Este 12 de febrero se cumple una década de las protestas antigubernamentales en 2014, que dejaron 3306 manifestantes detenidos y 42 fallecidos, según el Ministerio Público. Rafael Uzcátegui, excoordinador de Provea, asegura que no se han sancionado a los responsables de las muertes.
Caracas. Si Bassil Da Costa estuviera vivo tendría 32 años de edad. Ya sería un diseñador gráfico titulado o hasta un surfista o futbolista profesional.
Su último aliento fue hace 10 años, un miércoles 12 de febrero de 2014, luego de recibir un disparo en la cabeza, durante una manifestación antigubernamental en La Candelaria.
Por su muerte, condenaron a 29 años y 6 meses de prisión a José Ramón Perdomo Camacho, comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). No obstante, la cadena de mando y el resto de los funcionarios involucrados siguen sin ser juzgados.
“10 años más sin él y el país igualito, cayéndose en pedazos, y ellos con las mismas ansias de poder y de no pensar en el que sufre”, expresó Jeneth Frías a Crónica.Uno, madre del joven estudiante.
Jeneth se fue hace cinco años de Venezuela para buscar un mejor futuro, pero con Bassil en su corazón y mente.
Las protestas de 2014 fueron “una ola de indignación” por parte de los venezolanos con el gobierno de turno, a juicio de Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y excoordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Malestar social
Nicolás Maduro fue nombrado presidente luego de ganar las elecciones por un pequeño porcentaje frente a Henrique Capriles Radonski, en 2013.
Desde ese mismo año se agudizó la escasez de alimentos, medicamentos y productos de higiene personal y los servicios públicos comenzaron a ser decadentes.
Luego le siguieron actos criminales como el asesinato de la actriz y ex Miss Venezuela, Mónica Spears y su esposo Henry Berry, en un intento de asalto en la autopista Valencia-Puerto Cabello, la primera semana de enero de 2014.
La inseguridad también afectó a instituciones educativas, por lo que el 11 de febrero estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA) en Táchira, protestaron por un intento de abuso sexual a una estudiante. Cuerpos de seguridad reprimieron a los universitarios y detuvieron a dos de ellos. Tras esto, las protestas se extendieron por varias partes del país hasta que llegaron a Caracas.
De acuerdo con datos recopilados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2014 se registraron 9286 protestas, lo cual significa que hubo 26 protestas diarias.
En las manifestaciones se rechazaba al Gobierno, se exigían derechos laborales, vivienda y servicios básicos, demandas por seguridad ciudadana, por los derechos de los privados de libertad, rechazo a la escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene, y por exigencias educativas.
Según información del Ministerio Público, desde febrero hasta junio se registraron 3306 manifestantes detenidos, 973 heridos y 42 fallecidos, entre los cuales estaba Bassil Alejandro Da Costa Frías de 23 años de edad.
Tales actuaciones demostraron que no había una “política democrática del mantenimiento del orden público”, con la que se generaron graves violaciones de derechos humanos para intentar disuadir las manifestaciones, según el excoordinador general de Provea.
Uzcátegui recordó que en 2014 empezaron a contener las protestas con civiles armados. También ocurrieron ataques a residencias, el uso de perdigones y gases lacrimógenos “para causar el mayor daño posible a los manifestantes”.
La situación se repitió en muchas partes y en simultáneo, por lo que el experto opina que se trataba de un patrón y había una orden para que actuaran de la misma manera.
“Impunidad estructural”
Rafael Uzcátegui expresó que la mayoría de las familias de las víctimas asesinadas en las protestas de 2014 siguen sin obtener justicia, pese a que en algunos casos los parientes tienen identificados a los autores materiales.
No se han tomado las medidas suficientes, no se ha investigado, no se han sancionado a los responsables y ni siquiera en los casos donde las autoridades dicen que las personas fueron asesinadas por los propios manifestantes. Entonces existe un alto grado de impunidad sobre los diferentes casos del año 2014”.
El defensor sostuvo que en Venezuela hay impunidad estructural en el sistema de administración de justicia al no haber respuesta para los familiares de las víctimas.
“Los familiares tienen que enfrentarse a todas las trabas que coloca un sistema de administración de justicia, que en este momento está creado para generar impunidad y no para generar sanciones a los responsables de violaciones de los derechos humanos”, dijo.
Como Jeneth está fuera del país, no tiene información de la persona detenida por el caso de su hijo ni de ninguno de los otros que estuvieron involucrados. Con la condena de Perdomo Camacho dice que el caso ya cerró para ella, no porque se haya olvidado de lo que pasó, sino porque decidió sanar y encontrar en Dios las fuerzas que no tenía.
Después de la muerte de Bassil vivía en un constante dolor por lo que decidió “tener un encuentro con Jesús” para poder seguir adelante.
Justicia inaccesible
Entre los obstáculos que deben atravesar los parientes de los muertos en las protestas de 2014, Uzcátegui mencionó que los procesos en los tribunales se encuentran paralizados, también que los afectados tienen dificultades para acceder a los expedientes y deben enfrentarse a situaciones de negligencia por falta de funcionarios capacitados en materia de violaciones de derechos humanos.
Señaló que son objeto de humillaciones, de maltratos verbales y son revictimizados, porque los funcionarios que los atienden responsabilizan a las víctimas de ser los culpables de su propia muerte. La Defensoría del Pueblo tampoco tiene mecanismos para apoyarlos.
Además, debido a la ausencia de recursos, usualmente las familias no cuentan con la capacidad para tener un abogado particular. En muchos casos no les permiten disponer de la asesoría jurídica de organizaciones de derechos humanos y sus abogados, sino que les asignan un defensor público.
Por otro lado, manifestó que deben enfrentarse a un sistema público de medios que permanentemente los criminaliza a ellos y a sus familiares, que los estigmatiza con diferentes calificaciones como terroristas, violentos, entre otros.
Instancias internacionales
Uzcátegui contó que, tras los acontecimientos de 2014, organizaciones internacionales pusieron la mirada sobre Venezuela respecto a las violaciones de derechos humanos.
Destacó que a partir del trabajo de la Misión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela el Estado realizó algunas gestiones. Varios procesos judiciales que estaban estancados se reanudaron. Sin embargo, la respuesta del Estado venezolano duró poco tiempo.
En 2019, Michelle Bachelet, para ese momento alta comisionada de las Naciones Unidas, visitó Venezuela y expresó que “fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante graves violaciones de derechos humanos”.
Igualmente, en 2021 la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación formal a Venezuela por crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento. Este se basa en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Esa actuación sobre crímenes contra la humanidad en nuestro país lo que hace es confirmar que en Venezuela no existe un sistema administración que les dé atención a las víctimas, que les dé respuesta y justicia. Y por tanto, es necesario la actuación de terceros de este mecanismo creado también con la participación del Estado con el Estatuto de Roma”, expresó Uzcátegui.
Hasta la actualidad la CPI sostiene que en Venezuela “se siguen cometiendo crímenes con impunidad”, como lo expresó Paolima Massida, integrante de la Defensa para Víctimas de la Corte Penal Internacional.
“En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”
Contundente mensaje final de Paolina Massidda, miembro de la Defensa para Víctimas de la Corte Penal Internacional, sobre investigación Venezuela I y crímenes.
QUE LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS SE ESCUCHE #VenezuelaEnLaCPI 🗣️ pic.twitter.com/ED7nJ45jCt
— PROVEA (@_Provea) November 8, 2023
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