Parientes de los padres del menor fallecido contrataron los servicios de un bufete de abogados de la isla y piden no ser deportados y tramitar el asilo como refugiados. Denuncian que si regresan a Venezuela podrían ir presos o ser asesinados.
Caracas. Los familiares del bebé migrante de un año y cuatro meses que murió tras el ataque de los guardacostas trinitenses el sábado 5 de febrero pasado, solicitan al Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago permisos para permanecer en la isla y no ser deportados, según explicó el abogado de la familia, Blaine Sobrien.
El hermano y el primo del bebé, que falleció en brazos de su madre en el mar, contrataron los servicios de los abogados de CJ Williams Law Company para presentar la solicitud en nombre de la familia Santoyo Sarabia, según reseñó la agencia de noticias EFE.
Blaine Sobrien, señaló que sus clientes son “refugiados y hay familiares del bebé en Trinidad y Tobago que no pueden regresar a Venezuela porque algunos de ellos eran miembros de las fuerzas armadas y si regresan pueden enfrentar la cárcel o ser asesinados”.
“El resto de la familia también está en riesgo si regresan, al igual que muchos ciudadanos venezolanos en Trinidad y Tobago que buscan el estatus de refugiado en este país”, agregó Sobrien, según publicaron medios locales.
El objetivo es la reunificación familiar en Trinidad y Tobago, donde ya vivía el padre del menor y otros familiares.
Sobrien adelantó asimismo que sus clientes quieren que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) facilite su estancia en Trinidad y Tobago o su reasentamiento en otro país y que los abogados se comunicarán con todos los organismos pertinentes para lograrlo.
Pendientes de la madre
La madre del bebé también resultó herida cuando los guardacostas abrieron fuego contra el peñero donde viajaban el pasado fin de semana con otros migrantes, un total de 17 adultos y 10 niños, según las últimas cifras confirmadas.
La madre recibió disparos entre la clavícula y el seno y permanece hospitalizada. Se vigila su evolución pues es una testigo importante para determinar cómo ocurrió el incidente, según Orlando Moreno, coordinador del Foro Penal en Delta Amacuro.
Liberan a la hermanita
También trascendió que la tarde del miércoles 9 de febrero, fue liberada la hija de Yermi Santoyo, hermana del menor fallecido durante el incidente con la Guardia Costera trinitense.
La niña Danna Santoyo permanecía retenida en el helipuerto de Chaguaramas, desde el domingo 6 de febrero, junto al grupo de migrantes detenidos ese fin de semana, pero gracias a la presión de organizaciones que trabajan por los derechos humanos, fue entregada a sus familiares, informó Orlando Moreno.
Versiones contrarias
La Guardia Costera trinitense explicó que abrió fuego contra la embarcación en la que viajaban en un intento de detener a los migrantes y en “defensa propia”, alegando que habían intentado “embestirlos”.
Según el comunicado de la Guardia Costera, el TTS Scarborough detectó una embarcación el 5 de febrero que cruzaba aguas desde Venezuela hacia la costa sur de ese país. Se dieron varias voces de alto y advertencias antes de disparar contra la embarcación que llevaba a los venezolanos, que supuestamente intentaba embestir y evadir su captura.
Los abogados Criston Williams y Siddiq Manzano dijeron al diario trinitense Newsday que después de entrevistar a tres de los migrantes que viajaban en el peñero, detectaron varias diferencias entre las versiones de los sobrevivientes del peñero y el informe de la Guardia Costera.
Los migrantes venezolanos negaron haber intentado embestir uno de los botes de la Guardia Costera y explicaron que un motor comenzó a fallar y les impidió intentar escapar. Dijeron además que no escucharon voces de alto o bocinas. Solo vieron las bengalas y luego escucharon los disparos, según reseñó el diario Tal Cual.
El hecho de abrir fuego a un peñero con migrantes venezolanos y después de conocerse la muerte de un bebé en los brazos de su madre, hizo que las saltaran las voces de condena sobre esta actuación de la Guardia Costera de la isla, y muchas organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos, calificaron la actuación de desproporcionada y que ameritaba una investigación inmediata.
En Trinidad y Tobago el líder de la oposición Kamla Persad-Bissessar reprendió a la Guardia Costera y calificó el hecho de asesinato.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, por su parte, respondió que la muerte del bebé fue “un accidente”, y defendió el trabajo de los guardacostas afirmando que “la orden de disparar a lancha donde cayó muerto el menor venezolano fue razonable y profesional”, declaraciones que recogió la agencia EFE
La Policía y la Guardia Costera de Trinidad y Tobago han iniciado dos investigaciones paralelas para aclarar las circunstancias del fallecimiento del menor venezolano.
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