía siguen sin procesarse.
Espinoza expresó que la bala que impactó en la cabeza de su hijo, elemento probatorio que ayudaría a determinar si la GNB u otro cuerpo policial fue el responsable, desapareció.
“A pesar de todo lo que ha jugado el Estado venezolano, la victimización, el cansancio y la pérdida de elementos probatorios en nuestros casos, no perdemos las esperanzas y no nos van a callar. Piensan que con eso nos van a callar, pero independiente de todo esto nosotros seguimos exigiendo justicia porque con un hijo no se juega”, dijo Zulmy Espinoza.
Una condena “que no corresponde”
Fabián Urbina, de 17 años, fue asesinado en el distribuidor Altamira, el 19 de julio de 2017 por un funcionario de la GNB que le disparó en varias ocasiones. Su padre, Iván Urbina, informó que este hombre fue condenado, tres años después de los hechos, a 12 años de prisión.
Esta condena les pareció injusta y decidieron apelar. El tribunal de apelación le sumó solo tres años de condena al funcionario.
Rechazamos esta condena por considerarla una burla y un falta de respeto hacia la vida d e nuestro hijo. Es una condena que no se corresponde con el tamaño del crimen cometido en la vida de nuestro hijo”, dijo Iván Urbina.
Fabián Urbina era estudiante universitario de segundo semestre de publicidad y mercadeo, en el estado Aragua.
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